Jaime Cuzquén: “Elevar el sueldo mínimo es incoherente con el actual difícil escenario”
El Ejecutivo anunció que se elevaría el sueldo mínimo. ¿Es factible en este contexto?
Hay tres temas aquí. Uno es que, por la pandemia, la informalidad se elevó hasta cerca del 80% y eso genera un escenario muy difícil para las micro y pequeñas empresas, que han sido las más afectada por la crisis.
Por lo tanto, aumentar los costos salariales derivados de un incremento de la remuneración mínima vital (RMV) puede impactar en otros beneficios laborales y cargas sociales (EsSalud, AFP, ONP).
Así que es una medida incoherente con este actual difícil escenario. Por otro lado, el incremento de la RMV impacta en las mypes y el efecto más perverso es para aquellas que no son formales, pero que pensaban serlo en el corto o mediano plazo.
Al incrementarse la RMV, su posibilidad de formalizarse va a disminuir porque van a ver un horizonte mucho más costoso y van a preferir no ser formales para no pagar montos que no pueden.
Además, en muchos casos los trabajadores no quieren estar en la planilla, porque eso implicaría descontarles el 13% de su sueldo para el sistema previsional.
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Hay un tercer tema que tiene que ver con el contexto político y el tema constitucional. La Constitución indica que la RMV se regula por el Estado en concertación con los empleadores y trabajadores.
Lo que primero debe buscarse es un consenso entre Estado, empleadores, trabajadores y gremios empresariales y sindicales, para ver si es posible incrementarla y bajo qué criterios, los cuales deben ser técnicos y no políticos. Así, si hay consenso, este debe ser en beneficio de todos y no una mera decisión política.
Otra propuesta es revisar la regularización de la tercerización e incluso eliminarlo. ¿Qué podría suceder?
La tercerización de servicios ya tiene una regulación desde hace varios años. Esta especifica cuándo una tercerización es válida y cuáles son los supuestos en los que se desnaturaliza, es decir, se aleja de la legalidad y afecta derechos.
Cuando esta se desnaturaliza, el trabajador puede reclamar que se le incluya dentro de la empresa principal, dejando sin efecto el proceso de tercerización. Si hay que mejorar este proceso no es a nivel de regulación, sino de fiscalización.
Es decir, si hay malas empresas que utilizan la tercerización para afectar derechos, la Sunafil debe determinar, vía procedimientos inspectivo, las sanciones que correspondan. Creo que existe una regulación adecuada y una jurisprudencia que ampara los derechos de los trabajadores.
¿Es momento de derogar el DU de suspensión perfecta de labores? ¿Qué riesgos habría?
Una de las medidas que, de alguna manera, flexibilizó la situación de las empresas, desde el punto de vista laboral, y evitó cierres masivos de empresas y ceses de trabajadores fue justamente la suspensión perfecta.
Sin embargo, aún hay muchas empresas que no pueden laborar de manera presencial al 100% y sus trabajadores no pueden hacer actividad remota.
Por ejemplo, es el caso de los sectores educación, entretenimiento y turismo, que vienen siendo los más golpeados.
Si esta medida se deja sin efecto o se suspende o modifica de manera tal que se restrinja su uso, ocasionará que estas empresas afectadas quiebren o que estas personas no puedan ser reincorporadas, porque las compañías no van a tener con qué pagarles, lo cual va a generar una afectación mayor al trabajador. Si las empresas quiebran no habrá empleo ni ingresos.
El Gobierno tiene que analizar la medida para ver cómo la reactivación comienza a generar que en algunas empresas esta suspensión perfecta pierda sentido. Pero no se puede hablar de una generalidad, porque existen muchas empresas que aún no pueden trabajar de manera presencial al 100%.
El fomento de la sindicalización y negociación colectiva son parte de la agenda del Gobierno. ¿Qué opina al respecto?
Es clara la tendencia del Ejecutivo en esta línea. El presidente ha tenido un pasado de dirigente sindical y muchos miembros del gabinete también.
La sindicalización y negociación colectiva son derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, por tanto, promover estos derechos es actuar conforme a la ley.
Lo que se debería garantizar ahora, desde el Poder Ejecutivo, es que se gobierne para todos los peruanos. No solo para quienes están en un sindicato, sino para quienes no lo están, para los empresarios y para los gremios.
En principio, cualquier fomento de la negociación colectiva debe dirigirse a aspectos básicos como generación de empleo y protección de derechos.
Me parece bien el fomento del derecho a la negociación colectiva y sindicalización, pero, en paralelo, el fomento a más empleo, porque si no solo van a poder sindicalizarse los mismos de siempre, pero no la mayoría de peruanos que pertenece a la actividad informal, sin ningún derecho.
Creo que hay que trabajar mucho en la formalización porque es lo único que puede dar base para la protección de más derechos y más trabajadores, pero también para tener un Estado más fuerte, que fiscalice y recaude más.
¿Cómo incentivar la creación de empleo? ¿Qué necesitarían las empresas para contratar?
Más que hablar de lo laboral, creo que hay que hablar del ambiente país. Una empresa para contratar necesita tener la claridad de que las reglas no van a cambiar, predictibilidad y seguridad jurídica.
Hablar de la posibilidad de cambiar estos temas mueve el ambiente y genera amenazas. Una empresa va a ser más cauta porque asumir riesgos en la contratación podría afectar su viabilidad económica.
Eso impactará en la economía si todas las empresas actúan de esa manera por el temor. Hay muestras clarísimas de que lo que viene haciendo el Gobierno impacta en la imagen del país: la reciente baja calificación de Moody’s y de los principales bancos del país.
Entonces, no se están dando las mejores señales para incentivar la creación de empleo. Lo consistente es que la inversión vaya por el lado privado y que haya más grandes proyectos, y eso no se están dando y difícilmente se dé en un contexto donde el Ejecutivo asusta al sector privado para invertir.