• Estrategia de defensa para el arándano peruano

    16 de Noviembre del 2020
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    Por John Rodríguez, jefe de Promoción Comercial de la CCL

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    El arándano peruano en los últimos años ha logrado un crecimiento exponencial que nos coloca como el primer proveedor del mundo. Los mercados internacionales están incrementando drásticamente la demanda y eso genera oportunidades de negocio para nuestra industria local.

     

    Además, en septiembre se firmó un acuerdo entre Perú y Taiwán que permite exportar arándanos frescos al mercado asiático.

     

    Las exportaciones de este producto benefician a un importante número de agricultores que trabajan de la mano con grandes empresas agroexportadoras en diferentes regiones de Perú, como: Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Ica y Piura.

     

    Solo para la campaña del 2019-2020 se exportaron más de 120.000 toneladas a Estados Unidos, Europa y Asia.

     

    Nuevas normas

     

    Si bien son buenas noticias para nuestro arándano que ha reflejado un importante crecimiento en sus exportaciones, pese a la coyuntura actual; Estados Unidos, nuestro principal mercado de destino, está evaluando “nuevas” normas y/o restricciones de ingreso que pueden perjudicarnos.

     

    Este país concentra más del 50% de nuestros envíos y ahora han abierto una investigación para analizar y controlar las importaciones de arándanos.

     

    Es decir, Estados Unidos está evaluando la imposición de salvaguardia a la importación global del arándano, no solo de Perú, sino también de países como México, Chile, entre otros.

     

    Para la campaña del 2021-2022, cabe la posibilidad de que EE. UU. imponga cuotas, aranceles u otro tipo de restricción que puede afectar el crecimiento de los envíos.

     

    Con base en ello, se está preparando la defensa con el objetivo de demostrar que Perú no incurre en prácticas anticompetitivas.

     

    Por su parte, los supermercados y grandes cadenas de alimentos en Estados Unidos, consideran que saldrían perjudicados en caso se opte por una medida proteccionista.

     

    La investigación tendrá un periodo de 180 días, durante el cual los países perjudicados deberán presentar su posición mediante una audiencia.

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