Ante la amenaza de la corrupción: “La transparencia es clave para la legitimidad democrática”
La transparencia no puede entenderse como un accesorio, sino como una condición fundamental para la legitimidad democrática, destacó el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Hernán Lanzara, en el Encuentro Internacional “Enfrentando la Corrupción en el Nuevo Marco Político y Económico Regional” organizado por el referido grupo de trabajo el último 27 de mayo.
En ese sentido, advirtió que las políticas de transparencia han sido desplazadas progresivamente, bajo argumentos como la preservación de la gobernabilidad, el fomento de la inversión o la seguridad nacional, y desde su perspectiva, ese desplazamiento o postergación erosiona un principio esencial: el derecho de los ciudadanos al control y la rendición de cuentas.
Por ello, resaltó, la necesidad de asumir un compromiso compartido ante una amenaza persistente: la corrupción. Indicó que este fenómeno no se presenta como un riesgo anecdótico o episódico, sino como una responsabilidad indivisible que compromete a todos los actores: Estado, empresa y ciudadanía, en la tarea de garantizar la democracia y asegurar un futuro con oportunidades sostenibles.
“El sector privado tiene un papel ineludible en la transformación institucional que el país necesita, y las cámaras empresariales deben actuar como líderes efectivos de ese cambio, no solo con declaraciones, sino con hechos, tecnologías aplicadas, mecanismos de financiamiento ético y compromisos sostenibles”, mencionó.
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Panel I: “Índice de percepción de la corrupción: Retos y buenas prácticas en la lucha contra la corrupción, economías ilegales y daño ambiental”
En el referido foro internacional, se analizaron los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, así como se discutieron su vínculo con las economías ilegales y se reflexionó sobre la necesidad de promover reformas concretas.
Sara Farfán, integrante de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL
• Actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando no solo afectan la economía, sino que financian campañas políticas y distorsionan las regulaciones.
• Las redes ilegales han penetrado sectores del aparato estatal y territorial, debilitando el Estado de derecho. En el 2023, las economías ilegales generaron alrededor de US$ 1 800 millones, lo que equivale al 4 % del PBI nacional.
• El Índice de Percepción de la Corrupción no debe ser entendido como un dato aislado, sino como una herramienta de reflexión institucional.
Luciana Torchiaro, Consejera Regional para América Latina y el Caribe de Transparency International
• Los países con mejores puntajes en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024: Uruguay, Canadá y Barbados, muestran democracias consolidadas, mientras que Haití, Nicaragua y Venezuela reflejan los niveles más altos de percepción de corrupción.
• Existe una relación directa entre calidad democrática y bajos niveles de corrupción: las democracias sólidas promedian 73 puntos, mientras que los regímenes autoritarios apenas alcanzan 33.
• El caso de Uruguay, es un ejemplo positivo, destacan su fortaleza institucional, respeto a las libertades y un sistema de contrapesos eficaz. En contraste, son preocupante los niveles elevados de corrupción en otros países donde se ha debilitado la democracia, abriendo paso a economías ilícitas.
Director Ejecutivo de Proética, José Elice
• Perú mantiene una tendencia descendente en el Índice de Percepción de la Corrupción y que, a pesar de iniciativas normativas, los resultados no muestran mejoras.
• Muchos empresarios desconocen los marcos anticorrupción, aunque reconoció una movilización creciente desde el sector privado. Planteó que el verdadero problema es estructural: una ética pública debilitada, control institucional deteriorado e interferencias entre poderes del Estado.
• En relación con el proceso electoral de 2026, planteó que la corrupción debe ocupar un lugar central en el debate público. Propuso la suscripción de pactos éticos vinculantes entre partidos y candidatos, que no sean simbólicos, sino verificables y exigibles tras las elecciones.
Panel II: “Medidas de la administración Trump y su efecto en la lucha contra la corrupción y la economía regional”
Las intervenciones coincidieron en que el escenario internacional ya no ofrece las garantías para sostener la lucha contra la corrupción en países con estructuras débiles.
Mercedes Araoz, economista
• El cambio de enfoque en la política exterior de EE.UU., bajo la presidencia de Trump, ha modificado sustancialmente las relaciones internacionales.
• El referido cambio de enfoque ha desestabilizado instituciones globales, y por ende expresó inquietud por la flexibilización de los marcos legales anticorrupción como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), lo que debilita los controles sobre las operaciones de empresas multinacionales.
• Advirtió que estas decisiones afectan los derechos fundamentales vinculados a la defensa legal y la libertad académica, particularmente cuando se restringe la actividad de estudios jurídicos. Aráoz hizo énfasis en las consecuencias para países como Perú, donde la fragilidad institucional aumenta la dependencia de programas internacionales como los de USAID.
Stephen McFarland, exembajador de los Estados Unidos
• La lucha contra la corrupción perdió relevancia como prioridad en la agenda exterior estadounidense, teniendo en cuenta que se redujeron capacidades de investigación, se destituyeron inspectores generales y se desactivaron mecanismos de rendición de cuentas.
• Alertó también sobre el impacto global de esta retirada institucional. En particular, para países como Perú, donde la cooperación estadounidense ha sido crucial para fortalecer capacidades estatales. Sostuvo que este repliegue crea vacíos normativos y políticos que podrían ser aprovechados por actores con agendas contrarias a la democracia.
• Subrayó la necesidad de respuestas internas por parte de la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector empresarial, ante un escenario de debilitamiento de las herramientas tradicionales de cooperación internacional.
José Ugaz, exprocurador anticorrupción
• Informó sobre el desmantelamiento de unidades del Departamento de Justicia, como la dedicada a la lucha contra la cleptocracia, y el traslado de agentes del FBI a tareas migratorias.
• Usaid reducirá su personal de 10 000 a 290 personas, lo que implica la suspensión de más de US$ 600 millones en programas de gobernanza y transparencia en América Latina.
• Advirtió que, para países como Perú, la desactivación de estos mecanismos representa un riesgo elevado de impunidad y es que muchas investigaciones locales han dependido del soporte técnico y financiero de agencias internacionales.
Panel III: “El techo del crecimiento: Cómo las economías ilegales, la corrupción y el lavado de dinero obstaculizan el futuro económico de Sudamérica”
Jaime García, director de la Cámara de Comercio de Lima
• El crecimiento sostenido del crimen organizado ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una amenaza estructural en América Latina, afectando incluso a países antes considerados seguros.
• Refirió que esta expansión está acompañada de un deterioro institucional y de la debilidad de los sistemas judiciales, que no cuentan con los recursos ni el liderazgo político necesario, para hacer frente a redes criminales transnacionales.
• En relación con el Perú, advirtió la falta de liderazgo político y de una estrategia institucional clara. Frente a ello, destacó la importancia del sector empresarial y de la sociedad civil en la promoción de la integridad, la adopción de códigos de ética y la vigilancia activa sobre las decisiones públicas.
Lucía Nuñovero, especialista en Políticas de Justicia Criminal
• Hay que reorientar las estrategias públicas hacia una cooperación regional sostenida, que articule políticas de seguridad con mayor alcance. Afirmó que, si las limitaciones son significativas dentro de cada país, estas se amplifican al intentar coordinar acciones entre Estados que enfrentan desafíos comunes, pero actúan de forma aislada.
• Hizo un llamado a repensar la arquitectura institucional de seguridad y justicia en América Latina, resaltando que, sin un sistema de sanciones funcional, sin instituciones confiables y sin mecanismos de cooperación internacional, la respuesta al crimen organizado seguirá siendo insuficiente.
Lucía Dammert, profesora en la Universidad de Santiago de Chile y especialista en Seguridad Ciudadana
• La lucha contra el crimen organizado no puede seguir siendo un esfuerzo aislado ni reactivo, sino que requiere una respuesta articulada entre Estado y sector privado.
• En el caso peruano, señaló que las economías ilegales no se reducen al narcotráfico. Mencionó el contrabando, la extorsión, la minería ilegal, el tráfico de bienes falsificados y la trata de personas como mercados que han adquirido relevancia económica.
• Indicó que, en varias regiones del país, estos mercados se desarrollan sin generar violencia explícita, lo que dificulta su visibilidad y control. Advirtió sobre un “equilibrio criminal” en zonas donde estructuras ilícitas conviven con actores políticos y no se manifiestan necesariamente en altos índices de homicidio.
Conclusiones del encuentro internacional “Enfrentando la corrupción en el nuevo marco político y económico regional”
• La corrupción es estructural y está vinculada a economías ilegales.
• El debilitamiento del Estado de derecho es un riesgo estructural.
• El crimen organizado sustituye al Estado en territorios abandonados.
• Existe una brecha entre el marco normativo y su implementación.
• El sistema judicial carece de recursos y enfrenta presiones políticas.
• La desconfianza ciudadana erosiona la cohesión institucional.
• La tolerancia cultural a la corrupción dificulta la reforma.
• El retiro del liderazgo anticorrupción de Estados Unidos genera mayor vulnerabilidad.
• La cooperación internacional ya no es suficiente.
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