Óscar Chávez
El Perú se encamina a una segunda vuelta electoral en un escenario de alta fragmentación política, en el que aún no se define quién acompañará a Fuerza Popular. Este proceso ocurre envueltos en una fuerte incertidumbre política, mientras la economía mantiene sus fundamentos macroeconómicos sólidos.
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En las últimas décadas, el país ha construido un marco macroeconómico basado en una política monetaria confiable, expectativas controladas y estabilidad financiera. Esta administración monetaria nos permite registrar la segunda tasa de inflación promedio más baja de América Latina entre 2001-2025. La estabilidad de precios cumple un rol central en la protección del poder adquisitivo, especialmente en los hogares de menores ingresos, al reducir el impacto de shocks inflacionarios sobre bienes esenciales como alimentos y transporte.
En ese sentido, el BCRP con autonomía garantizada por el artículo 84 de la Constitución de 1993 y metas explícitas de inflación desde 2002, ha mantenido bajo la gestión de Julio Velarde una conducción altamente técnica de la política monetaria. Este enfoque ha permitido anclar expectativas inflacionarias y contener episodios de volatilidad originados en la economía mundial, en eventos naturales y en la propia dinámica política del país. Declaraciones que cuestionan este marco institucional o plantean una eventual intervención en el Banco Central introducen riesgos innecesarios. Estos pueden ocasionar mayores primas de riesgo, presiones cambiarias y un deterioro de las condiciones de financiamiento.
Las reservas internacionales actúan como un mecanismo de protección frente a shocks externos y como instrumento para reducir la volatilidad en el mercado cambiario. No corresponden a recursos disponibles para financiar gasto público, programas de reactivación o políticas sociales. Su uso con estos fines debilitaría la posición externa del país y reduce la capacidad de respuesta ante escenarios adversos.
LOS CANDADOS FISCALES
Las reglas fiscales tienen como objetivo imponer límites a los agregados presupuestarios para contener las presiones para gastar en exceso, garantizando la responsabilidad fiscal y sostenibilidad de la deuda.
Entre los beneficios de contar con reglas fiscales y cumplirlas, se considera el fortalecimiento de la credibilidad en la política fiscal, la reducción del riesgo percibido en los mercados financieros, la mejora de la transparencia e institucionalidad de la política fiscal, como las más destacables.
El MEF ha sostenido una regla fiscal que mantiene la deuda cerca del 33% del PBI y un déficit fiscal por debajo del 3 %. Pero el lado fiscal ya muestra grietas. En los últimos meses el Congreso aprobó gastos permanentes por cerca de S/15 000 millones (beneficios laborales para trabajadores CAS, reforma pensionaria de policías y militares, y pensión del magisterio bajo lógica de cédula viva), equivalente a más del 1 % del PBI, sin coordinación con el Ejecutivo. El Consejo Fiscal advirtió que, de persistir la dinámica, la deuda podría escalar hacia el 70 % del PBI en una década. El andamiaje sigue en pie; la política diaria ha empezado a erosionarlo. El próximo gobierno debe frenar el deterioro fiscal antes de que sea incontrolable.
LO QUE EXIGE EL PRÓXIMO MANDATO
Dos gestos son fundamentales en los primeros cien días para demostrar el compromiso del próximo gobierno en preservar la estabilidad macroeconómica. Primero, blindar la política monetaria: ratificar la autonomía del BCRP, y de no continuar Julio Velarde, aceptar un relevo técnico con cuadros de la autoridad monetaria y sin interferencia política. Segundo, la tarea del MEF de elaborar un Presupuesto Público 2027 consistente con las reglas fiscales, clarificar la política sobre contratos mineros de estabilidad tributaria (que definen una porción decisiva de los ingresos fiscales) y afrontar el futuro de Petroperú, la petrolera estatal que acumula pérdidas crónicas y ha requerido rescates reiterados del Tesoro.
La evidencia internacional muestra que los países que mantienen estabilidad macroeconómica logran menores niveles de inflación, mayor inversión y crecimiento sostenido. En el caso peruano, esta estabilidad ha sido un factor determinante para reducir la pobreza y mejorar el bienestar de la población.
Si bien la estabilidad macroeconómica no garantiza, por sí sola, mejoras en la productividad y competitividad, constituye una condición necesaria. Reduce la incertidumbre, facilita la planificación de largo plazo y crea un entorno propicio para la inversión privada.
Dos acciones resultan fundamentales en los primeros cien días para demostrar el compromiso del próximo gobierno con la estabilidad macroeconómica. Primero, blindar la política monetaria: ratificar la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú y, en caso no continúe Julio Velarde, asegurar un relevo técnico con profesionales de la propia autoridad monetaria, sin interferencia política. Segundo, fortalecer la conducción fiscal desde el Ministerio de Economía y Finanzas mediante la formulación de un Presupuesto Público 2027 consistente con las reglas fiscales, la definición clara de la política sobre contratos mineros de estabilidad tributaria —que determinan una porción relevante de los ingresos fiscales— y la adopción de una estrategia integral para el futuro de Petroperú, empresa que registra pérdidas recurrentes y ha requerido transferencias del Tesoro Público.
La evidencia internacional muestra que los países que mantienen estabilidad macroeconómica registran menores niveles de inflación, mayor inversión y trayectorias de crecimiento más sostenidas. En el caso peruano, este marco ha contribuido de manera significativa a la reducción de la pobreza y a la mejora del bienestar de la población.
La estabilidad macroeconómica no garantiza, por sí sola, mejoras en la productividad ni en la competitividad. No obstante, Reduce la incertidumbre, facilita la planificación de largo plazo y genera un entorno favorable para la inversión privada.
