La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el inicio del proceso para adquirir 16 200 cámaras de videovigilancia, que serán instaladas en 8 000 buses y 100 taxis autorizados. El objetivo es claro: reforzar la seguridad de quienes utilizan el transporte público en las calles de Lima y Callao.

Las cámaras estarán equipadas con botones de pánico y serán distribuidas estratégicamente, priorizando las zonas que registran mayores índices de criminalidad.

Según David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, estas cámaras no solo grabarán los recorridos, sino que también actuarán como una herramienta clave para registrar incidentes y aportar pruebas en caso de delitos.

“La videovigilancia ayudará a identificar a los responsables de cualquier hecho delictivo y fortalecerá las acciones de la Policía Nacional”, aseguró.

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Monitoreo en tiempo real

Una vez que las cámaras estén instaladas, la ATU se encargará de monitorear las unidades en tiempo real a través de su Centro de Gestión y Monitoreo. Además, si ocurre alguna emergencia, el sistema de botones de pánico permitirá alertar inmediatamente a las autoridades correspondientes.

Este proyecto busca no solo aumentar la seguridad, sino también disuadir actos delictivos y mejorar la calidad del servicio de transporte para todos los ciudadanos.

¿Cómo va el proceso?

Las bases para el concurso público ya están disponibles en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), gestionado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Muy pronto se conocerá qué empresa se encargará de instalar este sistema de videovigilancia que promete cambiar el transporte público de Lima y Callao.

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La Defensoría del Pueblo comunicó que ha requerido a los organismos electorales información sobre una posible red que estaría involucrada en completar fichas de afiliación a partidos políticos con firmas aparentemente falsificadas, empleando datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

A través de sus redes sociales, la entidad comunicó que ha reiterado su pedido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que dé cuenta de las acciones dirigidas a garantizar el derecho de los ciudadanos a afiliarse voluntariamente a un partido político.

La Defensoría señaló que, mediante un documento enviado al JNE, pidió información sobre las acciones realizadas en conjunto con Reniec tras la detección de estas presuntas firmas falsas, además de detalles sobre la situación de las organizaciones políticas implicadas en esta práctica.

Comunicado de la Defensoría.

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«No obstante, tras divulgación de nuevas evidencias, insistimos en necesidad de informar estas acciones», añadió la institución.

De igual modo, la Defensoría del Pueblo indicó que han pedido al Ministerio Público abordar con celeridad 40 denuncias que habría presentado el JNE por estos casos, según manifestó el director del Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) recuerda que el plazo para que los empleadores de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas realicen el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), correspondiente al periodo noviembre 2024/abril 2025, vence el jueves 15 de mayo.

Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la CCL, explicó que la CTS es un beneficio social otorgado por las empresas con el objetivo de crear un fondo que ayude a los trabajadores a afrontar contingencias futuras tras la finalización del vínculo laboral, permitiéndoles cubrir sus necesidades y las de su familia mientras buscan reincorporarse al mercado laboral.

Este beneficio se calcula en función al tiempo de trabajo del empleado y se deposita dos veces al año, en los meses de mayo y noviembre.

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Asimismo, se precisó que, hasta el momento, no se ha promulgado una norma que permita a los trabajadores disponer libremente del 100% de los fondos acumulados por CTS, dado que la normativa anterior expiró en diciembre de 2024.

¿Quiénes no tienen derecho a recibirla?

De acuerdo con lo señalado, no pueden acceder al beneficio de la CTS:

• Los trabajadores que laboran menos de cuatro horas diarias.

• Aquellos que reciben el 30 % o más de las tarifas que paga el público.

• Los empleados de microempresas contratados después de la inscripción de la empresa en el REMYPE.

• Trabajadores con remuneración anual integral.

• Aquellos bajo el régimen laboral agrario que hayan optado por percibir la CTS junto con su remuneración, según lo establecido en la Ley 30110 y el DS 005-2021-MIDAGRI.

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