Elecciones 2026: ¿Quién controlará el uso de inteligencia artificial?

De cara a las elecciones generales del 2026, el avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) plantea importantes desafíos y riesgos respecto a su uso durante la campaña electoral del que será uno de los procesos más fragmentados en la historia del país.

En ese contexto, el uso de la IA presenta dos frentes. Por un lado, su uso malicioso podría distorsionar la información política, erosionar la confianza de la ciudadanía, y afectar la transparencia del proceso democrático. Y también, la IA tiene el potencial para fortalecer los procesos electorales, al ofrecer herramientas seguras, confiables y eficientes, antes, durante y después a los referidos procesos.

Según IDEA Internacional, su uso adecuado podría contribuir a la realización de comicios más justos y accesibles.

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Ante ese escenario, el presidente del Gremio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), José Antonio Casas, advierte que existen tres puntos centrales en el uso de la IA que merecen especial atención durante la campaña electoral para las elecciones 2026: los deepfakes, la manipulación de tendencias en las redes sociales y el uso de campañas hiperpersonalizadas.

En el caso de los deepfakes — contenidos falsos generados mediante IA que manipulan imagen, voz o lenguaje—, podrían utilizarse para difamar candidatos, haciéndolos “decir” o “hacer” cosas que jamás ocurrieron, generando desinformación masiva y confusión entre los votantes. “Los deepfakes erosionan la confianza en las instituciones y ciudadanos, ya que dificultan distinguir entre lo real y la manipulación”, sostiene Casas, añade que también pueden agudizar la polarización política y reducir los espacios de diálogo.

En relación con la manipulación de tendencias y encuestas en redes sociales mediante bots o sistemas automatizados, ello puede alterar la percepción pública. De igual manera, el astroturfing algorítmico, —simulación de movimientos sociales ficticios— puede generar una ilusión de apoyo o rechazo masivo. Sobre esto, Casas señala que se crea una distorsión del debate público y debilita la confianza en las encuestas reales.

Respecto a las campañas hiperpersonalizadas mediante el microtargeting, emplean grandes volúmenes de datos provenientes de redes sociales, historial de navegación, compras o registros públicos, para dirigir mensajes políticos altamente segmentados. “Estas estrategias vulneran la privacidad e inducirían al voto mediante la manipulación. Estos mensajes no son públicos ni verificables, y se ajustan al perfil emocional o ideológico del receptor”, precisa.

Sin leyes específicas

Por su parte, el líder del Centro de Transformación Digital de la CCL, Jaime Montenegro, refiere que el país no cuenta con una normativa electoral específica que regule el uso de la IA en estas elecciones 2026.

Aunque en el 2023 se promulgó la Ley N.º 31814, que promueve el desarrollo de la IA con principios éticos y su uso responsable de manera general, dicha ley aún no cuenta con reglamentación, y diversos especialistas han señalado la urgencia de establecer un marco normativo electoral específico para garantizar comicios justos.

“Si bien hay algunas propuestas en el Congreso, como el proyecto de ley que prohíbe explícitamente el uso de la IA en los procesos electorales, no se han convertido en ley. Esto significa que se enfrentará los próximos comicios sin reglas claras sobre la IA”, advierte.

Preparación institucional

Ante este escenario, tanto la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) vienen dando pasos iniciales para enfrentar estos retos.

Ambas instituciones han emitido alertas públicas, impulsando estudios y promoviendo espacios de reflexión.

Sin embargo, los representantes de la CCL, Casas y Montenegro, coinciden en señalar que aún es necesario que estas instituciones fortalezcan sus capacidades técnicas, establezcan unidades de monitoreo de redes sociales y coordinen con verificadores de datos.

Del mismo modo, señalan que la Defensoría del Pueblo debería asumir un rol clave en las próximas elecciones, recibiendo denuncias de ciudadanos afectados por desinformación con la IA.

Además, se debe exigir a las autoridades competentes acciones pertinentes y promover el respeto de los derechos políticos en entornos digitales.

Jaime Montenegro indica que, ante este panorama, es urgente que el Gobierno y el Congreso aprueben leyes que obliguen la transparencia en el uso de la IA en los procesos electorales.

Por lo tanto, precisa que la coordinación interinstitucional, las alianzas público-privadas, y las campañas educativas son claves para fortalecer la resiliencia digital de la ciudadanía.

De no hacerse, indica, que la desinformación con IA puede maximizar la desconfianza de la ciudadanía, polarizar el debate público y generar violencia o inestabilidad poselectoral.

Además, en lo económico, puede afectar la inversión y la credibilidad institucional.

Urge mecanismo de control

Con el objetivo de asegurar un proceso electoral transparente en el 2026, el presidente del Gremio TIC de la CCL, José Antonio Casas, enfatiza la necesidad urgente de establecer mecanismos de supervisión y control frente al uso malicioso de la IA durante los comicios.

En ese sentido, presenta cinco medidas claves: Primero, auditorías algorítmicas independientes: crear unidades dentro de la ONPE y el JNE para revisar códigos y sesgos en los sistemas de IA utilizados en campañas, inspirados en la Ley Europea de IA.

Segundo, regulación para deepfakes electorales: si la normativa vigente no lo ha hecho ya, se debería tipificar como delito la creación y difusión de deepfakes con contenido político, incluyendo sanciones claras y mecanismos de eliminación rápida en plataformas digitales.

Tercero, alfabetización digital ciudadana: promover programas de formación dirigidos a periodistas, docentes y ciudadanos para identificar contenidos falsos y combatir la desinformación basada en IA.

Cuarto, colaboración público-privada: establecer alianzas con empresas tecnológicas para aplicar filtros proactivos contra la desinformación y compartir alertas en tiempo real con las autoridades electorales.

Quinto, el desafío en estos próximos comicios no es solo tecnológico, sino político, ético e institucional.

Si bien la IA puede ser una aliada en el fortalecimiento democrático, su uso sin control podría amenazar la integridad del voto ciudadano.

Las elecciones 2026 se darían sin regulación de la inteligencia artificial.

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