El mes pasado, el Gobierno presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, mediante el cual solicita la delegación para legislar en 10 áreas, por el plazo de 90 días calendario, que se empezarían a contar desde que entre en vigor la referida ley.
Entre las referidas áreas está la tributaria. Al respecto, conversamos con el presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leonardo López.

¿Cuál es la posición con respecto al pedido del Poder Ejecutivo de legislar en materia tributaria?

Considero que, en rigor, cualquier modificación relativa a los aspectos esenciales de los tributos no debe ser materia de la delegación de facultades. En todo caso, las iniciativas del Poder Ejecutivo para modificar dichas normas deben ser presentadas al Congreso de la República para que se transparenten y debatan en ese foro, y sea la ciudadanía la que, a través de sus representantes, apruebe la mejor opción. La tributación es un tema muy serio, que debe ser materia de análisis, de reflexión y de debate de los diferentes actores sociales y, lamentablemente, el Poder Ejecutivo no ofrece ello.

¿En qué puntos sí y en cuáles no están de acuerdo con el Ejecutivo en la delegación de facultades en materia tributaria?

Estamos de acuerdo en que se establezca un régimen de fraccionamiento especial para el pago de la deuda tributaria, pues ello nada tiene que ver con aspectos esenciales de los tributos, sino con su cobranza a través de beneficios que estimulen el pronto pago de los deudores tributarios. En contraparte, no deben ser materia de delegación aquellos tópicos que son objeto de proyectos de ley en proceso de aprobación en el Congreso.

Por ejemplo, el Poder Ejecutivo está pidiendo facultades para modificar los rangos dentros de los cuales se pueden establecer, por Decreto Supremo (DS), los porcentajes o montos específicos del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), cuando el Legislativo ya ha aprobado en sus Comisiones de Economía y Constitución el dictamen del Proyecto de Ley N.° 536-2021 que pretende adecuar el artículo 61 de la ley del indicado tributo, en la parte en que este contraviene el principio tributario de reserva de ley, al permitir al Ejecutivo modificar la tasa o la cuantía del ISC mediante DS, a sabiendas que tal aspecto es esencial del tributo, que conforme a dicho principio, debe ser fijado por ley.

Esperamos que el Congreso agende cuanto antes dicho proyecto para ser debatido en el Pleno. El resto de temas deben ser materia de iniciativas legislativas que el Poder Ejecutivo debe presentar al Congreso para que sean debatidas.

¿Cuáles serían las recomendaciones que darían en materia tributaria para favorecer el desarrollo empresarial?

Como Cámara, estamos apoyando proyectos que tienen como propósito estimular la reactivación, tal y como es el apoyo a la iniciativa del Congreso para incentivar el establecimiento de una plataforma de exportación de servicios de producción audiovisual (Proyecto de Ley 5206/2022-CR).

En ese sentido, como ya lo han hecho otros países, el citado proyecto propone el establecimiento de un crédito tributario equivalente a la tasa de Impuesto a la Renta (IR) vigente sobre los montos invertidos en las producciones audiovisuales.

Asimismo, apoyamos las iniciativas del Congreso para establecer un régimen de exportación de servicios de fabricación y maquila (Proyecto de Ley 7065/2023-CR); y la del establecimiento de una ley de zonas francas privadas, sin tener que emitir una norma para crear cada una de estas.

¿En qué consisten estas dos iniciativas?

El Proyecto de Ley 7065/2023-CR replica el régimen mexicano del IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación), sistema que ha permitido a México la adquisición de tecnología y que la mano de obra sea mucho más calificada.

En cuanto al establecimiento de una ley de zonas francas privadas, este proyecto está acorde con la tendencia mundial en la que estas zonas se constituyen en verdaderos desarrollos inmobiliarios
industriales privados que explotan la infraestructura levantada, y la ofrecen a las empresas para que instalen sus fábricas o almacenes. Dichos espacios gozan de determinados beneficios aduaneros y tributarios, dentro de los estándares de los países más desarrollados de la región.

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