¿Qué hacer en seguridad y lucha contra la corrupción?
La inseguridad ciudadana y la corrupción son dos de los problemas que más preocupan a la sociedad, pues frenan el avance del país en el camino hacia el desarrollo.
Para el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Vicente Romero, una de las primeras acciones del siguiente Gobierno debería ser el incorporar a la seguridad dentro del fortalecimiento de políticas públicas desde el nivel primario de la estructura social del Estado, poniendo como prioridad a las poblaciones menos favorecidas.
“Así como se busca potenciar en salud a los Centros de Salud y a las Postas Médicas, y en educación a la etapa pre-escolar y escolar; en el ámbito de seguridad se debería considerar potenciar a las comisarías (prevención e investigación) como la primera línea de atención ciudadana en prevención y control del delito”, explica.
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Asimismo, señala que es importante potenciar las capacidades institucionales de los gobiernos regionales y locales a nivel provincial y distrital, mediante una agresiva capacitación. Precisa que también se deben mejorar los niveles de articulación entre los diferentes actores de la seguridad ciudadana; revisando previamente los componentes como: la normatividad vigente, instituciones, capital humano, planes y programas.
Además, añade que es primordial fortalecer la formación profesional de la Policía y para ello se debe trabajar en la moral y dignidad del personal, así como en modernizar la institución.
“Es fundamental promover la eficiencia en la aplicación de justicia y del sistema penitenciario, a través de la reducción de las barreras que aún persisten al impartir justicia, apuntando a la judicialización del crimen, desterrar la corrupción e impunidad, y racionalizar el uso de la detención preventiva empleando otros mecanismos alternos a la prisión”, subraya.
Zonas estigmatizadas
Vicente Romero sostiene que se deben dar acciones inmediatas para fortalecer la prevención social en zonas estigmatizadas o de alto riesgo, con foco en la erradicación de la violencia contra las mujeres y jóvenes, contrarrestar los factores de riesgo ante la pérdida del valor social en hogares disfuncionales.
“Se deben dar continuidad a los modelos de prevención situacional y social, es decir, Vecindario Seguro y Barrio Seguro, respectivamente, en territorios focalizados y de alta peligrosidad, con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad ciudadana; prevenir y controlar el delito, violencia y crimen; y lograr una convivencia pacífica”, detalla.
Por último, indica que es urgente combatir sostenidamente el narcotráfico a nivel macro y micro de forma permanente, porque desestabiliza el clima de seguridad.
Política de cero corrupción
Por su parte, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Hernán Lanzara, afirma que lo primero que debe hacer el nuevo Gobierno es adoptar una política de “cero corrupción”.
“Bajo esta premisa hay que revisar la Política Nacional de Integridad y Lucha Anticorrupción, la cual existe, pero necesita ajustes; y tratar de implementar las observaciones de los organismos internacionales. Esto debe iniciar desde el primer día el nuevo gobierno”, detalla.
Afirma que lo segundo es fortalecer los sistemas de auditoría y la capacidad de la investigación y administración de justicia, es decir, Contraloría y otras instancias. Así, de manera técnica, deben cumplir su rol sin trabar e inmovilizar a los funcionarios públicos e instituciones.
Además, aclara que es importante potenciar las secretarías regionales de integridad porque ellas van a hacer el control in situ en las regiones, pues muchos de los problemas que se han detectado, principalmente, se dan en dichas zonas. Por otro lado, indica que se necesita profesionalizar el servicio civil para que no haya más funcionarios parientes o designados por los partidos políticos.
“El ingreso a un cargo público tiene que ser en función de la meritocracia, SERVIR está para eso. Debe contratarse personal ético, idóneo y adecuado para cada posición, no funcionarios corruptos que han sido condenados. Y, por otro lado, encontrar a gente con mayores capacidades”, asegura.
Información pública
Lanzara sostiene, además, que el próximo Gobierno debe fortalecer la transparencia y acceso a la información pública, anota que los ciudadanos, instituciones, gremios y todos en general deben tener este acceso.
En esa misma línea, sugiere que es necesario empoderar a la Comisión de Alto Nivel de Corrupción, de la cual forma parte la CCL, entre otras instituciones privada y públicas.
“Ellos son quienes representan a los ciudadanos, para promover acciones de vigilancia y colaboración. La lucha anticorrupción no es solo tarea del Gobierno, Fiscalía o Contraloría, sino de todos. Las distintas entidades de la sociedad deben tomar un rol más activo”, asevera.