La falta de un Plan de Desarrollo Urbano (PDU) está impactando negativamente en la atracción de inversiones privadas alrededor del megapuerto de Chancay, advirtió el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Roberto De La Tore en conversación con la revista Semana Económica.

El PDU es clave para ordenar el crecimiento y definir los usos del suelo, de modo que se tenga en claro qué se puede construir, dónde y con qué parámetros en los alrededores del megapuerto de Chancay, a 80 kilómetros al norte de Lima.

Según la publicación, la falta de este PDU ha dejado en suspenso proyectos industriales, inmobiliarios y hoteleros. Incluso entidades públicas, como la Sunat y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), están atadas de manos, impedidas de avanzar en sus planes de inversión en el megapuerto de Chancay.

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PROBLEMAS CON EL PDU

La historia de la demora en la aprobación se remonta a hace casi medio año. En enero de 2025, el equipo técnico del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) culminó la elaboración del documento en coordinación con las autoridades de Huaral y Chancay. Sin embargo, el MTC se opuso al trazado de la vía de evitamiento Chancay–Chancayllo, una arteria clave para el distrito, de aproximadamente 18 kilómetros, y que el PDU proponía que bordee los cerros por el este, evitando el litoral y preservando el acceso a las playas. El MTC quería un trazado por la costa. Hoy, el MTC evalúa otras alternativas, incluida la construcción de un viaducto elevado por la Panamericana Norte. “Se estima que la definición del trazo se concrete a más tardar en el cuarto trimestre del 2025”, anticipó el MTC a Semana Económica.

“Mientras no haya una definición oficial del MTC, sin embargo, el PDU corre el riesgo de seguir entrampado. Los efectos de esta demora sobre la inversión privada se hacen cada vez más evidentes, sobre todo en el sector hotelero e inmobiliario y en el real estate industrial y logístico.

ZEE

Otro factor que sigue retrasando las inversiones es la indefinición de la Zona Económica Especial (ZEE) de Chancay. Si bien la Comisión de Economía del Congreso aprobó en mayo de este año el dictamen que crea dicha zona, este aún no ha sido debatido en el Pleno, y por tanto, están paralizados proyectos logísticos como los de Roque Global y Sharf.

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¿Cuál es el panorama actual de las micro y pequeñas empresas (mypes) peruanas?   

Las mypes atraviesan una coyuntura compleja. La inseguridad ciudadana, la crisis política y la inestabilidad económica afectan su recuperación. No obstante, su contribución al país es relevante: representan más del 99 % del total de empresas en el Perú y generan el 70 % del empleo privado, principalmente en los sectores Comercio y Servicios.

A pesar de ello, más del 75 % de las mypes continúan operando en la informalidad. Esta condición limita su acceso al financiamiento, seguros, tecnología y mercados internacionales, lo que frena su crecimiento y competitividad.

 

¿Qué otros factores preocupan al sector?  

Uno de los principales problemas es la baja productividad. Esto se explica por la escasa innovación, digitalización y capacitación técnica. Según el Ministerio de la Producción (Produce), la productividad de una microempresa equivale apenas al 4,6 % de la de una gran empresa; en el caso de las pequeñas, asciende al 27,1 %. Esto significa que una gran empresa es 21,6 veces más productiva que una microempresa y 3,7 veces más que una pequeña.

También, las mypes tienen poca inserción en mercados internacionales, pues menos del 1 % participa en actividades de exportación, debido a las barreras logísticas, regulatorias y de certificación.

Cabe destacar, que las mypes surgen, muchas veces, como alternativa al desempleo, y aprovechan las oportunidades que ofrece el mercado pese a los riesgos que ello implica.

 

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¿Qué avances u oportunidades se observan para las mypes?

La digitalización y el comercio electrónico se han convertido en herramientas esenciales para el desarrollo de las mypes, sobre todo en las regiones del país. Es clave seguir impulsando su acceso a estas tecnologías mediante programas de transformación digital e incorporación de inteligencia artificial, a fin de potenciar su actividad diaria y mejorar su competitividad.

Asimismo, es fundamental una mayor difusión de programas estatales como Compras a MYPErú, con el que se busca que más mypes ingresen al mercado internacional; e Innóvate Perú, que ofrece fondos para la innovación tecnológica.

Difundir estas iniciativas permite que más emprendedores accedan a diversas oportunidades, permitiéndoles crecer, innovar y competir en mejores condiciones tanto en el mercado nacional como internacional.

 

¿Cuál es su estimado de venta de las mypes para el primer semestre del 2025?

Nuestras proyecciones son alentadoras. Se espera un crecimiento del 6 % respecto a similar periodo del 2024. Es un incremento moderado, pero consistente, considerando las actuales condiciones del mercado.

Este dinamismo se explicaría por el aumento del movimiento económico que se habría dado en campañas estacionales como la temporada de verano, back to school y Día de la Madre, a lo que se suma la temporada de invierno, que este año vendrá con fuerza. Esto está disparando el consumo de prendas de vestir, calzado, frazadas, y electrodomésticos como: hervidores, calefactores; así también, en alimentos y bebidas, incluyendo productos artesanales y compras por delivery.

 

¿Se han logrado avances en la formalización? ¿Cuántas mypes podrían formalizarse en el 2025?

A nivel nacional, se estima que entre 55 000 y 60 000 mypes lograrán formalizarse este año. Esta cifra refleja los resultados positivos de diversas campañas impulsadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Produce y los gremios empresariales.

Estos esfuerzos han contribuido a generar una mayor conciencia sobre los beneficios de la formalización, especialmente entre aquellos emprendedores que buscan acceder a los procesos de compras públicas o iniciarse en la actividad exportadora. El creciente interés por integrarse al mercado formal responde también a la búsqueda de estabilidad, acceso al financiamiento y mejores oportunidades de crecimiento.

Si queremos que más mypes se integren a la formalidad, también es necesario incentivarlo mediante la simplificación de procedimientos administrativos, una tarea que debe atender el Gobierno.

 

 

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Las reglas fiscales tienen como objetivo establecer límites a los agregados presupuestarios con el fin de contener presiones para el gasto excesivo. Buscan garantizar la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública. Entre sus principales beneficios destacan: el fortalecimiento de la credibilidad en la política fiscal, la reducción del riesgo percibido en los mercados financieros y la mejora de la transparencia e institucionalidad del manejo fiscal.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  publicado en el 2019, identifica distintos tipos de reglas fiscales. Las más comunes son:

• Regla de equilibrio presupuestario: fija topes al déficit, de fácil evaluación.
• Regla de deuda: establece límites al nivel de endeudamiento como porcentaje del PBI.
• Regla del gasto primario o corriente: impone una tasa máxima de crecimiento al gasto primario o corriente.
• Regla de ingreso: fija márgenes para la recaudación tributaria, estableciendo mínimos y máximos.

 

Reglas fiscales e inversión pública

En América Latina, el cumplimiento de las reglas fiscales se ha correlacionado con mayores niveles de inversión pública. En las últimas dos décadas, los países con un cumplimiento superior al promedio (68 %) invirtieron alrededor del 3,4 % del PBI en infraestructura; mientras que los de menor cumplimiento apenas alcanzaron el 2,7 %. Además, los beneficios del cumplimiento se acentúan con el tiempo: tras dos años de respeto a las reglas fiscales, la inversión pública aumenta en promedio 0,3 puntos porcentuales del PBI.

 

 

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El caso peruano

En el Perú, el marco fiscal establece cuatro reglas macrofiscales que deben cumplirse de forma conjunta:

1. Deuda pública: la deuda bruta total del Sector Público No Financiero no debe superar el 38 % del PBI hasta el 2034, y dicho límite se reducirá al 30 % a partir del 2035. Actualmente, la deuda se sitúa en 31,7 % del PBI anualizado, muy por debajo del promedio de las economías emergentes (73,6 %) y de América Latina (71,1 %). Esta regla previene el sobreendeudamiento del Estado y garantiza la capacidad de pago del país.
2. Gasto público: la regla de gasto no financiero del gobierno general limita su incremento anual a un rango de un punto porcentual por encima o por debajo del promedio de crecimiento real de la economía en los últimos 20 años. Por su parte, el gasto corriente (excluyendo mantenimiento) debe ajustarse al límite inferior de este mismo rango. Estas reglas buscan alinear el gasto con la capacidad real de la economía, privilegiándola sobre el gasto corriente, promoviendo la productividad y el desarrollo de infraestructura.
3. Resultado económico: el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) establece metas de déficit fiscal decrecientes: no debe ser mayor al 2,2 % del PBI en el 2025; 1,8 % en el 2026; 1,4 % en el 2027; y a 1,0 % en el 2028. Sin embargo, al mes de mayo del 2025, el déficit ya alcanzó el 2,7 % del PBI. Ante ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que cambiará la meta para evitar un tercer incumplimiento consecutivo: primero propuso fijarla en 2,8 %, pero, tras las críticas, la redujo a 2,5 % del PBI.
4. Gasto corriente: limita el crecimiento del gasto corriente primario, priorizando el control del gasto operativo del Estado.

 

Contexto político: elecciones y reglas fiscales

Con las elecciones presidenciales y regionales programadas para el 2026, las reglas fiscales cobran aún mayor relevancia, pues los recursos públicos no deben ser usados con fines proselitistas. Asimismo, la continuidad de políticas económicas responsables exige que los candidatos presenten propuestas financieramente viables.

 

Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento reiterado de las reglas fiscales afectaría negativamente la estabilidad económica del país. Si bien la solidez macroeconómica peruana ha permitido enfrentar crisis internacionales y contener desequilibrios fiscales en el pasado, la persistencia en el incumplimiento irá deteriorando el grado de inversión con que cuenta el país.

En esta línea, Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, advirtió que, si Perú entra en la categoría de países con déficits fiscales excesivos, como Brasil, Colombia o Panamá, las consecuencias serían graves. Un déficit de hasta 7 % del PBI podría desencadenar una degradación de la calificación crediticia, generando distorsiones económicas difíciles de revertir.

Panorama regional: contrastes en América Latina

Los países que cumplen con las reglas fiscales presentan un mejor desempeño en términos de sostenibilidad económica. Chile, por ejemplo, estableció una meta de déficit estructural de 1,6% del PBI para el 2025, con el objetivo de reducirlo al 1,1 % en el 2026 y alcanzar el 0 % en el 2029. Esta meta se enmarca en el nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea, que entró en vigor en abril del 2024, y busca mantener la sostenibilidad fiscal a mediano plazo. Hay que precisar que Chile es la economía con menor riesgo país de la región.

Por su parte, Colombia revisó al alza su meta de déficit fiscal para el 2025, elevándola al 7,1 % del PBI, desde una meta anterior del 5,1 %. Esto como consecuencia de una caída en los ingresos tributarios y de un mayor gasto público, lo que ha debilitado sus finanzas públicas. En ese contexto, el Gobierno se ha visto en la obligación de activar una cláusula de escape que suspende el cumplimiento de la regla fiscal, para así allanar el camino de un mayor endeudamiento. Con esto, se posterga la reducción del déficit fiscal a 6,2 % del PBI en el 2026 y a 4,9 % en el 2027, con un retorno al cumplimiento de la regla fiscal en el 2028.

A su vez, Bolivia proyecta un déficit fiscal del 9,2 % del PBI para el 2025, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que llegaría al 10 %, considerando la desaceleración económica y un entorno global adverso. Cabe señalar que el país altiplánico enfrenta problemas adicionales, como una inflación proyectada de dos dígitos superior a la meta de 7,5 %, así como una deuda pública que ya bordea el 93 % del producto.

En suma, la mayoría de los países latinoamericanos se caracterizan por una baja disciplina en el cumplimiento de las reglas fiscales, reflejando una débil institucionalidad en la gestión de las finanzas públicas. Perú no sería la excepción y todo indica que incumplirá por tercer año consecutivo sus metas fiscales establecidas, lo que debilita la credibilidad de su marco fiscal. En ese contexto, retomar el principio de responsabilidad fiscal y fortalecer el control sobre los principales indicadores fiscales, como el déficit y la deuda pública, es una obligación para evitar deterioros en la percepción del riesgo país y preservar el acceso al financiamiento en condiciones favorables.

 

 

 

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