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La centralización del trámite de licencias de conducir en una única sede de Comas no es solo un problema administrativo. Es una decisión que eleva los costos para los ciudadanos, incrementa los riesgos de inseguridad, debilita los esfuerzos de formalización del transporte y abre espacio a mercados informales de tramitadores y pagos indebidos.
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En una ciudad como Lima, donde el tiempo perdido en congestión ya representa una carga económica significativa para trabajadores, empresas y hogares. Obligar a miles de ciudadanos a desplazarse hacia un solo punto de atención constituye una mala señal de gestión pública. La política pública moderna debería reducir fricciones, digitalizar procesos y acercar el Estado al ciudadano. Esta medida, en cambio, avanza en sentido contrario.
| Eje | Estimación anual |
| Eje 1. Costo de productividad por traslado y colas | S/ 16 a S/ 42 millones |
| Eje 2. Pérdida patrimonial por robo vehicular adicional | S/ 4 a S/ 9 millones |
| Eje 3. Tributación implícita por conductores empujados a la informalidad | 12 500 a 25 000 conductores |
| Eje 4. Captura por mercado de coimas y tramitadores | S/ 9 a S/ 18 millones |
| TOTAL EFECTOS CUANTIFICABLES | S/ 41 a S/ 69 millones anuales |
Sobrecosto por traslado
El trámite de una licencia de conducir no es un acto aislado. Involucra traslado, espera, pérdida de horas laborales, costos de transporte y, en muchos casos, cancelación de actividades laborales. A ello se suma que Lima Metropolitana concentra entre 200 000 y 250 000 trámites de licencias de clase A al año, esto es, considerando primeras licencias, revalidaciones, recategorizaciones y duplicados.
Bajo este contexto, la centralización del trámite en una única sede ubicada en Comas genera un sobretiempo promedio estimado de cuatro horas adicionales por usuario. Si se toma como referencia un volumen anual de 220 000 trámites y un valor promedio de S/ 15 por hora, la pérdida económica asociada solo al tiempo de traslado y espera asciende a aproximadamente S/ 13,2 millones al año.
A este monto se suma el gasto adicional de transporte para los usuarios que residen lejos de Comas. Considerando que alrededor del 60% de los usuarios tendría que asumir traslados más largos y costosos, el sobrecosto adicional se estima en S/ 2,9 millones anuales. En conjunto, el costo directo mínimo asociado al nuevo esquema bordearía los S/ 16 millones al año.
Sin embargo, esta cifra representa solo el piso del impacto económico. Si se incorporan jornadas laborales perdidas, ausentismo, cancelación de actividades y reprogramaciones para empresas, el costo total según estimaciones del IEDEP podría elevarse a un rango de entre S/ 28 millones y S/ 42 millones anuales
El riesgo de inseguridad también se traslada al ciudadano
El segundo impacto relevante es la concentración del riesgo vehicular. El informe advierte que Comas figura entre los distritos con mayor incidencia de robo vehicular en Lima Metropolitana. Al inducir un flujo masivo de usuarios y vehículos hacia una sola sede, Por lo que la medida genera una alta exposición al delito.
La estimación plantea que podrían producirse entre 90 y 180 robos vehiculares adicionales al año vinculados al desplazamiento hacia la sede. Considerando un valor promedio de reposición por vehículo de entre S/ 35 000 y S/ 50 000, la pérdida patrimonial directa anual se ubicaría entre S/ 4 millones y S/ 9 millones.
Una adecuada gestión pública debe medir no solo cuántos trámites procesa, sino también qué costos colaterales impone al ciudadano para lograrlo.
Una barrera que puede empujar a más conductores hacia la informalidad
La informalidad en el transporte es uno de los problemas estructurales más complejos de Lima Metropolitana. Según el Plan de Movilidad Urbana 2023, se estima que cada día se realizan 108, 802 viajes en vehículos informales en la ciudad. Esta cifra revela un problema de fondo: la formalización del transporte no solo depende de fiscalizar más, sino también de reducir las barreras que enfrentan los conductores para cumplir con la normativa.
En ese contexto, la centralización del trámite de brevetes podría desalentar entre el 5% y el 10% de las revalidaciones. En términos prácticos, ello significaría que entre 11 000 y 22 000 conductores al año podrían postergar o dejar caducar su licencia. A ello se suma el posible desincentivo para quienes buscan obtener su primera licencia, especialmente aquellos que ingresan al mercado laboral, al transporte urbano o a plataformas de movilidad.
El efecto neto estimado es preocupante: entre 12 500 y 25 000 conductores adicionales al año podrían circular sin licencia vigente o recurrir a canales irregulares para obtenerla.
Además, la rigidez en el acceso al servicio podría restar efectividad a los esfuerzos de fiscalización de la ATU. Al concentrar la atención en un solo nodo administrativo, se facilita la aparición de rutas informales no autorizadas que conecten distintos puntos de la ciudad con la sede de atención, principalmente en ejes de alto tránsito como la Panamericana Norte, la avenida Túpac Amaru y los corredores que articulan el Callao con Comas. En otras palabras, una medida pensada para ordenar el trámite podría terminar generando nuevos circuitos informales alrededor de él.
Mercado de la ilegalidad
Cuando un trámite obligatorio se vuelve lento, costoso y lejano, se abre espacio para gestores, intermediarios y redes de pagos indebidos.
El informe estima que podrían generarse entre 25 000 y 50 000 eventos anuales susceptibles de pagos irregulares en fiscalizaciones u operativos. Si el monto promedio de una coima se ubica entre S/ 150 y S/ 300, el mercado potencial de rentas ilícitas podría crecer entre S/ 9 millones y S/ 18 millones anuales.
A ello se suma el mercado de tramitadores, que podría capturar una parte del flujo formal mediante supuestas “gestiones” por montos cercanos a S/ 600 por trámite. La concentración en una única sede no reduce ese riesgo; por el contrario, puede hacerlo más rentable y organizado.
El problema de fondo es institucional: cada fricción innecesaria en un trámite masivo se convierte en una oportunidad para la informalidad. En ese punto, el Estado deja de ser facilitador y se convierte, sin quererlo, en proveedor de demanda para el mercado informal.
Una agenda para corregir el rumbo
La solución no pasa únicamente por cuestionar la medida, sino por corregirla con criterios de gestión pública, eficiencia operativa y enfoque ciudadano. La agenda mínima es razonable: reabrir al menos tres sedes adicionales en Lima Centro, Lima Sur y Lima Este; habilitar el trámite digital integral para revalidaciones sin observaciones; reactivar la sede de Conchán; publicar indicadores mensuales de desempeño del servicio; y establecer auditorías externas independientes.
Estas medidas permitirían reducir el costo económico, contener la informalidad y devolverle racionalidad al sistema. Además, alinearían la gestión de brevetes con una visión moderna de servicio público cercana, transparente, interoperable y orientada al ciudadano.
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