Gobierno creará grupo de trabajo contra corrupción

El Ejecutivo creará un grupo de trabajo para la lucha anticorrupción, anunció el primer ministro Guido Bellido.

«Se creará un Grupo de Trabajo Especializado para que formule propuestas de mejora para el fortalecimiento de dicha coordinación operativa en el corto plazo y un Proyecto de Ley que afiance normativamente dicho objetivo antes de julio del próximo año», indicó.

Señaló que se fortalecerá la capacidad de investigación y persecución de la corrupción vinculada al crimen organizado.

«La corrupción es un flagelo, desangra las arcas públicas y corroe las instituciones, además de que disminuye la confianza de la ciudadanía, quien resulta la principal afectada», sostuvo, durante su presentación ante el Congreso de la República para pedir el voto de confianza.

El combate de la corrupción es también una lucha contra la impunidad, la cual se expresa en los altos niveles de desconfianza ciudadana respecto a la posibilidad de revertir este grave problema en los próximos años. «Recordemos que nuestro ordenamiento facilita las prácticas corruptas», dijo.

Por ello, se presentará un proyecto de ley para el fortalecimiento de la articulación operativa para el combate de la corrupción vinculada al crimen organizado, aquél que corroe el sistema y afecta derechos, debilitando la creación de valor público en el país.

Indicó que se hará una coordinación operativa que deberá involucrar a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Contraloría General de la República y las Procuradurías Especializadas.

Soborno nacional y transnacional

Del mismo modo, Bellido anunció que se presentará un proyecto de ley para fortalecer el combate del soborno nacional y transnacional, así como la responsabilidad de las personas jurídicas, a través de reformas normativas de impacto penal, procesal penal, tributarias, administrativas, entre otras de importancia.

«Debemos evitar que nuestras empresas actúen dentro y fuera del Perú como lo hicieron algunas empresas extranjeras en nuestro país, comprando voluntades, influencias y perjudicando la buena marcha de la Administración pública, desviándola de su fin último que es garantizar el interés público, hacia intereses privados», recalcó,

Dicha iniciativa implica, entre otros aspectos, la modificación de la Ley N°30424, a fin de asegurar su uso efectivo por los operadores de justicia en la lucha contra la corrupción y otros delitos cometidos por empresas y organizaciones con un objetivo ilícito.

Además, se hará para mejorar el marco normativo conforme a los parámetros internacionales de las Naciones Unidas y la OCDE, que permita fortalecer la actuación de los procuradores, jueces y fiscales.

Asimismo, la identificación de actos de corrupción en las contrataciones del Estado, específicamente en la contratación de obras de gran envergadura, ha propiciado que la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Asociaciones Público Privadas prevean cláusulas anticorrupción en los contratos que celebre la entidad con los proveedores, contratistas y empresas privadas en general.

«Sin embargo, dicha figura legal no se aplica a todo tipo de contrato estatal. Por ello, se requiere asegurar que todos los contratos que suscriba el Estado con las empresas, proveedores y locadores de servicio, independientemente de la cuantía del mismo, cuenten con cláusulas anticorrupción, a fin de que se le apliquen las consecuencias jurídicas que correspondan», remarcó.