• Rosa Bueno: A terminar lo que empezamos

    27 de Junio del 2022
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    Los Empresarios Unidos por el Perú hemos iniciado una serie de reuniones con las instituciones más respetadas y representativas, a fin de alinear agendas e impulsar el desarrollo del país. Esta semana nos reunimos con el contralor Nelson Shack, para tratar varios temas, entre ellos, como impulsar las obras públicas paralizadas. Como hemos señalado en varias oportunidades, necesitamos inversión pública y privada para mejorar los indicadores de crecimiento de la economía, cuya tasa, señalan los economistas, será de cero para este año.

     

    Según los estudios realizados por la Contraloría General de la República, la mayoría de obras públicas paralizadas corresponden a los gobiernos locales (69%), siguen en este nefasto ranking las obras promovidas por el gobierno nacional (17%) y, finalmente, las de los gobiernos regionales (14%).

     

    Si cambiamos el indicador número de obras por valor de las mismas, el ranking cambia y el mayor volumen de dinero paralizado se da en las regiones. En efecto, los gobiernos regionales tienen obras cuyo costo actualizado es de S/ 11.011’918.448, en el caso de las municipalidades el valor es de S/ 7.132’382.605 mientras el pendiente del gobierno central es de S/ 5.284’460.789. Todo ello nos lleva a S/ 23.428’761.842 que tenemos paralizados.

     

    Entre las causas que ha detectado la Contraloría en la paralización de obras, es que se registran varias de ellas como ejecutadas, pero que no cuentan con la continuidad necesaria para culminar las inversiones, es decir, existen proyectos en ejecución que no tienen presupuesto para culminarse por falta de priorización. Llevando al absurdo podemos tener una construcción casi lista de S/ 100 millones, pero que no puede ser entregada porque falta implementar S/ 1 millón.

     

    Otros hallazgos han sido la existencia de inversiones concluidas con un avance físico menor al 100% sin cierre de brecha o mejora de la capacidad, sobredimensionamiento de beneficios o subestimación de costos, incentivos perversos en los cuales los formuladores, evaluadores y aprobadores son los mismos funcionarios, falta de análisis o sustento de alternativas de solución, baja calidad técnica de expedientes técnicos, cronogramas de obra sin sustento, falta de autorización sectoriales, entre otros.

     

    Para detener este espiral de ineficiencia existen alternativas como la conversada en la reunión con el Contralor, promover una moratoria de obras públicas. La moratoria permitirá un tiempo, más que necesario, para evaluar la viabilidad de los proyectos detenidos y determinar cuáles deben seguir para que las autoridades involucradas, terminen lo que empezaron. Así evitamos que se sigan adjudicando más obras que terminarán engrosando las cifras anteriormente referidas.

     

    Si se logra una moratoria ad portas de las elecciones regionales y locales los candidatos deberán cuidar mucho lo que prometen y ser realistas, dado que parte de su tiempo como gobernantes regionales o municipales, deberán invertirlo en destrabar obras que están en el ojo de la Contraloría. Esta propuesta probablemente no sea apoyada por los políticos.

     

    Anunciar obras y poner la primera piedra es más atractivo que trabajar para que se ponga la última. Esto implica desprendimiento de intereses particulares y tener habilidades de gestión y capacidad de administrar controversias, aún más teniendo en cuenta que de las 2.542 obras paralizadas, 1.304 se deben ejecutar de manera directa. Lamentablemente, las señaladas son cualidades que no abundan entre nuestros políticos locales.

     

    El contralor Nelson Shack tiene un gran reto para destrabar las obras paralizadas. Con el fin de lograrlo, está promoviendo dos proyectos de Ley. Uno de ellos garantiza la continuidad de proyectos de inversión, para la provisión de infraestructura u obras paralizadas. El segundo regula el proceso de ejecución de obras por administración directa. Para llevar adelante esta tarea cuenta con el apoyo de los empresarios, quienes respaldamos sus propuestas y seguiremos vigilando la eficacia y eficiencia del gasto público, el cual urge que se dé con eficiencia y sin corrupción.

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