COVID-19: empresas empezarían a carecer de liquidez para cumplir compromisos de pago

Tras dos semanas de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno para frenar el avance del COVID-19, el panorama para la economía peruana es cada vez menos alentador, sobre todo con la extensión de la cuarenta por 13 días más, pues las actividades laborales también fueron suspendidas y solo operan las de primera necesidad como abastecimiento de alimentos, farmacias y los bancos. Esto ha obligado a casi todas las empresas a optar por el teletrabajo o, simplemente, detener su producción.

Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en el corto plazo los afectados serán tanto empresas como trabajadores, estimándose que alrededor de 441.000 empleos formales se encuentran en riesgo, los que corresponden a las actividades más vulnerables y los trabajadores de menor productividad.

El Iedep advirtió que en un escenario extremo de tres meses, estos pequeños negocios no puedan operar ni vender, sería imposible mantener a sus trabajadores. Por eso se observa que distintos gobiernos han optado por asumir parte de los salarios de los trabajadores, postergar el pago de las contribuciones sociales, facilitar las negociaciones laborales para reducir los costos del contrato laboral sobre todo en las actividades más vulnerables.

“Los efectos económicos del COVID-19 empiezan con una caída de la oferta, una interrupción en la cadena de suministros –provocada por el aislamiento social– y una menor disponibilidad de trabajadores. Así, dependiendo de la intensidad y duración de la pandemia, las actividades económicas y sus trabajadores, serían afectados, en tanto se perderían ingresos y hasta puestos de trabajo. Ello también ocasionaría una caída de la confianza de consumidores y empresarios, lo cual llevaría a que los hogares prefieran ahorrar y las empresas no invertir”, señaló.

En ese sentido, el Iedep advirtió que las empresas empezarían a carecer de liquidez para enfrentar sus compromisos de pago, y la demanda de sus productos se iría reduciendo.

Empleo formal sería afectado

Al cierre del 2019, el total de trabajadores formales privados en el Perú asciende a 3´815.692. El 51% de estos se dedica a la actividad de Servicios, mientras que el 16% al Comercio, el 14% a la Mafufactura y el 10% a la Agrícola, según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Con base en estos datos, el IEDEP estimó que quienes laboran en sectores de menor productividad serían los más vulnerables al impacto del COVID-19. Se trara de rubros como agricultura, comercio y servicios, principalmente, pues es más fácil que dichos trabajadores sean reemplazados.

Este efecto se daría en trabajadores con ingresos de hasta S/ 1.000 mensuales y que laboran en empresas de 1 a 10 trabajadores (microempresas). Por tanto, 441.719 (11,6%) de los asalariados formales serían afectados en el corto plazo por el coronavirus. De esta cifra, el 50,2% pertenece al rubro Servicios, el 29,3% al Comercio, el 11,4% a Manufactura y el 5,3% a Construcción.

Cabe resaltar que existe otro grupo aún más vulnerable, los trabadores informales, que hasta el 2018 sumaban 4´997.481. De estos empleados, el 45,3% labora en el rubro Servicios, el 27,1% en Comercio, el 11,3% en Manufactura y el 5,8% en Construcción.

Más del 50% de empresas es vulnerable

Por otro lado, el Iedep mencionó que en el Perú se estima que existen 2´734.619 empresas formales, las cuales poseen una tasa de mortalidad de 4,7%. De estas, el 53,9% (1´474.204) se encuentra más expuesta al COVID-19, sobre todo los rubros Comercio minorista (849.469), Servicio de comidas y bebidas (224.302) y Transporte y almacenamiento (166.241).

Finalmente, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la CCL indicó que otros sectores que se verían afectados serían Construcción, Venta y reparación de vehículos, Salones de belleza y Actividades de alojamiento. A ello se estiman más de 7 millones de negocios informales que existen en el país, de los cuales alrededor de 2,5 millones se dedican a diversas actividades exceptuando la agricultura.