El 68% de los peruanos es tolerante a la corrupción

Si bien la corrupción se ha convertido en un grave problema para los países del mundo afectando economías, familias, además de socavar democracias, en Perú su tolerancia todavía es elevada. Conforme a la XII Encuesta Nacional sobre Percepción de la Corrupción, de Proética, y encargada a Ipsos Perú, el 13% de peruanos tendría una alta tolerancia a la corrupción y un 55% una tolerancia media, es decir, que el 68% es tolerante frente a este flagelo, mientras un tercio la rechaza totalmente.

Cabe precisar que el estudio de Proética encuestó a peruanos hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles económicos, residentes del ámbito urbano y macrorregiones del país.

Cabe señalar que el 15% de los encuestados considera que si un funcionario corrupto hace buenas obras no debería ser sancionado. Asimismo, el 8% señala que es necesario algo de corrupción para poder facilitar el crecimiento de la economía y el desarrollo, mientras que un 6% piensa que es necesario algo de corrupción para agilizar trámites, y que es mejor quedarse callado ante un caso de corrupción.

El estudio también revela que la corrupción, junto con la delincuencia, son los principales problemas percibidos por los peruanos desde hace más de una década, la misma que es percibida en mayor medida en el sur y oriente del país.

Del mismo modo, más peruanos consideran que la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años, teniendo en cuenta que en 2019 la proporción eran siete de cada diez, pero para este año se ha elevado a ocho de cada diez. Además, la mitad de los encuestados considera que la corrupción aumentará en los siguientes cinco años.

Ante estos resultados, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Hernán Lanzara, consideró que la encuesta de este año, comparado con ediciones anteriores, revela un notable deterioro de percepciones y actitudes de la ciudadanía ha la prensa de investigación; incluso que alcanzan al Gobierno central y al entorno del presidente Pedro Castillo.

Lanzara expresó que la ciudadanía tiene cierta intolerancia con aquellas conductas que pueden calificarse como “gran corrupción”, la que se vincula con autoridades y corporaciones. En ese sentido, afirmó que en ningún caso se da un rechazo mayoritario y, más bien, sigue prevaleciendo una actitud ambigua, sobre todo con la denominada “pequeña corrupción”, la que se relaciona con el pago de propinas para evitar multas o para agilizar un trámite.

“Tal vez una respuesta al por qué somos así radica en que nuestra sociedad es muy desconfiada, frustrada y eso genera permisibilidad y tolerancia. Por ello, para construir un Perú íntegro es necesario desterrarla, pues la misma se traduce en complicidad”, manifestó.

El estudio de Proética revela también que, por primera vez, desde el 2004, el Gobierno central es percibido como una de las instituciones más corruptas (42%), siendo superado por el Congreso (60%), mientras que el Poder Judicial (34%) se ubica en el puesto tres.

Si bien puede parecer contradictorio, los peruanos también consideraron que algunas de estas instituciones deberían ser las más oportunas para luchar contra la corrupción. Es el caso del Poder Judicial, donde un tercio de los encuestados opina que la institución debería liderar estas acciones seguida de la Fiscalía de la Nación y el Congreso de la República. Estas cifras se han duplicado respecto a la última medición realizada en 2017.

Sobre el desempeño de las instituciones contra la corrupción, el Congreso reporta la peor calificación (83% lo evalúa mal o muy mal), seguido del Gobierno central (73%). Le siguen los partidos políticos, movimientos regionales y los gobiernos regionales. Además, para cuatro de cada cinco peruanos, el gobierno del presidente Castillo es ineficaz para luchar contra esta problemática.

¿Cómo combatirla?

Hernán Lanzara explicó que nuestro país cuenta con un marco normativo e instituciones para llevar adelante la ejecución de controles y persecución de actos delictivos. Sin embargo, resalta que lo que más necesita es voluntad política para llevar adelante una acción decidida contra este flagelo; donde las entidades responsables de la fiscalización, control, investigación y procesamiento de los casos sean diligentes y a la vez emitan de manera oportuna informes y sentencias.

Asimismo, instó a trabajar concertadamente entre todos los actores en el contexto nacional para generar una educación en valores y cultura de integridad.

Eje transversal

En esa línea, el director del Gremio de Educación de la CCL, Juan Lazarte, sostuvo que desde el sector educación se debe estructurar un eje transversal que aborde el rescate de valores, en donde deben involucrarse los padres de familia y la sociedad civil a fin de robustecer los valores en los niños y adolescentes. “Un ciudadano ejemplar no nace, se hace”, comentó.

Sostuvo que en los últimos años la escuela, principalmente pública, ha sufrido un deterioro alarmante en su calidad donde la corrupción pareciera haber perforado también a esta instancia.

“La escuela debería ser el eje transformador, pero bajo un modelo de Nueva Escuela, con docentes probos y honestos, directores eficientes y un sistema limpio y transparente, pero mientras eso no suceda seguiremos en la misma línea de colisión. Por ello, la educación en valores es un concepto crítico de cara a reducir y eliminar la corrupción imperante”, subrayó.

En ese contexto, resaltó que se debe impulsar un trabajo articulado y amplio para dar lecciones básicas relacionadas a la convivencia y al progreso social, como el respeto, la empatía, la igualdad, la solidaridad y el pensamiento crítico.