La importancia del compliance es transversal

La World Compliance Association (WCA) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) organizaron el V Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, evento virtual que se llevó a cabo entre los días 18 y 21 de octubre a través de la plataforma Zoom.

Este importante espacio congregó a profesionales nacionales y extranjeros de primer nivel, los que, desde su experiencia, contribuyeron en enmarcar el tema de la lucha contra la corrupción en una política gubernamental.

En el primer día del encuentro se desarrolló el bloque Integridad y lucha anticorrupción, tema moderado por la directora académica de la WCA, Rosana Madrid.

Aquí se contó con la participación del vicepresidente de la WCA, Iván Martínez, quien destacó los avances del Perú en la lucha contra la corrupción, específicamente el trabajo realizado por la Contraloría General de la República, mediante diversas acciones de control y difusión.

“Según la encuesta ISO 2020, el Perú se muestra como el segundo país del mundo que cuenta con más certificaciones anticorrupción, importante evidencia para la toma de conciencia y la lucha contra este flagelo”, remarcó Martínez.

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Asimismo, dijo que si las empresas aplicaran un buen modelo de gestión de denuncias se evitarían millonarias pérdidas económicas, tema que continúa pendiente en las políticas anticorrupción de los países de la región.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la CCL, Hernán Lanzara, resaltó el esfuerzo y compromiso del gremio empresarial al desarrollar estos espacios, considerando al V Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción como un importante referente a nivel nacional e internacional.

Lanzara enfatizó que la corrupción, entendida como el mal uso de los recursos públicos, perjudica no solo al crecimiento de las naciones y consecuentemente su desarrollo, sino, además, debilita los cimientos de la democracia y menoscaba los valores éticos de la sociedad.

Pérdidas económicas

En tanto, el contralor general de la República, Nelson Shack, sostuvo que durante el 2020, año de la crisis sanitaria, la corrupción y la inconducta funcional generaron al país pérdidas económicas que superaron los S/ 22.000 millones, cifra equivalente al 2% del PBI y al 12% del presupuesto público.

Por ello, como un esfuerzo para cuantificar la lucha anticorrupción, Shack anunció que para fines del 2021, la Contraloría emitirá alrededor de 27.000 informes de control, cifra que busca superar lo registrado en años anteriores.

Entre otros anuncios, Nelson Shack comunicó que, a fin de año, la institución que representa –bajo una estrategia de control concurrente– realizará una auditoría sobre el proceso de compras de vacunas, específicamente de las primeras adquisiciones de las dosis de Sinopharm, en el marco del estado de emergencia nacional sanitaria.

Por su parte, el representante de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eloy Munive, explicó que el Modelo de Integridad del sector público, conformado por nueve pilares, se ha implementado en base al modelo privado, los que, debidamente articulados, contribuirán a mejorar la gestión pública.

En el sistema judicial

Los casos de corrupción también han tenido una sonada presencia en el sistema judicial. Durante su ponencia, el fiscal Supremo Titular de la Primera Fiscalía Suprema Penal, Pablo Sánchez Velarde, quien se encargó de las investigaciones de la presunta organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, indicó que es importante que la Fiscalía siga manteniendo su autonomía e independencia.

“Hoy es primordial definir y ejecutar una política de prevención no solo a nivel judicial, sino en temas relacionados a contrataciones y educación. Asimismo, contar con el apoyo de la sociedad y de la prensa de investigación”, refirió.

A su turno, el presidente de la Academia de la Magistratura, Carlos Arias, enfatizó que la corrupción no solo vulnera el derecho de las personas, sino que genera un alto riesgo para la subsistencia del estado de derecho, del sistema democrático y para la protección de los derechos humanos.

Dicho esto, sostuvo “que es imprescindible tomar conciencia del impacto de la integridad académica en el comportamiento de un magistrado, importante herramienta para promover la ética”.

Posteriormente, el asesor Nacional Anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Juan Martín Ortiz, expuso sobre la implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), documento que establece estándares, políticas, procesos y prácticas comunes para respaldar las iniciativas contra la corrupción.

Durante su ponencia, Ortiz hizo especial énfasis al art. 5 del capítulo II sobre Medidas Preventivas, referente a las políticas y prácticas anticorrupción, que los países –conforme a su reordenamiento jurídico– que deberán aplicar y fomentar con acciones y políticas coordinadas, a fin de combatir la corrupción de forma preventiva, así como propiciar la transparencia y la participación ciudadana.

El segundo día del Congreso, tuvo como moderador al director de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de CCL, Omar Cárdenas, quien inició el bloque con la participación del director de Ética y Compliance Latinoamérica en UBER, Carlos García.

El experto indicó que para establecer un programa de compliance las organizaciones no solo deben enfocarse en el tema anticorrupción.

“Hay diferentes aristas que las empresas deben enfrentar y mitigar como son el fraude, conflicto de interés, lavado de dinero, entre otros. Por ello, elaborar un sistema de compliance siempre debe apuntar a atacar a estos posibles riesgos, y su implementación debe hacerse de la manera más práctica”, señaló.

A su vez, el socio principal del Estudio Muñiz, Mauricio Olaya, advirtió que, en América Latina, el cumplimento del compliance es concebido, a nivel corporativo y empresarial, como una obligación, lo que dificulta su avance.

“Las empresas, indistintamente de su actividad y tamaño, deben convencerse de que el cumplimiento normativo del compliance es fundamental, a fin de que sean consecuentes con sus valores, propósitos, principios y reputación”, afirmó.

Criptoactivos

El tema de los criptoactivos, activos virtuales que no han sido emitidos por un banco central o una autoridad pública, también fue motivo de debate durante el evento. Al respecto, el presidente de la Asociación Peruana de Compliance, Carlos Caro, refirió que en Perú y América Latina no existe una regulación con respecto a su uso.

Como se sabe, las criptomonedas se emiten y se comercializan dentro de una plataforma blockchain (cadenas de bloques) y su valor puede generar ingresos, sea para venta o intercambio de bienes o servicios mediante el pago de bitcoin (moneda virtual).

En ese sentido, Caro indicó que estas transacciones se realizan de manera anónima por lo que representan un riesgo, pudiendo generar actividades delictivas como fraude, estafa piramidal o lavado de activos, entre otros.

Al respecto, el superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinoza, informó que dicha institución viene trabajando en un diagnóstico sobre el uso de las monedas virtuales.

“Conforme a la legislación peruana, las plataformas de administración de activos virtuales también serían incorporadas en la obligación de reportar sobre presuntos casos de operaciones sospechosas”, manifestó.

De otro lado, la presidenta de la WCA, Capítulo Perú, Mónica Huertas, tuvo la responsabilidad de moderar la tercera fecha del Congreso, en la cual, la superintendente adjunta de Asesoría Jurídica de la Superintendencia de Mercados de Valores (SMV), Liliana Gil, precisó que si bien la mayoría de las sociedades peruanas han implementado un Código de Ética, todavía un 12% se resiste a implementarla.

“Las sociedades olvidan que esta herramienta es sumamente importante, porque al implementarla de manera adecuada se pueden adoptar medidas preventivas y tener un mejor manejo de presentarse un conflicto”, manifestó.

Pymes sin compliance

A su vez, la regional manager Latin America para el Proyecto Global Alliance for Integrity (Argentina), Carolina Echevarría, dijo que se ha identificado que en la región existe un alto nivel de pymes que no cuentan con un programa de Cumplimiento.

“Si estas organizaciones no adoptan estos programas, es muy probable que desaparezcan del mercado”, advirtió.

Por su parte, el secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi, Jesús Espinoza, expresó que la implementación de los programas de compliance debe considerarse como la primera línea de defensa para evitar que las empresas incurran en conductas anticompetitivas.

“Las empresas deben seguir apostando por estos programas de cumplimento en materia de libre competencia. Ello no debe ser visto como un costo, sino como una inversión”, anotó.

En la última fecha del Congreso el oficial de Cumplimiento de la CCL, Yusith Vega, presentó a la ex responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona (España), Noelia Romero, quien enfatizó que los sistemas de compliance ya están presentes en el sector deportivo.

“Desde el 2016, la FIFA y la Liga Española exigen a los equipos profesionales de primera división a contar con un programa de compliance penal, requisito para que puedan jugar en cada temporada”, aseveró.

El secretario general de ISO, Sergio Mujica, desarrolló el tema de las normas internacionales como apoyo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Señaló que la ISO está comprometida a crear y utilizar normas para promover sociedades pacíficas e inclusivas, siendo la buena gobernanza clave para conseguirlo.

“Las normas anticorrupción y compliance, buscan reconstruir la confianza; pues sin ella se encarecen los procesos y hace ineficiente todas nuestras actividades, por lo tanto, el construir confianza es invertir en la competitividad de los países y sus organizaciones”, remarcó.

Cabe anotar que el Congreso fue clausurado por la presidenta de la WCA Capítulo Perú, Mónica Huertas, luego de realizarse la firma de convenio entre la Asociación Gremial de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales del Perú (EPEI-Perú) y WCA Perú.

Así también, se realizaron ocho talleres especializados en torno a las normas de cumplimiento.