Carlos Posada: No más mentiras. La verdad de lo que sucede en Perú

English version:

Carlos Posada: No more lies. The truth of what is happening in Peru

El 7 de diciembre del año pasado, el expresidente Pedro Castillo pretendió dar un golpe de Estado, ordenando ilegalmente la disolución del Congreso de la República, la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y, a su vez, disponiendo la captura de la fiscal que lo investiga por presuntos actos de corrupción que lo comprometen directamente a él, junto a su más íntimo círculo de funcionarios y familiares.  Es desde esa fecha específica que el Perú se encuentra sometido a una ola de violencia y vandalismo que no ha sido espontánea, sino que habría sido gestada por el propio Castillo a lo largo de los 17 meses que duró su gobierno.

Ya desde el año 2022 existían amenazas propaladas por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien manifestó que “correrán ríos de sangre” en caso Castillo dejara el poder; mientras que quien en ese momento era su ministro de Trabajo, Alejandro Salas, advirtió que “la convulsión social sería tan grande que el país sería ingobernable”.

Hoy estas amenazas se han hecho realidad y empezaron inmediatamente después de la destitución de Castillo y su posterior detención en flagrancia pocos minutos después, cuando intentaba fugar rumbo a la embajada de México para solicitar asilo político.  Es a partir de ese momento que el Perú se encuentra asediado por grupos que, bajo el argumento de la “legítima protesta”, se han dedicado única y exclusivamente a cometer diariamente delitos y acciones contrarias a la ley, poniendo en riesgo la vida y la salud de millones de compatriotas peruanos, dentro de los cuales también se encuentran los efectivos de las fuerzas del orden.

Lamentablemente, muchos medios de comunicación internacionales, que gozan de amplia audiencia, han difundido versiones que en absoluto se ajustan a la realidad; en principio señalando que hubo un golpe de Estado contra Castillo, cuando todos los peruanos sin excepción fuimos testigos, en cadena nacional de radio y televisión, que fue el expresidente quien intentó dar un golpe de Estado, cometiendo graves infracciones constitucionales y delitos que lo llevaron a una inmediata vacancia por parte del Congreso. Asimismo, esos mismos medios internacionales han señalando que en el Perú existe un genocidio perpetrado por el gobierno de sucesión constitucional de Dina Boluarte; información totalmente tendenciosa y tremendamente alejada de la realidad que vivimos en el país.

Esta fábula es la que igualmente se ha repetido en varias poblaciones y regiones del Perú, especialmente del sur, donde ante una fallida estrategia de comunicación veraz por parte de las autoridades del actual gobierno, han sido fácilmente manipuladas por grupos extremistas que tienen como único objetivo la imposición de una nueva Constitución que les garantice perpetuarse en el poder.

A esto debe sumársele el descontento de décadas por la falta de atención a necesidades básicas que no han sido satisfechas por parte del Estado. Se trata de poblaciones a quienes el crecimiento económico no les ha significado la llegada del bienestar y el desarrollo, como sí ha sucedido con otros ciudadanos peruanos.

En la Cámara de Comercio de Lima queremos ser claros ante el mundo:  En el Perú no hay dictadura ni genocidio; lo que existe es la legítima defensa de un Estado democrático y la exigencia del cumplimiento de la ley, la cual se aplica frente a grupos muy bien organizados que tienen como propósito desestabilizar al país, para lo cual, en forma simultánea y planificada, han atacado aeropuertos, infraestructura pública y provocado perjuicios sustanciales a la propiedad privada, entre otros daños que diariamente nos afectan.

Tampoco puede dejar de mencionarse situaciones de extrema crueldad por parte de los mal llamados “manifestantes”, los cuales en sus actos de “protesta” asesinaron quemando vivo a un policía, el cual no tuvo opción a defenderse. Situación similar han sufrido los efectivos encargados de resguardar la seguridad de carreteras, aeropuertos e instituciones públicas y privadas, donde son atacados con explosivos, bombas incendiarias, rocas lanzadas a gran velocidad contra sus cuerpos e incluso utilizando munición cuyo uso está proscrito.

La crueldad a la que se ha llegado es tal, que producto de los bloqueos ilegales de carreteras e insania por parte de los violentistas, han muerto varios compatriotas peruanos, incluyendo niños enfermos, cuyas ambulancias no llegaron a destino al haber sido atacadas e incendiadas.

Hablemos con la verdad: no es casual que los atacantes hayan dirigido su accionar hacia objetivos estratégicos como la minería, el turismo y la agroindustria, pilares que sustentan en buena parte la economía del Perú.  De igual manera hacia cuarteles policiales, sedes descentralizadas del Poder Judicial, el Ministerio Público y las Aduanas, donde se encontraban expedientes de investigación a las mafias del contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico y la trata de personas que dominan gran parte de la zona sur andina peruana. Todos esos expedientes han sido vandalizados y quemados.

De igual manera se han atacado campamentos mineros, plantas de gas y agua potable, impidiendo que estos servicios lleguen a la población. Otro objetivo ha sido el oleoducto Norperuano, el cual ha sido cortado provocando un derrame de petróleo en la amazonia. Las brigadas enviadas a reparar el daño y frenar una mayor contaminación, han sido impedidas de llegar a la zona.

En las carreteras los bloqueos apuntan principalmente a los camiones que trasladan alimentos, medicinas y combustibles, con el claro propósito de generar necesidad y desesperación en las ciudades. Y a los pacientes que intentan atenderse en un hospital o centro de salud, los obligan a marcharse bajo la amenaza de atentar contra su integridad, así como la de los médicos y enfermeras.

Esta no es una protesta espontánea de una población impaciente. Estos son actos violentistas de carácter político, disfrazados de descontento social. Si bien es cierto que existe necesidad de cerrar las brechas en el Perú, bajo ninguna manera puede aceptarse este tipo de accionar al margen de la ley.

Es cierto que hay demandas insatisfechas, que la inequidad en la sociedad peruana es una enorme deuda que el crecimiento económico de las últimas décadas no supo o no quiso atender. Es cierto que la pandemia demostró que los cuantiosos recursos del Estado peruano no sirvieron para mejorar los servicios básicos de salud y educación; o que la desidia, la corrupción y la indiferencia, en muchos casos, ganaron la partida.

Pero todas esas falencias y justos requerimientos no pueden ser utilizados como excusa para justificar acciones ilegales y al margen de la ley, que buscan forzar un “momento constituyente” no amparado en la Constitución Política del Perú.

Si bien no hay una sola visión en esta historia, las voces que optamos por la paz y el diálogo como la de Cámara de Comercio de Lima, merecen también ser escuchadas. Ante una violencia que vocifera, que daña, nosotros queremos decir basta de mentiras, basta de acomodar la realidad a intereses personales e ideológicos. El mundo debe conocer la historia real de lo que está sucediendo en el Perú y este pequeño texto busca contribuir en ese sentido.