Fabián Espejo, coordinador de acción colectiva anticorrupción de United Nations Global Compact, participó en el IV Foro Anual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), donde habló sobre la importancia de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.

Para Espejo, los ciudadanos desempeñan un rol crucial cuando la corrupción pasa por alto los mecanismos democráticos, especialmente cuando el corrupto busca excluir a la ciudadanía de las decisiones públicas. En ese sentido, consideró que el Estado, en ocasiones, no brinda a los ciudadanos el mismo acceso al espacio y la información necesarios para combatir este tipo de delitos. Sin embargo, está claro que la participación ciudadana contribuye a fortalecer las instituciones y mejora la actitud de los servidores públicos.

¿Cómo puede la ciudadanía combatir la corrupción?

El rol de la ciudadanía es fundamental en la lucha contra la corrupción, hoy considerada multidimensional y que requiere un esfuerzo conjunto entre el gobierno y el sector privado. Espejo sostiene que todos estos actores deben proponer soluciones de amplio alcance, basadas en testimonios y experiencias.

La participación ciudadana puede ejercer una presión positiva que ayude a reducir los actos delictivos, considerando que el corrupto busca apropiarse de las instituciones para beneficiar a sectores privados involucrados en dichos delitos.

Por último, el experto en implementación de programas y políticas anticorrupción mencionó que debe impulsarse una acción colectiva anticorrupción que contemple tres puntos clave: reunir a diferentes actores y grupos de interés para abordar problemas comunes; elevar los estándares en la identificación de enfoques transversales que enfrenten la corrupción y otros asuntos relacionados con el desarrollo y la justicia social; así como promover la colaboración y cooperación entre los sectores público y privado, la sociedad civil y organizaciones internacionales.

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Eliana Revollar Añaños, exdefensora del pueblo, analizó la problemática de institucionalidad en el Perú durante su participación en el marco del IV Foro Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La exfuncionaria, quien ejerció el cargo entre 2022 y 2023, recordó que la corrupción ha estado presente a lo largo de la historia republicana del país, caracterizada por gobiernos democráticos con esta forma de conducción. Para Revollar, un momento clave fue la década de los noventa, cuando, tras una movilización social, la ciudadanía dio a la clase política la oportunidad de implementar grandes reformas institucionales que el Perú necesitaba.

Fue en esa época cuando surgió una figura importante: Alejandro Toledo, actualmente condenado a 20 años y 6 meses de cárcel por el caso Interoceánica, tramos 2 y 3. La exdefensora del pueblo recordó que el expresidente había sido llamado a establecer las bases de una nueva institucionalidad al crear un acuerdo nacional con 35 políticas de estado. Sin embargo, debido a su condena por actos de corrupción, se desvaneció la esperanza de una sociedad que confió en él. “La clase política está marcada por actos de corrupción”, añadió.

Actualmente, el Perú enfrenta nuevos casos de corrupción. Ante esta situación, Revollar considera que esto es consecuencia del escaso trabajo realizado por la clase política al no contar con instituciones fuertes e inclusivas que ejerzan el poder en favor de las grandes mayorías y respeten los derechos humanos.

Democracia:“La separación de poderes y el sistema de controles están siendo trastocados”

La exdefensora explicó que el país enfrenta hoy los mismos problemas de hace 24 años, cuando se recuperó la democracia, debido a que la clase política no cumplió con su mandato de dar estabilidad al Perú. “Abandonaron ese encargo; no podemos analizar la crisis actual sin una memoria histórica de lo que ha ocurrido en el país”, aseveró Revollar.

Asimismo, expresó su preocupación por el hecho de que las bases de la democracia estén siendo socavadas, particularmente en los distintos poderes del Estado, haciendo énfasis en el Congreso de la República. “Hoy el Congreso es como la cabeza de un cometa; ellos van adelante, y los demás poderes detrás, y más atrás, los organismos autónomos”.

Advirtió además que esta situación podría llevar a la eliminación de mecanismos de control, facilitando que la democracia sea absorbida por regímenes autoritarios o, en el peor de los casos, dictaduras. Especialmente preocupante es que el Congreso de la República esté aprobando normas que debilitan la separación de poderes, favoreciendo graves actos de corrupción y beneficiando a economías informales.

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Samuel Abad, abogado especialista en temas de transparencia y acceso a la información, explicó, en el IV Foro Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima, cómo la transparencia está estrechamente ligada al ámbito político y la necesidad actual de contar con una ley que la garantice.

El abogado analizó la situación política y social por la que atraviesa el país, señalando que, 24 años después de hechos históricos que marcaron a la nación, persisten problemas en la democracia. Ante esta problemática, Abad considera imprescindible establecer reglas de transparencia para combatir la cultura del secreto y el poder sin controles, que fomentan la corrupción.

Recordó que, a inicios de la década de 2000, durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, se inició, mediante un decreto supremo, el proceso para sentar las bases de una nueva regulación en materia de transparencia. Dos años después, durante el mandato de Alejandro Toledo, se promulgó la actual Ley de Transparencia y Acceso 3a la Información.

“Pensar que una ley podría ser determinante para luchar contra la corrupción ha sido, tal vez, una ilusión excesiva”, afirmó el abogado. También cuestionó si hoy en día se puede hablar de un régimen democrático, dada la negativa de funcionarios públicos a brindar información sobre el movimiento de vehículos oficiales, haciendo una clara referencia al caso “cofre presidencial” que involucra al automóvil oficial de Dina Boluarte.

Ley de Transparencia: “Hay avances, pero persisten problemas”

“¿Cuánto se ha avanzado 22 años después?”, se preguntó Abad respecto a los cambios en la Ley de Transparencia. El especialista reconoció avances importantes, como la creación de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la posibilidad de solicitar información al Ministerio Público a través de un canal oficial.

No obstante, el abogado reconoció los problemas que aún enfrenta el país, como la negativa a proporcionar información y la falta de transparencia activa. “Lamentablemente, todavía existen obstáculos relacionados con la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática en un país donde, cada día, la aspiración de democracia parece diluirse”.

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