Óscar Chávez
En un curso introductorio de economía se explican dos grandes tipos de inflación: la inflación por exceso de demanda y la inflación por empuje de costos. La primera ocurre cuando el gasto de los consumidores, empresas o el gobierno supera la capacidad de oferta de la economía, es decir, el aumento de la demanda presiona al alza los precios de los bienes y servicios.
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La inflación por empuje de costos, en cambio, surge cuando se incrementa alguno de los componentes de la estructura de costos de producción. Este aumento puede originarse en salarios, precios de materias primas, combustibles o interrupciones en las cadenas de suministro. Cuando las empresas enfrentan mayores costos, trasladan parte de ese incremento al precio final que paga el consumidor, provocando brincos en la tasa de inflación.

Durante el presente año, la economía peruana viene enfrentando una combinación de eventos que generan presiones inflacionarias de este tipo: las restricciones en el suministro de gas natural provenientes de Camisea, los efectos del Fenómeno del Niño Costero sobre infraestructura y producción agrícola, y el incremento del precio internacional del petróleo resultado del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Estos factores operan de forma simultánea, elevan costos de producción en diversos sectores productivo y terminan trasladándose al precio final de los productos.
RESTRICCIONES EN EL GNV
Uno de los eventos recientes corresponde al accidente ocurrido en el sistema de transporte de gas natural de Camisea. La deflagración registrada el 1 de marzo generó una crisis de abastecimiento de gas natural y obligó al gobierno a establecer medidas de control en el uso del recurso disponible. Según lo anunciado por el gobierno, el flujo de gas se restablecerá el 14 de marzo y para el domingo 15 la distribución quedará plenamente normalizada en Lima y Callao.
La restricción en el uso del GNV tiene implicancias directas sobre los costos de transporte y sobre algunos procesos productivos. El gas natural constituye un combustible relativamente barato que utilizan miles de unidades de transporte público, transporte de carga y empresas industriales. Ante la menor disponibilidad, muchos usuarios recurren a combustibles alternativos de mayor precio, como la gasolina o el diésel.
Esta sustitución genera un aumento en los costos de operación. Los primeros efectos ya aparecen en los fletes, en los servicios de distribución, en el transporte urbano y los precios de alimentos.
Este evento puede afectar a más del 60 % de los productos que componen la canasta de consumo de Lima Metropolitana.
El gas natural también cumple un papel importante en ciertos procesos industriales y en la generación eléctrica, lo que amplía el alcance del shock sobre la estructura de costos de la economía.
IMPACTO DE EL NIÑO COSTERO
El segundo shock relevante corresponde al Fenómeno del Niño Costero (FNC). Las lluvias intensas y los desbordes de ríos han causado daños en infraestructura clave del país, como carreteras, puentes, sistemas de riego y redes de servicios básicos.
Cuando la infraestructura de transporte resulta afectada, el traslado de productos agrícolas hacia los grandes centros de consumo enfrenta mayores dificultades. Lima, en particular, depende de un flujo constante de alimentos provenientes de diversas regiones del país. Problemas en las vías de transporte pueden generar retrasos, pérdidas de producción o incluso episodios de desabastecimiento temporal.
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En ese escenario, los precios de alimentos frescos tienden a aumentar en los mercados mayoristas y minoristas. Ya en febrero se hicieron sentir las consecuencias del FNC, la inflación ascendió a una tasa de 0.69 %, con el fuerte impulso de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas que subieron en 2,01 % con mayor incidencia en hortalizas, legumbres y tubérculos (4.63 %), leche, huevos y queso (4.15 %) y carne (4.01 %)
Este tipo de eventos climáticos han llevado a que marzo sea el mes más inflacionario del año, así ha ocurrido en los últimos diez años con la excepción de 2021.
EL FACTOR EXTERNO: AUMENTO DEL PETRÓLEO
El tercer factor proviene del contexto internacional. El conflicto entre Estados Unidos e Irán afecta una de las zonas más importantes del mercado energético mundial. Las restricciones en el estrecho de Ormuz y la reducción de la producción en la región impulsan un aumento significativo en el precio del petróleo.
El barril superó la barrera de los 100 dólares después de varios años y alcanzó picos cercanos a los 120 dólares. Este incremento eleva el costo de los combustibles a nivel global y tiene efectos directos en economías importadoras de hidrocarburos como el Perú.
El aumento del precio del petróleo repercute en los precios de combustibles, en el transporte y diversos insumos industriales. A través de estos canales, el shock externo se transmite hacia los precios locales afectando el valor de la canasta de consumo.
TRANSMISIÓN HACIA LOS PRECIOS
En síntesis, las restricciones en el suministro de gas natural provenientes de Camisea tensionan la matriz energética local; el Fenómeno del Niño Costero encarece el frente agrícola y logístico; y el conflicto en Medio Oriente eleva el componente importado de la inflación a través del aumento del precio del petróleo. Estos tres factores comparten un elemento común: todos generan presiones inflacionarias a través del canal de costos.
Este proceso se transmite a lo largo de la cadena productiva y finalmente se refleja en el precio final que pagan los consumidores. Así, la trayectoria de los precios dependerá menos de los instrumentos tradicionales de control monetario y más de la evolución de estos shocks de oferta.
EFECTO SOBRE INFLACION Y POLÍTICA MONETARIA
Bajo todas estas condiciones, la inflación del primer trimestre podría superar fácilmente el 2 %, acercándose al límite superior del rango meta anual de inflación del Banco Central de Reserva del Perú (3 %).
Como conclusión, el Perú enfrenta shocks de oferta transitorios, cuyo impacto sobre la inflación también debería tener un carácter temporal. En estas condiciones, el BCRP no tendría necesidad de modificar su política monetaria en el corto plazo, ya que una reacción excesiva podría afectar innecesariamente la actividad económica.
La respuesta de política pública debería orientarse más bien hacia el ámbito fiscal, mediante medidas de mitigación que permitan reducir el impacto sobre los hogares de menores ingresos y sobre los sectores productivos más afectados.

