“La educación ocupacional tiene un impacto directo en la competitividad”

¿Qué son los incentivos a la contratación laboral del primer empleo y cómo se aplican en el Perú?

Son medidas implementadas por los gobiernos para fomentar la inserción de los jóvenes y personas sin experiencia en el mercado laboral. Su objetivo es reducir las barreras de acceso al empleo y motivar a las empresas a contratar talento joven.

En el caso peruano, existen normativas que promueven esta iniciativa. Destaca la Ley N.° 30288, que facilita el acceso de jóvenes de 18 a 24 años al mercado laboral y a la protección social mediante un régimen especial. Esta ley ofrece beneficios como la reducción de costos laborales para las empresas a través de la exoneración de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones. Además, permite acceder a un crédito tributario contra el Impuesto a la Renta por inversión en capacitación, hasta un 2 % de la planilla anual.

¿Existen otras leyes que incentiven la contratación juvenil?

Sí, la Ley del Joven Empresario (Ley N.° 31828) que establece incentivos fiscales para las empresas que contraten a jóvenes entre los 18 y 29 años. Vigente para los años 2024 y 2025, esta normativa permite deducciones tributarias del 50 % de la remuneración básica de los nuevos trabajadores y otorga prioridad a estas empresas en licitaciones y convenios con el Estado.

Estos incentivos, tanto fiscales como tributarios, son fundamentales para impulsar la inserción laboral de los jóvenes y fomentar su desarrollo profesional.

¿Qué iniciativas ha presentado la Cámara de Comercio de Lima (CCL) para promover la contratación juvenil?

Desde la CCL hemos planteado diversas iniciativas para fortalecer la contratación juvenil. Recientemente, en una reunión con el ministro de Educación, propusimos la implementación del programa “Beca 18 ocupacional”. Esta iniciativa permitiría que las empresas financien la formación técnica o profesional de jóvenes de bajos recursos en áreas estratégicas de la economía. Así se facilitaría la transición del ámbito educativo al mercado laboral, respondiendo a la necesidad de conectar la oferta de trabajo con la demanda de profesionales calificados.

¿Por qué es clave impulsar la educación ocupacional en el país?

Desde la CCL consideramos que la educación ocupacional tiene un impacto directo en la competitividad y el desarrollo económico. Este modelo educativo busca alinear las habilidades y competencias de los trabajadores con las necesidades reales del mercado, facilitando su acceso a empleos de calidad.

Creemos firmemente que el Estado debe actuar de manera oportuna para fortalecer este tipo de formación. No pretendemos ser un Ministerio de Educación, pero, como empresarios, sabemos lo que el país necesita para ser más productivo y competitivo. Una educación de calidad garantiza el desarrollo de la fuerza laboral y el crecimiento económico sostenible.

¿Cómo se relaciona “Beca ocupacional” con el programa original “Beca 18”?

Sí, para nosotros, Beca 18 es un programa relevante, pues desde su creación en el 2011 se han beneficiado a más de 96 000 jóvenes peruanos, provenientes principalmente de zonas rurales, comunidades nativas, regiones afectadas por la violencia o en situación de vulnerabilidad.

Esa equidad para la educación superior que brinda Beca 18 también debería replicarse para la educación ocupacional, ya que hay un enorme potencial de talentos que podrían insertarse en el campo laboral. Sin embargo, si no cuentan con la capacitación adecuada y los recursos necesarios, se perdería la oportunidad de generar empleo de calidad.

Por ello, buscamos que “Beca 18 ocupacional” sea una realidad y llegue de manera masiva a nivel nacional, considerando que al año egresan de los colegios cerca de 800 000 estudiantes, quienes podrían tener la posibilidad de continuar estudios profesionales o contar con un oficio que les permita insertarse rápidamente en el mercado laboral.

¿Qué otros mecanismos pueden implementarse para fomentar la contratación juvenil?

Una opción innovadora sería la creación de un programa de “educación por impuestos”, similar al modelo de Obras por Impuestos (OxI). Este mecanismo permitiría que las empresas financien programas de capacitación y empleabilidad juvenil a cambio de beneficios tributarios, como la deducción de un porcentaje del Impuesto a la Renta.

Actualmente, el modelo “educación por impuestos” ya se aplica para financiar proyectos educativos, como la construcción de escuelas y la mejora de infraestructura y equipamiento tecnológico. En este esquema, el Estado es el encargado de aprobar y supervisar el proyecto para cumplir con los estándares educativos. Extenderlo al ámbito de la formación ocupacional sería una estrategia efectiva para mejorar la empleabilidad juvenil y fortalecer la economía del país.

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