El Código Penal en el Perú sufrió modificaciones que no ha convencido en la lucha contra la creciente criminalidad que azota el país. Desde la Cámara de Comercio de Lima se había cuestionado la modificación respecto a las organizaciones criminales, que solo serían considerados los que cometen delitos con penas superiores a los 6 años y dejando fuera a grupos involucrados en corrupción. Lo mismo con los allanamientos, dándole carta abierta a que los investigados puedan ocultar pruebas cuando ocurran intervenciones de las autoridades.

Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), abordó los cambios hechos en el Código Penal Procesal, concretamente en el tema de las escuchas telefónicas. Resulta que, uno de las modificaciones va directamente contra las escuchas telefónicas legales. Originalmente la Policía Nacional del Perú (PNP) tenía un plazo de 60 días para las interceptaciones teléfonicas, y podía extenderse el tiempo necesario hasta que finalizara las investigaciones.

Con la modificación, de los 60 días, puede ampliarse por única vez y que las indagaciones solamente duren 120 días, siempre que existan los elementos necesarios que justifiquen seguir con las escuchas teléfonicas legales. Al respecto, De La Tore fue enfático señalando que esto refleja una «pésima señal que el Congreso aprueba leyes que debilitan la lucha contra la criminalidad«.

¿Es viable el proyecto de ley sobre ‘Terrorismo urbano’?

Desde el Ejecutivo derivaron un proyecto de ley al Congreso de la República respecto al ‘Terrorismo urbano’, un tema que lleva muchos años en carpeta buscando castigar con penas más severas a aquellos que cometen delitos de extorsión o secuestro. Para el presidente de la CCL antes de abordar dicho tema, sugirió que debería evaluar el derogar la ley de crimen organizado y que los extorsionadores vuelvan a estar dentro de esa categoría.

En ese sentido, contó que tras aprobarse la nueva ley del crimen organizado, se entorpeció el trabajo de la fiscalía con varios casos. «La fiscalía tenía más de mil expedientes que se han quedado al aire«, narró de La Tore.

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Desde el año 2023 a junio del presente ejercicio, las empresas del sector cosméticos e higiene personal han dejado de percibir ingresos por S/320 millones debido a las restricciones sanitarias para el ingreso de nuevos productos al mercado peruano de cosméticos por el cuestionamiento a algunos claims o proclamas cosméticas, advirtió el Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (COPECOH) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

«Solo en el primer semestre de este año, las pérdidas sumaron S/100 millones. A la fecha son aproximadamente 14 claims (proclamas o beneficios de productos en el etiquetado) que han sido restringidos por las autoridades sanitarias de la Comunidad Andina (Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia), debido a la interpretación de las normativas supranacionales«, sostuvo Ángel Acevedo, presidente del Gremio Copecoh – CCL.

La lista de claims restringidos comprenden, por ejemplo: calmantes, relajantes, aromaterapia, piel con tendencia acnéica, entre otros productos. Para el presidente del COPECOH; esta normativa impide al consumidor no acceder a la innovación, tecnología, y beneficio que traen los productos nuevos, tal como sucede en mercados internacionales de Europa y Estados Unidos; incluso -hasta hace un año- estos claims eran permitidos en Perú y la Comunidad Andina.

Ángel Acevedo refirió que, los claims en mención, son productos desarrollados en base a principios activos innovadores y que están sustentados en pruebas de eficacia y seguridad que garantizan la calidad y la veracidad de las proclamas en beneficio de los consumidores; sin embargo, el criterio de interpretación que están adoptando las autoridades sanitarias es que los claims cuestionados corresponden a «productos frontera» entre productos cosméticos y productos farmacéuticos.

En ese sentido, COPECOH solicitó agilizar las consultas que, desde el sector privado de los cuatro países andinos se han sustentado, para liberar el ingreso de los aproximadamente 14 claims y no limitar el acceso de productos innovadores a los consumidores, con lo cual se están generando pérdidas para la industria del sector y para el Estado peruano que deja de recaudar impuestos generados a través de la comercialización.

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En conversación con Canal N, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto de la Tore, mostró su preocupación por el creciente aumento de la inseguridad ciudadana y detalló la propuesta del gremio de declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú (PNP).

De la Tore explicó en profundidad el reciente comunicado emitido por la Cámara de Comercio de Lima respecto a combatir la delincuencia, que ha puesto patas arriba a la ciudad con extorsiones a trabajadores del transporte público y asesinatos por encargo cometidos por sicarios. El presidente de la CCL pidió declarar en emergencia a la PNP con el objetivo de dotarla de infraestructura y realizar cambios internos. Por tal motivo, considera que se le debe otorgar mayor presupuesto a la institución para formar equipos de investigación, recordando cómo grupos especializados como el GEIN fueron importantes para combatir y derrotar al terrorismo.

Otra de las propuestas es recuperar a oficiales retirados que cuenten con experiencia en inteligencia. Una de las preocupaciones de De la Tore es que actualmente existe un déficit en la Policía Nacional del Perú, señalando que cada año se retiran 5,000 policías por diferentes motivos. «En 2023, salieron 5,378 efectivos«, indicó, una cifra que nos hace reflexionar sobre los cambios que deben realizarse dentro de la institución.

Leyes para proteger a la PNP

La preocupación respecto a la PNP es clara y firme. Para De la Tore, el Congreso de la República debería trabajar en leyes para proteger a los efectivos policiales. En ese sentido, sugirió realizar cambios en la ley de flagrancia con el propósito de que la fiscalía, el Poder Judicial y la PNP tengan presupuesto para crear unidades especializadas. Por último, reveló que en la Cámara de Comercio de Lima están preparando propuestas en beneficio del país que estarán listas en 60 días.

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