El 2023 fue un año difícil para la economía peruana, con una caída interanual del PBI de 0,55 %. Sectores claves experimentaron contracciones significativas, tales como el Agropecuario (-2,9 %), Pesca (-19,8 %), Manufactura (-6,7 %), Construcción (-7,9 %), Telecomunicaciones y otros servicios de información (-5,8 %), así como Financiero y Seguros (-7,9 %). Estos conjuntos de actividades representan el 34,2 % del PBI (año base 2007). 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estos retrocesos se atribuyen a diversos eventos climáticos y económicos, los cuales habrían restado alrededor de 2,7 puntos porcentuales al crecimiento del PBI. 

Los eventos climáticos se debieron a la sequía en la región andina, que se produjo de agosto a diciembre de 2022, lo que afectó la campaña grande de la sierra en el primer semestre de 2023; y a las anomalías cálidas provocadas por El Niño Costero, que afectaron la actividad agrícola, pesquera y textil, además de la elaboración de harina y aceite de pescado. 

Por su parte, los eventos económicos se dieron por la prolongada poca confianza empresarial que, al igual que en 2022, fue catalogada como pesimista durante 2023. Asimismo, se registró una inesperada menor demanda de productos textiles por parte de Estados Unidos y de productos químicos por parte de países latinoamericanos. La caída de la inversión de los gobiernos locales (-11,5 %) fue otro evento económico negativo relevante. 

Inversión pública

Existe la posibilidad de que estos eventos referidos se repitan en 2024. Por ello, el IEDEP recomienda, en el caso de los del ámbito climático, la oportuna ejecución del marco presupuestal asignado a la emergencia climática por el fenómeno de El Niño, que asciende a S/ 254 millones (casi en su totalidad es gasto corriente orientado a la adquisición de bienes y servicios). Su ejecución corresponde a los ministerios de Defensa (S/ 141 000 000), de Desarrollo Agrario (S/89 000 000) y de Vivienda, Construcción y Saneamiento (S/24 000 000). 

Con relación al gasto de inversión pública se requiere asegurar los S/ 61 301 millones asignados, que representan casi el 6 % del PBI. Para ello se necesita que los gobiernos subnacionales sigan recibiendo capacitación y asistencia técnica en los sistemas administrativos (Invierte.pe, Presupuesto Público, etc.) por parte del Ministerio de Economía y Finanza (MEF) a través del Conectamef. Este servicio trajo buenos resultados en 2023, ya que la inversión de los gobiernos regionales (GORE) aumentó pese a que fue el primer año de gestión de sus nuevas autoridades. 

El IEDEP considera que, para la urgente reactivación económica, el Ejecutivo debería poner especial énfasis en, al menos, los 30 proyectos con mayor presupuesto asignado, tanto de las entidades públicas del Gobierno Nacional como de los gobiernos regionales. Las entidades del Gobierno Nacional (GN) tienen un presupuesto asignado de S/ 4 867 millones, mientras que los GORE disponen de S/ 1 861 millones. Es decir, esta lista de 60 proyectos representa alrededor del 11 % de todo el presupuesto de inversión pública 2024 y el 0.6 % del PBI proyectado para este año. 

El paquete del GN (6 pertenecen al Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad) incluye 10 proyectos del sector transporte, 9 de defensa ribereña, 5 de salud, 3 de Gobierno Digital, 2 de saneamiento y 1 de telecomunicaciones. De todos ellos, los más relevantes, por su presupuesto 2024, son el Aeropuerto de Chinchero (Cusco), la Línea 2 del Metro de Lima, la construcción del Puente Santa Rosa (Lima), la carretera Cusco-Chincheros-Urubamba (Cusco) y la protección de la quebrada El León (La Libertad). 

Por su parte, el paquete de los GORE incluye 17 proyectos del sector transporte, 7 de salud, 3 de irrigación, 2 de saneamiento y 1 de educación. De todos ellos, los más importantes, por su presupuesto 2024, son el túnel Trasandino del proyecto Olmos-Tinajones (Lambayeque), el Hospital de Apoyo Elpidio Berovides Pérez (La Libertad), el segundo tramo de la carretera CU-119 (Cusco), el tramo de 100 kilómetros de la carretera AN-106 (Áncash) y el hospital Felipe Huamán Poma de Ayala (Ayacucho). 

Recuperar confianza

La credibilidad en la política fiscal es un elemento central para generar confianza en los inversionistas. En 2023, se había previsto que el déficit fiscal alcance el 2,4 % del PBI; sin embargo, este alcanzó el 2,8 % del PBI, mellando la reputación de nuestro país en materia de gestión de las finanzas públicas.

En ese sentido, es importante que se asegure el cumplimiento de la meta de déficit fiscal de 2 % del PBI establecida para 2024. Para lograrlo, por un lado, instamos al MEF a mejorar la gestión de Petroperú de tal manera que no demande inyección de capital del tesoro público.  

De igual manera, hacemos un llamado al Congreso de la República a no aprobar por insistencia proyectos de ley que signifiquen gasto público. Y, puntualmente, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, a ser prudente con la gestión de su endeudamiento. 

Inversión privada

La inversión minera anual promedió los US$ 5 068 millones entre 2018 y 2023, por lo cual la reactivación económica requiere incrementar dichos montos. Por un lado, se requiere que continúen su avance proyectos que ya iniciaron construcción como San Gabriel (Moquegua) y la Fase II de la Ampliación de Toromocho (Junín). De igual manera, que se inicie una pronta construcción de la ampliación de Antamina (Áncash), que hace poco recibió la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental. Asimismo, se espera que empiece la construcción de los proyectos Yumpag (Pasco), Romina (Lima) y Corani (Puno).  

El flujo de inversión de este grupo de proyectos aportaría 0,4 % al PBI anualmente durante el periodo 2024-2026. Por ese motivo, se requiere que el Ejecutivo otorgue los permisos correspondientes con tecnicismo, pero sin burocracia. 

La inversión en nuevos proyectos de asociación público-privada (APP) y proyectos en activo (PA) también podría contribuir a la reactivación económica en el último trimestre del año. Recientemente, el Gobierno publicó una lista de 40 proyectos APP valorizados en US$ 8 005 millones. 

De esta lista encargada a Proinversión, 14 proyectos ya se encuentran en fase de transacción, es decir, listos para ser adjudicados. A su vez, 12 de ellos, valorizados en US$ 2 776 millones, tienen como fecha de adjudicación prevista el primer semestre del año. Por ese motivo, es necesario asegurar dichas fechas, de tal manera que parte de los flujos de inversión de ese grupo de proyectos pueda realizarse hacia fines de 2024. 

Los proyectos para impulsar son el tramo IV de la carretera Longitudinal de la Sierra (US$ 914 000 000), el parque industrial de Ancón (US$ 762 000 000), el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica (US$ 340 000 000), un paquete de tres subestaciones eléctricas (US$ 337 000 000), un paquete de cinco proyectos de electricidad (US$ 334 000 000) y la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado (US$ 89 000 000). 

Anuncios ministeriales

En sus primeras declaraciones, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, José Arista, enfatizó sobre la importancia de recuperar tasas de crecimiento económico de entre 4 y 5 %. Para ello, propuso recuperar la confianza de los inversionistas y crear una comisión para la eliminación de barreras burocráticas. Asimismo, se mostró a favor de otras medidas como la simplificación de regímenes tributarios, cambiar la gobernanza de Petroperú, ampliar la base tributaria vía la formalización de empresas y reducir el gasto público ineficiente. 

Los anuncios están en línea de lo sugerido en este artículo, ahora corresponde elaborar un plan de acción que coadyuve a plasmar estas ideas, ya que el aumento del desempleo y el subempleo, así como de la pobreza no esperan. 

En resumen, la reactivación económica en el 2024 requerirá un enfoque integral y coordinado entre el sector público y privado. Es crucial implementar medidas efectivas para estimular la inversión, mejorar la gestión fiscal y promover un entorno propicio para el crecimiento económico sostenible. 

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