Peter Anders: Infraestructura para la competitividad

La economía peruana crecería este año 3,4%, según proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR). Este resultado obedecería a la normalización de los hábitos de gasto, al levantamiento de las restricciones sanitarias y a la entrada en operaciones del proyecto minero Quellaveco, además de una actividad pesquera en condiciones normales.

No obstante, hay un aspecto que nuestro país y específicamente el gobierno debería tener como una prioridad: el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), publicado en julio del 2019, que identifica 52 proyectos a ejecutar, además de consolidar y articular la planificación de las diversas entidades públicas para cerrar parte de la brecha de infraestructura e incrementar la productividad y competitividad del Perú.

Llevar adelante dichos proyectos no solo impactaría en el crecimiento de la economía nacional, sino que contribuiría directamente en el bienestar de la población.

Sin escuelas en óptimas condiciones, el número adecuado de centros de salud, servicios de agua potable y saneamiento en zonas urbanas y rurales, electrificación, internet o sin carreteras ni puentes que interconecten al país, no existirán condiciones mínimas para garantizar el desarrollo al que todos aspiramos.

Solo en el corto plazo (cinco años), se estima que la brecha en infraestructura ascenderá a S/ 117.183 millones, mientras que para el largo plazo (20 años) sumará S/ 363.452 millones.

Haciendo cálculos, se tendría que invertir el 2% del Producto Bruto Interno, cada año, exclusivamente en los sectores transporte, comunicaciones, riego, electricidad, agua, saneamiento, salud y educación.

Queda claro que si algo no falta en el Perú es el diagnóstico detallado de nuestros problemas, limitaciones y proyectos urgentes para impulsar la economía, pero principalmente para cumplir con la enorme responsabilidad que supone garantizar una vida digna para todos.

El gobierno ha asegurado que promoverá un proyecto de ley para establecer medidas que permitan reactivar las obras paralizadas. Con ello, espera reencaminar 1,337 obras públicas, que a su vez representan 8,897 millones de soles.

También ha anunciado que impulsará y continuará con la ejecución de 26 proyectos por un monto de 1,184 millones de soles, que representan la construcción de cuatro establecimientos de salud, la construcción y mejoramiento de 20 centros educativos, el mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, y la construcción del puente Kutuctay para conectar Cusco con Apurímac.

A ello se sumaría la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que a diciembre del 2022 debe culminar la ejecución de 1,585 obras de infraestructura social (establecimientos de salud, centros educativos, saneamiento, pistas y veredas) y productiva (obras de agricultura, carreteras, caminos y puentes).

Más allá de estos anuncios lo que corresponde exigir es que la ejecución de estas obras esté acompañada de una administración pública eficiente, profesional y, sobre todo, honesta, porque involucran el manejo de millonarios recursos del erario público y el trabajo coordinado con el sector privado.

¿Pero a vista de lo ocurrido en los primeros meses del actual gobierno, podemos esperar resultados alentadores?

Siempre según las proyecciones del BCR, la inversión pública y la inversión privada –cuya participación en estos 52 proyectos es fundamental- distan mucho de mostrar señales de crecimiento sostenido. En el 2021 la inversión privada creció 37,6% después de caer 16,5% en el 2020 por efecto de la pandemia, mientras que la pública subió el año pasado 23,7% luego de retroceder 15,5%.

El 2022 no muestra un panorama optimista, pues la inversión privada no crecería nada y la pública apenas lo haría en 4,0%.

¿Las razones?

En el primer caso, las graves consecuencias que tiene en la confianza empresarial un gobierno errático, cuestionado desde sus cimientos, con señales permanentes de incapacidad de gestión, de desconocimiento de las responsabilidades y funciones que implica gobernar y, lastimosamente, percibido como corrupto.

En el caso de la inversión pública, su limitado crecimiento se explica por la ausencia de capacidad administrativa y por el abandono de la meritocracia, la especialización y el profesionalismo de los funcionarios que han sido desplazados para colocar en su lugar a partidarios, amigos, familiares y socios del gobierno que comparten entre sí la falta de preparación necesaria y, en muchos casos, un prontuario antes que una hoja de vida profesional.

Es quizá el momento de que el Ministerio de Economía y Finanzas comience a liderar un espacio que permita a los pocos funcionarios públicos preparados que quedan en el Estado, impulsar la inversión pública, capacitar a los gobiernos subnacionales en la ejecución de las obras, destrabar proyectos y trabajar de la mano con la Contraloría General de la República para que estos procesos se lleven a cabo sin ninguna sombra de duda.

Por parte de la inversión privada, nos queda confiar en nuestras propias fortalezas para seguir defendiendo lo avanzado y vislumbrar un camino que nos permita seguir apostando por nuestro país, por el cual venimos luchando décadas, ya sea desde la micro, pequeña, mediana o gran empresa.