Para entender el concepto de marcas, es necesario revisar la Decisión 486 referida al Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. Según el artículo 224 de la referida Decisión, un signo distintivo notoriamente conocido (marca) es aquel reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, sin importar cómo o por qué medio se haya alcanzado dicho reconocimiento.

En términos prácticos, una marca notoria es aquella ampliamente reconocida por los consumidores del sector de productos o servicios al que se dirige. Estas marcas reciben una protección especial debido al alto nivel de conocimiento que los consumidores tienen sobre su existencia.

Para ilustrarlo mejor, pensemos en marcas como las bebidas gasificadas o gaseosas de su preferencia, que se encuentren globalmente disponibles, o en las marcas líderes en ropa y calzado deportivo, así como en aquellas figuras representativas del deporte de talla mundial. Asimismo, si suele hacer actividades outdoor, en su equipo “siempre listo” no puede faltar una navaja suiza. En todos estos, es fácil para los consumidores identificar rápidamente la marca “notoriamente conocida” de su preferencia.

En el ámbito de la propiedad industrial, la declaración de notoriedad es efectuada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Hasta hace algún tiempo, existía incertidumbre sobre la duración de esta condición debido a la naturaleza cambiante del mercado.

No obstante, la Resolución N.° 330-2024/TPI, establecida como precedente de observancia obligatoria por la Sala de Propiedad Intelectual de Indecopi, clarifica que el periodo máximo entre la fecha en que la autoridad reconoce la notoriedad de un signo distintivo y la fecha en la que el titular puede invocar los derechos que emanan de la declaración de notoriedad es de cinco años. Pasado ese plazo, el titular de la marca debe presentar pruebas que demuestren que la marca sigue manteniendo su condición de notoriedad.

Esta resolución es crucial para los sectores especializados, quienes deben revisar periódicamente si las condiciones del mercado, la preferencia del consumidor y la competencia permiten mantener la notoriedad de las marcas que cuenten con esta declaración.

LEER MÁS

Bonos emitidos por el Estado peruano que no podrán ser cobrados

PRONUNCIAMIENTO

Decisiones del Congreso de la República ponen en mayor riesgo la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado

1. Los gremios empresariales y sindicatos de trabajadores del país rechazamos el proyecto de ley, aprobado en primera votación por el Congreso de la República, que propone modificaciones en los artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado, debido a que se pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana en el país.

2. Es grave que se señale como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto, que tienen en zozobra a la población.

3. Cuestionamos la modificación que considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción.

4. Asimismo, estamos en total desacuerdo con que los allanamientos deban darse con la presencia del investigado y su abogado, lo que implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones e incluso facilitaría el eventual ocultamiento de pruebas de los casos.

5. Llamamos al Congreso de la República a que considere estas observaciones en la segunda votación del referido proyecto. Igualmente, esperamos que el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial sienten su posición frente a las citadas modificaciones que, de prosperar, harán que los peruanos estemos más expuestos ante extorsionadores, asaltantes y secuestradores. No podemos retroceder en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima informó que en el país existen aproximadamente 5,5 millones de negocios informales, también denominados unidades productivas (UP) informales. No obstante, el 42 % de ese total considera que no es necesario la formalización.

Para el IEDEP de la CCL un negocio informal es cuando no está registrado en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

“Su condición de informalidad les permite evadir impuestos y regulaciones, pero también las hace más vulnerables a shocks y no tienen acceso a protecciones legales y sociales”, sostuvo Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL.

Conforme al análisis del IEDEP, a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2023 del INEI, el número de negocios informales en el país evidencia una leve caída de 0,3 % con respecto al 2022.

“El resultado significa un estancamiento en su evolución, el cual se explicaría por la contracción del PBI en 2023. Empero, si se compara con el año prepandemia se aprecia una variación positiva de 10 %”, precisó Óscar Chávez.

Según la encuesta, un 27 % sustentó que su negocio es pequeño o produce muy poco, mientras el 7 % indicó que es una actividad eventual. Son algunas de las razones por las cuales mantienen su informalidad. Cabe señalar que el 81 % de estos negocios no llevan las cuentas de sus actividades o, de lo contrario, lo hacen solo como apuntes (19 %).

Además del total de las UP en el país, el 36,3 % tiene entre uno y cinco años de actividad, mientras que el 21,7 % tiene menos de un año operando. En tanto, el 42 % ya vienen operando más de cinco años.

¿POR QUÉ DECIDEN EMPRENDER COMO INFORMAL?

El 57,6 % afirmó que fue por necesidad económica, el 15,8 % porque quería percibir mayores ingresos, el 15,3 % quiso ser independiente y el 11 % restante tuvieron otras razones de iniciar este emprendimiento.

Para Óscar Chávez este escenario muestra que gran parte de estos negocios informales son incipientes y que han surgido debido a la necesidad económica dado el contexto de la pandemia y el poco crecimiento económico del país del último quinquenio.

Con relación a la forma como operan, se destaca que el 37 % de los negocios informales se encuentra dentro de alguna vivienda, el 22 % lo hace en un vehículo y el 16 % son ambulantes. Estas cifras van de la mano con el tipo de propiedad en la que se desenvuelven estas unidades productivas, pues el 62 % son propietarios de los espacios que usa, el 18 % alquila y el 15 % señala haberse prestado esos espacios de trabajo.

“Ello evidencia que estos negocios no tienen un alto costo operativo, pues lo hacen dentro de un espacio (mueble o inmueble) que, por lo general, es de su propiedad”, señaló el especialista.

EL PERFIL DEL CONDUCTOR

Según el IEDEP, del total de los negocios informales, el 52 % son conducidas por mujeres, mientras que el 48 % por varones. A su vez, los conductores de este tipo de negocios son mayoritariamente adultos (66 %), es decir, tienen entre 30 y 60 años de edad; y un 18 % es población joven, cuyas edades están por debajo de los 30 años; mientras que el 16 % son adultos mayores.

“Los resultados indican que estos negocios están destinados en gran parte a satisfacer necesidades de la población mayor con un hogar a cargo, mientras que otra parte pueden ser emprendimientos de jóvenes que están en la edad de tomar riesgos o, en otro caso, adultos mayores que posiblemente su negocio sea el único sustento con que cuentan para vivir”, comentó.

¿COMO ESTÁN DISTRIBUIDOS?

Cabe resaltar que los negocios informales se encuentran en pocos departamentos, siendo Lima uno de los principales al concentrar el 33 % del total. Le siguen de lejos Piura (8 %), La Libertad (6,5 %), Lambayeque (5 %), Loreto (4,7 %) y Arequipa (4,3 %).

No obstante, Óscar Chávez sostuvo que, si compara con el número de UP informales y formales, la proporción es de 9 a 1 en Apurímac, Loreto, Ucayali, Tumbes, Puno, Piura y Huánuco, es decir, casi la totalidad de negocios en estos departamentos están fuera del radar de regulaciones y tributos.

Respecto a los sectores, se concentran mayormente en Comercio (33 %), Transporte y Almacenamiento (23,1 %), Alojamiento y Restaurantes (12,3 %) y Manufactura (10,3 %). Entre estas actividades se encuentra casi el 80 % del total de negocios en condición de informalidad.

Para el gremio empresarial, los resultados revelan que la economía informal en Perú es un fenómeno complejo que requiere abordarse de manera integral para promover un desarrollo económico sostenible y equitativo.

“La formalización de estos negocios informales no solo beneficiaría a los propietarios y trabajadores, sino que también contribuiría al crecimiento y la estabilidad económica del país”, anotó.