CCL advierte que se pretende imponer control de precios para educación privada

La Cámara de Comercio de Lima (CCL), expresó su preocupación y desacuerdo con el predictamen aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, que plantea “medidas excepcionales” para la educación privada básica y superior, entre ellas, el control de precios de las matrículas y pensiones por parte del Estado.

A través de cartas remitidas a la citada comisión, así como a la de Educación, Juventud y Deporte, el gremio empresarial advierte que la propuesta de ley “afecta los derechos fundamentales de “autonomía universitaria, propiedad, la prohibición de fijar precios directa o indirectamente, libertad de empresa, libertad de contratación y de la no aplicación retroactiva de las normas, tal como lo prescribe la Constitución Política vigente”.

En representación de los centros educativos e institutos de educación privados que forman parte de ella, la CCL advierte que el documento asigna a las instituciones educativas un rol que no les corresponde, pues sostiene que éstas deben garantizar el derecho a la educación, el cual, por mandato constitucional, le corresponde al Estado.

Asimismo, cuestiona que la propuesta del Poder Legislativo transgreda la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, al permitir el acceso a la información financiera de las instituciones educativas, situación que es contraria a lo dispuesto en el artículo 2, inciso 10, de la Constitución, que consagra el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, lo que incluye los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos.

La CCL añade que el predictamen también transgrede la Ley de Protección de Datos Personales al pretender que se divulgue las planillas de los trabajadores, lo cual atenta contra sus derechos a la inviolabilidad de sus documentos privados.

En sus misivas, la Cámara de Comercio de Lima sostiene que el predictamen establece obligaciones impropias porque obligaría a que las instituciones educativas convoquen elecciones para la constitución o renovación de las asociaciones de padres de familia (APAFA), una atribución que en realidad corresponde a los mismos padres.

Además, el predictamen busca otorgar al Indecopi atribuciones que no tiene por ley, como la de fiscalizar la contabilidad de los centros educativos privados, además de regular un tratamiento tributario desfasado, pues –según el gremio empresarial- las instituciones educativas privadas societarias pagan regularmente el Impuesto a la Renta.

La Cámara de Comercio de Lima subraya también que se desnaturaliza la esencia de la actividad educativa privada porque “la fijación y aprobación de los instrumentos de gestión es, por naturaleza y mandato legal, facultad exclusiva y excluyente” de ellas.

“La autonomía administrativa, económica y académica es concedida a sus promotores de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de los Centros Educativos Privados. No corresponde a las APAFAS aprobar los instrumentos de gestión de las instituciones educativas”, asevera en las cartas enviadas a los presidentes de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Luis Dioses Guzmán, y de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, José Luna Morales.

Finalmente, la CCL critica que el predictamen busque establecer un control de precios, en la medida que impone la obligación a los institutos de educación superior tecnológicos de exonerar del pago de matrícula y pensiones, lo que no solo configura un control de precios indirecto prohibido constitucionalmente, sino que establece un trato discriminatorio, también vetado por la Carta Magna, pues sólo se pretende aplicar a este tipo de instituciones de educación superior.

A ello se suma la disposición de ajustar el valor del crédito o de la pensión, lo que –a decir de la Cámara de Comercio de Lima– también configura un evidente control de precios que transgrede la libertad de empresa protegida constitucionalmente.

“Obligar a reducir el valor de las pensiones en 20%, igualmente, configura un control de precios que viola la libertad de empresa”, finalizó.