• Aumentan penas para robo y comercio ilegal de celulares

    La Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que, además de ello, se requiere una política pública integral, que acompañe la mejora en los procesos penales, de manera que se evite la liberación de los delincuentes, entre otras medidas.

    30 de Octubre del 2023
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    Por Álvaro Gálvez Calderón

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    En un esfuerzo por abordar el creciente problema del comercio ilegal de celulares y delitos relacionados en el Perú, se han introducido modificaciones al Código Penal, a través del Decreto Legislativo 1578, publicado el 18 de octubre de este año. Estas enmiendas tienen como objetivo reforzar la lucha contra estas actividades ilícitas que han estado afectando tanto a la sociedad como a la economía del país. En este artículo, examinaremos las principales modificaciones y sus implicaciones.

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    Las modificaciones claves:

    Robo de celulares: el hurto de equipos, terminales móviles, teléfonos celulares y dispositivos de telecomunicaciones ahora conlleva penas de prisión que van desde 12 a 20 años. En casos de robo agravado, que involucra explosivos o vehículos motorizados, las penas aumentan a un rango de 20 a 30 años. Si el robo se comete como parte de una organización criminal o resulta en muerte o lesiones graves, la pena se convierte en cadena perpetua.

    Receptación: se incurre en receptación, cuando el agente pone para la venta, ayuda a negociar, comercializa, desensambla o utiliza, un bien o sus partes, de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito. Aquellos que comercialicen bienes robados o sus partes, sabiendo o debiendo presumir que provienen de un delito, se enfrentarán a penas de prisión de dos a cuatro años y con 30 a 90 días-multa, además de la inhabilitación. Lo mismo se aplica a quienes proporcionan documentos para ocultar el origen ilícito de un bien.

    Clonación o adulteración: la alteración o duplicación de números de líneas, identificadores de tarjetas SIM, identificadores de la Identidad Internacional del Abonado Móvil o del IME o MAC, y otros dispositivos similares, resultará en penas de prisión de cuatro a seis años con 60 a 365 días-multa.

    Posesión ilegítima de SIM CARDS:

    Proveer, comercializar o facilitar la adquisición de Tarjetas SIM activadas con intención delictiva conlleva penas de prisión de uno a cuatro años y la inhabilitación. La adquisición o posesión de Tarjetas SIM activadas con la finalidad de favorecer delitos resulta en penas de prisión de tres a seis años.

    Comercialización con IMEI alterado, reemplazo o duplicado: El que tenga bajo su disposición, en exhibición para su distribución, o para la venta o comercialización, equipos terminales móviles, número de línea, o de serie electrónico o mecánico, o de IMEI lógico o físico, alterado, reemplazado, duplicado o de cualquier modo modificados, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, e inhabilitación.

    El impacto económico de la inseguridad en el Perú

    La inseguridad en el Perú representa un costo significativo para la economía, equivalente al 3 % del Producto Bruto Interno (PBI), según refirió el ministro del Interior, Vicente Romero, en el “V Foro internacional de seguridad ciudadana y empresarial” de la CCL, realizado el 28 de septiembre de este año.

    Este alto costo ha llevado a empresarios y emprendedores a asumir gastos considerables para implementar medidas de seguridad y contratar personal de vigilancia para proteger sus negocios.

    En este mismo sentido, en el 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) refirió que la delincuencia conlleva costos individuales y sociales como la pérdida de vidas, seguridad, propiedad, productividad. Y la delincuencia violenta es uno de los principales problemas de América Latina y el Caribe, ello porque la región tiene el 9 % de la población mundial y el 33 % de sus homicidios. 

    Robos de celulares en el Perú

    En agosto de 2023, el diario La República publicó que en el primer trimestre 2023 se cometieron 26 652 robos en el país, promediando 296 robos diarios. Respecto de cifras oficiales, el Instituto Nacional de Estadística (INEI), en el periodo de noviembre 2022 a abril 2023, da cuenta que, en dicho semestre a nivel nacional, 12 por cada 100 habitantes fueron víctimas de robo de dinero, cartera o celular.

    Por otro lado, según la información publicada en junio de 2023 por el diario El Comercio, en Perú son robados 200 celulares por hora, esto es, 4,800 al día, lo cual arrojaría un total anual de más de 1 752 000 hurtos o robos de teléfonos móviles.  Esta información refleja que hay un alto porcentaje de delitos que no se denuncian.

    Según el referido reporte del INEI, a nivel urbano, los hechos no han sido denunciados principalmente porque “es una pérdida de tiempo” (40,2 %) o porque se “desconoce al delincuente” (19 %).

    El alto índice de delitos patrimoniales como robos o hurtos puede ser síntoma de una falencia en el sistema procesal penal que termina liberando a los delincuentes, o porque las penas no son lo suficientemente severas. Asimismo, se debería a que los malhechores cometen delitos porque no son denunciados, investigados o perseguidos judicialmente y/o por la poca presencia policial en las calles.

    Opinión

    Si bien consideramos que corresponde la modificación de los tipos penales y el aumento de penas en delitos contra el patrimonio, de manera proporcional a la peligrosidad y daño en la sociedad que producen, también somos conscientes de que el solo aumento de penas no es suficiente para frenar o disminuir la comisión de los delitos.  En ese sentido, se requiere una política pública integral, que acompañe la mejora en los procesos penales y la adecuada coordinación entre los distintos actores, Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio Público y Poder Judicial, de manera que se evite la liberación de los delincuentes y se realicen actuaciones céleres, respetando las garantías del debido proceso. 

    Software smartphone Switch Kill: Si bien las penas se han elevado para el que vende, ayuda a negociar, comercializa, desensambla o utiliza celulares o sus partes de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, así como para los que cometen el robo del dispositivo, no deja de ser menos cierto que el celular, aun robado, y circulando en un mercado informal, mantiene sus principales características y, por tanto, cuenta con un valor importante en el mercado negro.

    Una alternativa para concluir con los delitos que involucran celulares inteligentes o smartphones es facilitar el uso de software que los haga inoperativos e inútiles para cualquier uso, como es el caso del software smartphone kill switch, que permite a sus propietarios inutilizar los dispositivos de forma remota, si se pierde o es robado, mediante un llamado “interruptor de la muerte”, con lo que podría disuadirse el robo. Desde 2015, la función se hizo obligatoria en California y Minnesota, sumándose posteriormente otros estados de los Estados Unidos.

    La revista PC World desde 2014 daba cuenta de que Apple ya contaba con el software Smartphone kill switch y que Google lo implementaría al año siguiente. Su implementación se debió a los requerimientos a las empresas de telecomunicaciones de parte de los funcionarios de Estados Unidos, porque en esos últimos años el número de robos violentos de teléfonos inteligentes en las calles de las principales ciudades de ese país había ido en aumento y uno de cada tres robos involucraban estos celulares.

     

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    “Perú es un país seguro para hacer negocios”

     

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    La Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que, además de ello, se requiere una política pública integral, que acompañe la mejora en los procesos penales, de manera que se evite la liberación de los delincuentes, entre otras medidas.

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