El país no puede continuar avanzando hacia una segunda vuelta electoral mientras existan denuncias, apelaciones e irregularidades pendientes de resolver que hoy ponen en cuestionamiento la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
Construir una segunda vuelta electoral sobre dudas, denuncias e irregularidades que, hasta la fecha, no han sido plenamente esclarecidas por las autoridades competentes, resulta irresponsable y anti democrático.
Las graves y constantes denuncias formuladas contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), relacionadas con inconsistencias en el procesamiento de resultados, sistemas informáticos altamente cuestionados, actas observadas, las denominadas “actas fantasmas”, los cuestionamientos vinculados a la serie 900 000, así como las múltiples apelaciones y recursos aún pendientes de resolver, han generado una profunda preocupación y desconfianza en un amplio sector de la ciudadanía.
En estos momentos, la transparencia electoral no es opcional; es la base de toda democracia. Por ello, resulta indispensable que la ONPE, el JNE y la Contraloría General de la República asuman con absoluta responsabilidad histórica y democrática, el deber de esclarecer, revisar y resolver, de manera pública, técnica y transparente cada una de las denuncias presentadas antes de avanzar hacia una segunda vuelta. De lo contrario, continuará afectándose la credibilidad del proceso electoral.
El país necesita certeza, transparencia y confianza. Cada voto debe ser respetado y cada denuncia debidamente investigada antes de continuar con cualquier nueva etapa electoral, porque el Perú merece elecciones limpias, transparentes y plenamente legítimas.
LEE MÁS:
Sigue el e-Summit Perú Ecommerce 2026
