El Gobierno ha solicitado al Congreso de la República la delegación para legislar en 10 áreas, por un plazo de 90 días calendario desde que entre en vigor el Proyecto de Ley 7752/2023-PE. ¿Cuál es el proceso para que el Poder Legislativo apruebe esta delegación? ¿Habrá oportunidad de conocer el detalle de las propuestas del Ejecutivo antes de su aprobación?

Para abordar estas interrogantes, nos responde el gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Álvaro Gálvez, ofrece precisiones.

Proceso de aprobación y divulgación de propuestas del Ejecutivo

El proyecto de ley presentado el 3 de mayo último ya ha sido derivado a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que deberá debatirlo y emitir un dictamen a favor o en contra. El dictamen también puede conceder la delegación en unos temas y restringirlos en otros.

“De ser a favor, luego deberá ir al pleno del Congreso, para que sea votado. Teniendo en cuenta que ya está cerca el fin de la legislatura, todo este trámite debe ser priorizado.  Una vez aprobado, el Ejecutivo tendría 90 días para expedir las normas que está proponiendo”, detalla Álvaro Gálvez.

Sobre la divulgación de las propuestas antes de su aprobación, Gálvez expresa preocupación, dado que el Gobierno solicita autorización para emitir numerosas disposiciones, muchas de ellas en temas sensibles y que probablemente lleguen a un número cercano a 100.

“Frecuentemente, hemos visto que el proceso de emisión de decretos legislativos no es precisamente el más transparente y muchas veces la ciudadanía se entera del contenido de estas propuestas cuando ya están publicadas en el diario oficial El Peruano. Esperemos que el Ejecutivo pueda comunicar sus proyectos de ley con anticipación y sea proclive a recibir la opinión de las partes interesadas”, añade el gerente legal de la CCL.

Asegurando transparencia y participación ciudadana

Gálvez destaca que la Ley  General de Mejora de la Calidad Regulatoria y su reglamento establecen la obligación de las entidades del Poder Ejecutivo de aplicar el Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR) para la emisión de sus normas, lo cual implica una etapa de socialización de las iniciativas normativas.

“Este Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante es una herramienta fundamental que tiene como objetivo evaluar de manera anticipada los posibles efectos que una nueva normativa podría tener en diferentes ámbitos, tales como la economía, la sociedad y el medio ambiente. Este análisis es obligatorio para todos los proyectos de disposiciones normativas de carácter general en el Poder Ejecutivo, incluyendo anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos. La obligatoriedad de este análisis garantiza que las decisiones normativas estén basadas en evidencia y que se minimicen los posibles impactos negativos, promoviendo una regulación más efectiva y eficiente”, señala.

¿Cómo asegura esta ley la transparencia y la participación ciudadana en el proceso de creación de normas? Álvaro Gálvez indica que la ley establece que todas las entidades del Poder Ejecutivo deben publicar previamente los proyectos de  normas que proponen, permitiendo que los ciudadanos interesados puedan participar activamente en el proceso.

“Esta transparencia no solo fortalece la confianza pública en las instituciones, sino que también enriquece el proceso normativo con diferentes perspectivas y comentarios, lo cual puede mejorar significativamente la calidad y la aceptación de las normas. La delegación de facultades no es nunca una excepción a la transparencia y participación ciudadana”, menciona.

Propuestas de la CCL para reactivar la economía

Con respecto al Proyecto de Ley N.º 7752/ 2023-PE, el 21 de mayo pasado, la CCL presentó su análisis y comentarios al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Durante la cita, en la que participaron también otros gremios empresariales, Jaime García Díaz, director de la CCL, entregó las propuestas de nuestro gremio en los ejes de reactivación económica, sistema tributario, contrataciones del Estado, salud y arbitraje.

En materia de reactivación económica, la CCL propone que se mantenga un manejo fiscal prudente; impulsar reformas que mejoren los resultados y la ejecución de la inversión pública; apoyos financieros y capacitación para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes); y la creación de zonas francas privadas. Asimismo, propone impulsar los proyectos de inversión pública y privada, especialmente en el sector minero, así como la ejecución de los proyectos con mayor presupuesto a nivel nacional y regional.

En lo que se refiere a materia tributaria, la CCL plantea continuar con la simplificación de trámites burocráticos e impulso de la digitalización de procesos; así como que se instaure un régimen de fraccionamiento especial para el pago de la deuda tributaria y se establezca la tributación de las pequeñas empresas sobre la base de utilidades y no solo sobre ingresos. Además, sugiere el apoyo a diversas iniciativas legislativas que incentiven la exportación de servicios en sectores estratégicos como el régimen de exportación de la fabricación y maquila.

Con respecto a la seguridad ciudadana, propone la creación de una Secretaría o Subsecretaría de Seguridad Ciudadana en el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM. “Planteamos intervenciones focalizadas contra las economías ilegales e ilícitas; y la creación de una Unidad de Información en materia de extorsión en el sector aduanero, construcción y comercial, en donde se recopile la clasificación sistemática de la información procedente de las extorsiones. Todas estas acciones buscan disminuir los altos índices de criminalidad y de extorsión”, señaló Jaime García.

De otro lado, en materia laboral, el gremio empresarial propone fortalecer los espacios de amplio debate de la agenda normativa laboral y que se considere la participación de los trabajadores y empresarios, tal como el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

“Esta medida permitirá lograr soluciones concertadas en dicha materia, dotándole de la legitimidad social, principalmente en temas de interés general como la tercerización laboral, las relaciones colectivas del trabajo, la remuneración mínima vital, el proyecto de nuevo Código Procesal del Trabajo y la gestión y nueva gobernanza de EsSalud, entre otros”, indicó García Díaz.

Respecto a la Ley General de Contrataciones Públicas, la CCL propone reevaluar los artículos 74 y 86 de la autógrafa de ley que modifica la normativa vigente, por lo cual sugiere eliminar la exigencia de la contra cautela en todos los casos, sin excepción, y que se garantice que toda apelación sea resuelta por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En lo que se refiere al sector Salud, la CCL propone el cumplimiento estricto de la Ley de Contrataciones Públicas y el reconocimiento del pago parcial de compromisos contractuales en situaciones que lo ameriten.

Con relación al arbitraje, la CCL se aúna a la preocupación ante la proliferación de centros de arbitraje creados sin mayor rigurosidad y que en algunos casos incurren en prácticas indebidas. En ese sentido, propone establecer normas específicas para los arbitrajes en los que participa el Estado peruano, y que podrían contener un acápite relativo a la creación de los mencionados centros.

Finalmente, solicita la reactivación efectiva de las mesas técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por ser un valioso espacio que ha sido esencial para la resolución de problemas operativos y vitales en diversos sectores.

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