Marcela Huaita: “Hay que lograr que las denuncias sean efectivas”

Recientemente, la investigadora asociada del Idehpucp, Dra. Marcela Huaita Alegre, presentó el libro “Género y corrupción: Una mirada a los impactos diferenciados de la corrupción en el Perú”.

¿Cómo se interrelacionan los conceptos de género y corrupción?

La preocupación del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp) fue evaluar el impacto de la corrupción entre hombres y mujeres. Así, a través de una investigación exploratoria –y en base a las encuestas anticorrupción de Proética– se ha identificado a la administración de justicia como un sector que es percibido por la ciudadanía como uno de los de mayor corrupción.

Así, iniciamos esta investigación viendo primero cuál era el vínculo que había entre estos dos temas: corrupción y género. En términos generales, se observa que hay un impacto mayor de la corrupción que afecta a las mujeres, en tanto ellas se encuentran en los sectores de mayor detrimento económico, o con menos posibilidad de acceder a servicios. Por ello, la situación de corrupción puede generar una barrera adicional. Asimismo, analizamos el vínculo entre género y administración de justicia, en donde se observa que las mujeres aún no acceden a las más altas posiciones en el Poder Judicial; pero también la creación de vínculos de subordinación o su ubicación en puestos de menor jerarquía o determinada especialización (familia).

También hemos visto que cuando se discuten temas de integridad de las mujeres, hay estereotipos de género que se mezclan, o situaciones que afectan la sanción que pueden tener determinados agresores sexuales. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, del audio del exjuez César Hinostroza quien negoció la pena de un violador de una niña de 11 años. En esa medida, pensamos que esto grafica una situación que no es exclusiva de Hinostroza, sino que afecta al Poder Judicial en su conjunto.

¿Una idiosincrasia?

Más bien una normalización de estos estereotipos de género porque Hinostroza no podía sacar dicha sentencia él solo. Fueron varios jueces los que estuvieron implicados en esa decisión, y no necesariamente por dinero sino por una situación de normalización de la agresión.

¿Qué está pendiente?

El esfuerzo por la sistematización nos ha permitido conocer que de todos los casos solo en uno se destituyó al magistrado y se dio una sanción ejemplar. En los demás no se sancionó a los involucrados o se dieron sanciones administrativas leves, tanto así que estas personas solo han cambiado de cargo (de fiscal a juez o viceversa), o de espacio geográfico, pero siguen en la administración de justicia. Esto tiene que llevar a una reflexión por parte del Poder Judicial para que se tomen medidas más fuertes en términos de sanciones.

¿En qué sentido?

Primero, hay que lograr que las denuncias sean efectivas, porque la mayoría de denuncias de este tipo, se archivan. También, dado que hay tipos penales previstos para situaciones de corrupción, como cohecho, tráfico de influencias, entre otras, estas conductas deben sancionarse por los canales que corresponden en la administración de justicia y no permitir que sean tipificadas de una manera diferente o sólo se den sanciones administrativas. Si bien creemos que la administración de justicia tiene un rol importante, también claramente se trata de que nuestra sociedad esté alerta y que podamos identificar estos casos y tipificarlos como delitos de corrupción.

¿Qué más recomendaría?

Hay una tensión normativa entre un tipo penal que se ha creado hace poco que es el chantaje sexual respecto de situaciones donde los favores sexuales son una moneda de cambio de corrupción y que para nosotros estarían configurando un delito más agravado que sería el de cohecho. Sin embargo, habría una cierta sobreposición entre este tipo penal –chantaje sexual– con el de cohecho que tiene sanción más grave. Pensamos que ahí también hay una tarea por hacer de establecer claramente que cuando estas conductas son practicadas por funcionarios públicos tienen que ser canalizadas por la vía del cohecho.

¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación de la mujer?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha continuado una línea importante en relación con la transversalización del enfoque de género. Así, se ha avanzado en que es obligatorio que todas las instituciones públicas –sean locales, regionales o nacionales– tengan una comisión de género al interior de la propia institución para que pueda hacerse esta transversalización efectiva.
La política nacional de igualdad de género que se ha aprobado con este gobierno y el plan para su implementación, son hitos importantes.

Así, tenemos un funcionario público que está reflexionando y que está organizándose para que desde sus propias líneas de trabajo se pueda transversalizar el enfoque de género con mandatos claros como la política nacional que es de obligatorio cumplimiento, pero no solo de los sectores públicos sino también de las instituciones privadas. Creo que es un panorama importante que cada vez disminuya las barreas que en algunos sectores se han forjado. Esperamos que nuestra sociedad pueda alentar estos esfuerzos porque son sumamente importantes para el futuro del país.