Alcalde de Trujillo exige aprobar ley de terrorismo urbano tras crimen en Pataz
El alcalde de Trujillo advierte que la violencia ligada a la minería ilegal podría expandirse por el norte del país si el Congreso no aprueba con urgencia la ley de terrorismo urbano.
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Frente al reciente hallazgo de 13 trabajadores mineros asesinados en Pataz (La Libertad), el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, alzó la voz para exigir acciones concretas contra el crimen organizado. Enfatizó la necesidad de que el Congreso apruebe con urgencia la ley que propone tipificar como “terrorismo urbano” delitos como la extorsión y el sicariato.
“La situación ha sobrepasado todos los límites. Lo ocurrido en Pataz no tiene precedentes recientes en el norte del país. No podemos seguir esperando”, declaró Reyna, mostrando su preocupación ante la posibilidad de que esta violencia se extienda a otras provincias, incluida Trujillo.
Apoyo a la propuesta del Ejecutivo
El pronunciamiento del burgomaestre trujillano coincide con el reciente mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte, quien anunció una propuesta legislativa enfocada en el combate frontal contra el crimen organizado, incluyendo la figura legal del terrorismo urbano.
Reyna saludó esta iniciativa y pidió que no se quede solo en palabras. “Si hay puntos que mejorar, que se ajusten. Pero lo importante es que la ley se apruebe ya. No podemos seguir siendo testigos pasivos de la violencia”, remarcó.
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Asimismo, el alcalde explicó que varios asesinatos recientes en Trujillo estarían relacionados con la minería ilegal, lo que demuestra que esta problemática no es un hecho aislado ni exclusivo de Pataz. Por eso, insistió en que las autoridades deben actuar con decisión para evitar que el crimen organizado siga avanzando.
También recordó que desde el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec), que él preside, se ha pedido formalmente que los delitos de sicariato y extorsión sean considerados actos de terrorismo urbano. Esta calificación permitiría un enfoque más severo y efectivo desde el Estado.
Finalmente, Reyna hizo un llamado directo al Congreso y al Ejecutivo:
“Las autoridades nacionales tienen la palabra. El pueblo necesita respuestas, y las necesita ahora.”
La población de Trujillo, al igual que muchas regiones del país, espera que este tipo de propuestas se conviertan en leyes que devuelvan la seguridad y la paz a las calles.
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