Se ha disipado el tema del fenómeno de El Niño y se espera una recuperación de la economía global y local. ¿Qué perspectivas les genera este contexto a los importadores de maquinarias?

Para este año, respecto a 2023, esperamos un rebote en la mayoría de los sectores de la economía, sobre todo un mejor desempeño para la pesca y la agroindustria. Además, las tasas de interés en el mundo y en nuestro país han bajado, lo que reactivará el sector construcción. A ello se suma que los precios de los commodities que Perú exporta están al alza, en especial el cobre y el oro.

Con este panorama deberían mejorar las inversiones de nuestros clientes en cuanto a bienes de capital y herramientas.

 

¿Cuánto podría crecer la demanda de maquinaria pesada y repuestos en el primer semestre del año, ante este contexto alentador?

Esperamos que las importaciones registren un incremento de entre 3 % y 5 % con respecto a similar periodo del año anterior.

Como habíamos comentado anteriormente, sectores como minería, construcción, pesca y agroindustria demandarán más maquinaria pesada; entre ellos volquetes, palas mecánicas y cargadoras, grúas, topadoras frontales, excavadoras, entre otros.

 

En el mediano plazo no habrá grandes proyectos mineros. ¿Ello causa preocupación a su sector?  

Si bien no se ejecutarán grandes obras en el sector minería, para este y los próximos años hay varios proyectos de ampliación y modernización programados, los que serán posibles debido al buen precio de los metales.

Algunos de estos proyectos son la ampliación de la planta Santa María (Minera Poderosa) y San Gabriel (Buenaventura), obras que están en etapa de construcción. También está en etapa de construcción la ampliación de Ilo, de Southern Perú Copper Corporation.

Así también, para el periodo 2023-2026 se estima la ejecución de proyectos por US$ 3 540 millones. Entre ellos, se tiene el inicio de la construcción de los proyectos Toromocho (Fase II), de Chinalco Perú, Yumpag, Romina y Corani; y Zafranal. Además, en este periodo de tiempo, se espera que la planta San Gabriel culmine su construcción y posteriormente inicie operaciones.

 

¿El crecimiento de las importaciones de maquinarias podrían cerrar a dos dígitos para este año?

Nuestras estimaciones solo apuntan a un crecimiento de 5 % respecto al año 2023. Ello debido a que el sector construcción aún no despega y está en vía de recuperación. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), proyecta para este sector una expansión de 2,9 % al cierre de 2024.

De la misma manera, nuestra proyección se explicaría a los buenos pronósticos de crecimiento para la inversión pública y privada para este 2024, de 4 % y 2,4 %, respectivamente.

Nuestro sector se verá directamente beneficiado de esta recuperación, ya que los sectores minería, construcción y pesca, que son con los que más interactuamos, tienen una proyección de crecimiento significativo. Eso nos permitirá tener mayores ventas, pues se reactivarán o ingresarán nuevos proyectos que demandarán las maquinarias o servicios que brindamos.

 

¿Persisten las trabas para las importaciones de maquinarias pesadas?

En general, la situación ha mejorado en los últimos años. Cabe recordar que hubo problemas logísticos a nivel global, con tiempos de entrega muy largos porque la cadena de suministros se vio afectada en la época postcovid en diversos tipos de productos.

No obstante, con respecto a los repuestos de equipos, aún se observa demoras de entrega con proveedores de Estados Unidos. El plazo estándar es de 60 días, pero puede extenderse a 120 dependiendo del tipo de repuesto y su complejidad de elaboración. Para maquinaria pesada la demora es mínima la que responde a mejoras del bien capital.

Con respecto a China, se registran demoras en la entrega de montacargas y sus respectivos repuestos. Si bien se deben entregar en un plazo de 30 días, este se extiende a 60 en fábrica y luego hay que sumar el tiempo de entrega, que son 30 días adicionales. Esto hace que el producto importado llegue al puerto del Callao con un retraso de casi cuatro meses.

Aun así, somos optimistas en que el sector seguirá recuperándose. Lo que hoy nos preocupa es el contexto de inestabilidad política, el aumento de la corrupción y la lentitud en la ejecución de las obras públicas.

 

Por otro lado, como presidente del Gremio de Importadores de Maquinarias, Equipos, Repuestos y Herramientas, ¿qué temas puntuales trabajarán este año?

Desde hace un tiempo estamos en campaña para que el Congreso de la República ponga en debate un proyecto de ley que obligue el registro público de la propiedad de maquinarias móviles. Seguiremos impulsando esta iniciativa.

También estamos proponiendo una normativa para que las empresas integrantes de consorcios encargadas de ejecutar obras públicas sean solidariamente responsables ante cualquier deuda que tengan a sus proveedores y subcontratistas.

Por último, estamos propiciando un acercamiento con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) con el fin de que faciliten el acceso a nuestros agremiados, proveedores de suministros mineros y petroleros a los centros mineros y operaciones petroleras para poderles brindar un mejor soporte técnico en campo. Actualmente, los requerimientos varían de operación en operación y valdría la pena uniformizar estas exigencias a nivel nacional, como se hace en otros países.

 

 

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En marzo del presente año, la Contraloría General de la República presentó ante el Poder Legislativo, el proyecto de ley N.° 7316/2023-CG, cuyo propósito es que la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control supervise y sancione a las empresas privadas que contratan con el Estado.

Según expertos consultados por “La Cámara”, esta iniciativa legislativa, denominada “Ley que fortalece el control gubernamental sobre los contratistas, subcontratistas, proyectistas y supervisores en la ejecución de obras públicas”, busca equiparar las actividades de contratistas y profesionales privados al desempeño de una función pública, con lo cual podría afectar la libertad de trabajo, empresa, así como desalentar la participación privada en obras de infraestructura pública.

Al respecto, el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), exhortó al Congreso de la República a rechazar este proyecto de ley propuesto por el contralor general Nelson Shack, a través de un pronunciamiento.

Sin perjuicio a las acciones de lucha contra la corrupción y búsqueda de la integridad en el país, el referido gremio empresarial considera que dicha iniciativa, al incluir a las entidades privadas que trabajan con el Estado dentro del ámbito de supervisión de la Contraloría, podría interpretarse como un intento de eliminar la competencia privada y reemplazar a la autoridad del Poder Judicial.

“Este proyecto legislativo permite a la Contraloría actuar como juez y parte en situaciones como prestaciones adicionales o ampliaciones de plazo en contratos estatales, imponiendo sanciones severas de manera unilateral”, indica el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, Raúl Barrios Fernández-Concha.

Desaliento a la inversión privada

Asimismo, Barrios Fernández-Concha sostiene que esta propuesta es un exceso, ya que plantea que cualquier participación en contrataciones estatales podría llevar a que personas y empresas sean tratadas como funcionarios públicos.

“Ni la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ni la legislación peruana sugieren que contratistas privados sean considerados como funcionarios públicos ni que estén sujetos a la supervisión de la Contraloría”, añade el representante del gremio empresarial.

En caso de que este proyecto de ley se apruebe, se señala que podría desalentar la participación de contratistas serios y honestos, tanto locales como internacionales, en la ejecución de obras públicas. Además, se refiere que podría exacerbar la paralización de obras estatales debido al temor de persecución que ya afecta a funcionarios comprometidos con el desarrollo nacional.

Paralización de obras públicas

En tanto, el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Zapata, indica que este proyecto de ley implica un atentado contra la libertad contractual al pretender desnaturalizar los contratos derivados de los procesos de selección efectuados para la ejecución de obras públicas. También, precisa que es absurdo que la Contraloría someta a supervisión a las empresas privadas, ya que podrían sancionarlas e inhabilitarlas arbitrariamente.

“Esta iniciativa legislativa no tiene ningún sentido y lo que causaría es la paralización de obras públicas, ya que ese temor que tiene el funcionario público hoy en día para firmar o agilizar un proyecto de infraestructura, se le trasladaría al empleado privado; es decir, a los ingenieros, los residentes, los técnicos, los administradores que llevan adelante estos proyectos de construcción”, refiere el representante de Capeco.

Además, Zapata argumenta que en la actualidad en todo el país hay S/ 27 000 millones en obras públicas paralizadas, lo cual podría incrementarse si las entidades privadas son incluidas en la supervisión de la Contraloría cuando contratan con el Estado.

“Los empresarios tienen claro que el máximo órgano de control es una traba para el desarrollo de la obra pública. Ahora, tratar al trabajador privado como un funcionario público sería nefasto y desastroso para el país”, añade.

Impacto a la actividad económica

En cuanto a la actividad económica, el presidente de Capeco comenta que si se aplica esta iniciativa legislativa podría afectar de forma dramática a la actividad productiva del país, y en particular, al sector Construcción que hoy se encuentra en proceso de recuperación, debido a la fuerte caída de 8,7 % que registró el año pasado.

“Esperamos que este proyecto de ley sea archivado, ya que muchas empresas, al ver esta situación, se van a inhibir de participar en la ejecución de obras públicas. Y, si las empresas privadas se someten a la jurisdicción de la Contraloría, tampoco se llegaría a cerrar las brechas en infraestructura. En ese sentido, este órgano de control debería modernizarse y proponer medidas de supervisión más efectivas para perseguir la corrupción”, comenta Zapata.

En la misma línea, la presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), Leonie Roca, refiere que de prosperar esta ley generará sobrecostos sobre todo porque el riesgo de actuaciones inadecuadas de control gubernamental será muy alto, lo que podría reducir número de postores para la ejecución de obras públicas.

Proyecto de ley aleja al empresariado del cierre de brechas

Por su parte, Karla Gaviño, catedrática de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), sostiene que esta propuesta de ley tendría un resultado pernicioso, debido a que habría menos postores privados que participen en los procesos de selección para la ejecución de obras públicas, ya que el Sistema Nacional de Control le empezaría aplicar normas que tendrían un efecto fuertemente disuasivo.

“Si yo soy un empresario privado y tengo la opción de proveerle bienes o servicios a una entidad pública; y de pronto veo que me van a aplicar una regulación que de alguna manera podría generar demoras o dificultades con el propio Estado, pues podría optar por no participar de dicho proceso. Entonces, nos vamos a quedar sin competencia privada o se va a reducir el número de postores interesados en la ejecución de una obra estatal”, explica la especialista en gestión pública.

La experta considera, además, que la Contraloría no tendría la capacidad de funcionarios para empezar a hacer acciones de control a las empresas privadas, tal como se pretendería en el marco del proyecto de ley.

“Entiendo la finalidad y la preocupación que motiva a la Contraloría a presentar este proyecto de ley, pues lo que busca es sancionar a los postores que incumplen contratos o que presentan documentación inexacta o falsa, pero esa preocupación tiene que abordarse desde el ángulo de las normas que corresponden y no deben ser confusas”, agrega.

Gaviño advierte que las consecuencias de prosperar esta ley serían mayores sobrecostos, demoras y paralizaciones en la ejecución de obras estatales.

“Esto sería casi inmanejable, y se sumaría al alto grado de politización y alto nivel de corrupción que hay en el Estado. Creo que de repente no se ha medido este impacto en el proyecto de ley”, acota.

En cuanto al cierre de brechas en infraestructura, la docente de la Universidad del Pacífico manifiesta que será más complicado, y los ciudadanos tendrán más ausencia de en materia de prestación de servicios de calidad y de infraestructura.

“Este tipo de iniciativas terminan dificultando a que el sector privado participe y ayude en ese cierre de brechas para lograr una mejor calidad de vida”, puntualiza.

En resumen, el proyecto de ley planteado por la Contraloría genera preocupación debido a su posible impacto negativo en la participación del sector privado en la ejecución de obras públicas y el cierre de brechas en infraestructura. Los gremios empresariales y especialistas instan al Congreso a rechazar esta iniciativa.

 

 

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El 5 de julio de 2023 fue promulgada la Ley N.° 31814, titulada “Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial (IA) en favor del desarrollo económico y social del país”. Esta ley tiene como objetivo primordial impulsar el desarrollo económico y social a través del fomento de la inteligencia artificial en el contexto de la transformación digital nacional, garantizando el respeto a los derechos humanos y promoviendo un entorno seguro y ético para su implementación.

Entre los principales principios rectores establecidos por esta ley para el desarrollo y uso de la IA se incluyen:

– Estándares de seguridad basados en riesgos: fomento de un enfoque de gestión de la IA basado en la evaluación y mitigación de riesgos.

– Pluralidad de participantes en la formulación de políticas de IA.

– Gobernanza de internet y sociedad digital: promoción de principios que regulan el uso de internet y valorización del acceso a tecnologías digitales.

– Desarrollo ético: énfasis en la ética como base para el uso responsable de la IA.

– Privacidad: protección de la privacidad de las personas ante las tecnologías de IA.

Asimismo, se designó a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital como la autoridad nacional responsable de dirigir y supervisar la implementación de la IA. Es dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros y sus funciones incluyen la promoción del desarrollo de IA, la formación de profesionales en el campo y la creación de infraestructura digital necesaria.

Se dispuso además que el Poder Ejecutivo debía aprobar el reglamento de la ley en el plazo de 90 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor. No obstante, dicho plazo venció el 15 de noviembre pasado sin que ello suceda. Ante ello, mediante la Resolución Ministerial N.° 132-2024-PCM, publicada el 2 de mayo último, se publicó el proyecto de Reglamento de la Ley N.° 31814, cuyo contenido resumimos a continuación:

1. Objetivo del reglamento:

Establecer las bases para un desarrollo ético y seguro de la IA, respetando los derechos humanos y fomentando el desarrollo económico y social. También busca fortalecer la gobernanza de la IA en el país, promoviendo su uso en el marco del Sistema Nacional de Transformación Digital.

2. Ámbito de aplicación:

Se aplica a todas las entidades gubernamentales y empresas del Estado, así como a la sociedad civil, la academia y el sector privado.

3. Definiciones:

Clarifica términos relevantes como «algoritmo», «ciclo de vida de los sistemas basados en IA», “datos de entrada”, “datos de entrenamiento”, “modelo fundacional”, “inteligencia artificial”, “sesgo de automatización”, “sistema basado en inteligencia artificial”, “uso indebido razonablemente previsible”, entre otros, para unificar criterios en el uso y desarrollo de la IA.

4. Autoridad nacional:

La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital, es la autoridad técnico-normativa a nivel nacional encargada de dirigir, evaluar y supervisar el uso y la promoción del desarrollo de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes.

5. Acciones y obligaciones de la autoridad nacional:

Incluye la promoción de la IA, evaluación de la adopción de sistemas basados en IA, realizar propuestas normativas y lineamientos, brindar asistencia técnica a las entidades de la administración pública para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, entre otras.

6. Gobernanza ampliada:

Se involucra en la gobernanza para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, otros actores como la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y las entidades de la administración pública para una gestión integral.

7. Obligaciones de las entidades públicas

• Organización de equipos técnicos multidisciplinarios: las entidades públicas deben formar equipos técnicos para evaluar problemas públicos que puedan beneficiarse de soluciones tecnológicas basadas en IA.
• Generación de datos y casos de uso: deben generar, recolectar y consolidar datos para desarrollar casos de uso de IA que resuelvan problemas públicos.
• Intercambio de información y capacitación: las entidades deben intercambiar información relevante y fortalecer las capacidades del personal en áreas claves como matemáticas, estadística y programación.

8. Instrumentos para el uso y desarrollo de la IA

Se señalan como instrumentos para el uso y desarrollo de la IA:

a. El Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial.

b. El Centro Nacional de Computación de Alto Rendimiento.

c. El Centro Nacional de Datos.

d. Infraestructura Digital para el uso y desarrollo de Inteligencia Artificial.

e. Los lineamientos, protocolos y estándares técnicos para el uso y desarrollo de inteligencia artificial.

f. Otros que establezca la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital

9. Centro Nacional de Datos

Promueve el desarrollo de estándares y buenas prácticas para la obtención, limpieza, procesamiento y análisis de datos para su uso en sistemas basados en inteligencia artificial, desarrollo de estándares y prácticas para la gestión de datos para su uso en sistemas basados en IA.

10. Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial

Impulsa las acciones para la promoción, despliegue y uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

11. Centro Nacional de Computación de Alto Rendimiento

Proporciona infraestructura digital y servicios de computación de alto rendimiento a entidades públicas, facilitando la experimentación y prueba de proyectos de IA.

12. Categorías de riesgos en los sistemas basados en IA:

Se establece categorías de riesgo para sistemas de IA, como inaceptable, alto, medio y bajo.

13. Sistemas IA de alto riesgo:

Un sistema se considera de alto riesgo cuando utiliza identificación biométrica y categorización de personas naturales; soporte de seguridad de la infraestructura de un activo crítico nacional para la prestación de servicios esenciales; acceso a un centro de educación y formación profesional o para la evaluación de los estudiantes de dichos centros; selección, evaluación, contratación y terminación de trabajadores o postulantes a un puesto de trabajo; acceso, evaluación, orden de priorización y/o terminación de la prestación de programas sociales y/o servicios de emergencia.

Asimismo evaluación crediticia de personas; apoyo en la toma de decisiones, interpretación normativa o de los hechos por una autoridad jurisdiccional; acceso a servicios de salud, evaluación, diagnóstico, manejo o pronóstico del estado de salud de individuos que pueda tener un impacto significativo en su bienestar físico o mental; evaluación de riesgo de delitos o infracciones penales o reincidencia de personas naturales y de riesgo de victimización, evaluación del estado emocional de una persona natural, entre otros.

El implementador de los sistemas basados en IA estaría obligado a identificar y evaluar los riesgos generados por su finalidad prevista y ante el uso indebido razonablemente previsible e implementar medidas de gestión de riesgo idóneas, las cuales han sido evaluadas por un tercero independiente con el fin de verificar su funcionamiento adecuado y el reporte de los riesgos residuales, entre otras obligaciones. El implementador puede demostrar el cumplimiento de las obligaciones, si adquirió de un proveedor, distribuidor o importador un sistema basado en IA que cuente con certificaciones ampliamente reconocidas y basadas en estándares internacionales.

14. Prohibición de sistemas IA de riesgo inaceptable: se prohíbe el uso de la IA considerada de riesgo inaceptable, siendo aquellas que puedan manipular comportamientos o violar la privacidad de manera significativa, entre otros usos.

15. Privacidad y transparencia: se obliga a los implementadores a asegurar la protección de datos y proporcionar transparencia sobre el funcionamiento de los sistemas de IA.

16. Uso ético y educación: promueve la formación en ética de la IA y establece lineamientos éticos para su aplicación.

17. Fomento de la computación en la nube y el uso de datos: facilita recursos de computación en la nube para desarrollo de la IA y dicta el uso y publicación de datos por entidades públicas.

18. Desarrollo del talento y competencias: establece iniciativas para mejorar las habilidades en IA y ciencia de datos, y promueve la atracción de talento nacional e internacional.

Los interesados pueden revisar el texto completo del proyecto en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6273073/5516872-proyecto-reglamento-ley-31814.pdf?v=1714659628

 

 

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