• Agenda pendiente para la reactivación

    La CCL sostiene que es importante estudiar la posibilidad de una reducción del IGV, pues se trata de un impuesto reaccionario que afecta a los más necesitados.

    9 de Noviembre del 2020
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    Por Erika López

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    La pandemia de la COVID-19 ha revelado muchas carencias que nuestro país debe corregir y, a punto de iniciarse el proceso electoral que nos llevará a elegir al próximo presidente de la República, cabe preguntarse cuál es la agenda pendiente que se tiene, no solo para resolver la emergencia sanitaria que vivimos, sino también para revertir la crisis económica que ha generado desempleo y el incremento de la pobreza.

     

    En ese sentido, desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL) presentamos los principales temas que debería abordar la agenda de nuestras próximas autoridades en materia laboral, tributaria, educativa y de salud, a fin de mejorar la situación del país y de los peruanos.

     

     

    Según el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, Mario Pasco, una de las principales dificultades que debe enfrentar el nuevo gobierno es la creación de puestos de trabajo y para conseguir dicho objetivo el elemento central a lograr es la inversión.

     

    “Sin emprendedores y empresarios que apliquen capital a un proyecto no habrá empresa o desarrollo de estas, y, por lo tanto, no se tendrá empleo ni crecimiento”, subraya.

     

    Recuerda que, lamentablemente, en las últimas décadas se ha creado un entorno que no favorece al contrato de trabajo formal, sino que lo llena de inconvenientes y riesgos. 

     

    “Casi todos los cambios, en lo que va del milenio, han puesto mayores costos sobre el contrato formal y han generado pérdida de manejo de la empresa para el empleador”, detalla.

     

    Los riesgos se multiplican

    Asimismo, Pasco refiere que el instrumento más inmediato y simple para agilizar las trabas –aunque de modo transitorio– es la facilitación de la contratación a plazo fijo durante la época de reactivación.

     

    “De ese modo, durante un horizonte limitado de algunos años, el inversor podrá tener la tranquilidad de que el compromiso laboral que asume al crear el puesto de trabajo no es perenne, y que puede ser retraído en caso las circunstancias económicas o del mercado lo exijan”, detalla.

     

    Sostiene que, en una emergencia como la actual, las oportunidades crecen, pero los riesgos se multiplican exponencialmente. “Si el Gobierno tiene la intención de coadyuvar a la reactivación –y estamos seguros de que la tiene– debe utilizar los mecanismos a su alcance para limitar esos riesgos y potenciar las oportunidades.

     

    Un mecanismo transitorio de contratación a plazo fijo con requisitos reducidos de modo sustancial sería un buen paso en esa línea”, enfatiza.

     

    Reforma tributaria integral

    Para el presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, Leonardo López, toda crisis es siempre una oportunidad para mejorar y hay espacio para hacer una reforma tributaria integral, es decir, en todo el sistema tributario.

     

    Explica que la política tributaria deber ser promotora del crecimiento y del desarrollo, donde se privilegie eficiencia, equidad y predictibilidad, que en suma, otorgue seguridad jurídica a los actores generadores de riqueza (empresarios y trabajadores), a través de normas claras, sencillas y una justicia tributaria imparcial, simétrica y sobre todo célere. 

     

    “No es posible que a la fecha existan controversias tributarias con más de 10 o 15 años sin resolverse. Este último tema debería abordarse de inmediato, mediante mecanismos que ofrezcan a los contribuyentes reducir la deuda tributaria contingente a cambio de que desistan de seguir peleando. Todos ganan. El Estado recauda importes que a lo mejor nunca podría recaudar, el contribuyente elimina una contingencia que puede durar años y se reduce la litigiosidad y, por tanto, el costo de administrar justicia”, detalla.

     

    Asevera que un tema que debería evaluarse es la reducción de la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV), pues se trata de un impuesto que afecta a los que más necesitan; refiere que ello debería ir aparejado con mecanismos para ampliar la base tributaria y una tributación sobre el capital que pueda ser proporcional a la tributación sobre las rentas del trabajo.

     

    López afirma que el país tiene regímenes especiales como el Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo Rus) o el Régimen Especial del Impuesto a la Renta que son destinados a las micro y pequeñas empresas, los cuales, lejos de haber contribuido a eliminar la informalidad, la han incrementado, básicamente porque son regímenes que fomentan el enanismo empresarial, pues se privilegia la tributación sobre ingresos y no sobre utilidades (resultados). 

     

    “Deberíamos pensar en cómo hacer para que las micro y pequeñas empresas se unan y sean más grandes para producir mayor valor y no solo subsistir”, subraya.

     

    Asimismo, afirma que se tiene una serie de impuestos que afectan innecesariamente la liquidez de las empresas, como es el caso del Impuesto Temporal a los Activos Netos o el mismo Impuesto a las Transacciones Financieras, que si bien sirven para obtener información de las operaciones bancarias, López indica que al menos debiera ser un crédito tributario.

     

    También menciona que hay instrumentos de recaudación que obligan a las empresas a tener que destinar recursos para cumplir con las obligaciones que suponen tales mecanismos, como es el caso de los regímenes de detracción, de percepción y de retenciones, sin que ello suponga ningún retorno hacia los contribuyentes.

     

    “Me refiero a que, por ejemplo, los contribuyentes podrían tener algún tipo de crédito tributario por haber coadyuvado a la Administración en su fin recaudador”, puntualiza.

     

    Reforzamiento de la educación

    Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación de la CCL, Ramiro Salas Bravo, afirma que luego de esta crisis sanitaria, el Gobierno debe implementar en forma muy rápida el reforzamiento de la educación básica, tomando como punto de partida la educación preescolar.

     

    Señala que la pandemia ha traído como consecuencia el adelanto masivo de la educación virtual algo que “que llegó para quedarse” pese a que –según Salas– se vuelva a las aulas, en la medida que este retorno a la nueva normalidad siempre tendrá un componente semipresencial, especialmente para los niveles avanzados de la educación, pues la virtualidad significa ahorro de tiempo, energía, además de otras ventajas.

     

    En ese sentido, indica que el Gobierno debe reformular los conceptos de la educación primaria, preparando a los escolares desde muy temprana edad con la participación de los mejores maestros, los cuales deben ser altamente calificados y especialistas en la enseñanza de los primeros años, de tal modo que los adolescentes lleguen al nivel secundaria mucho mejor preparados.

     

    También refiere que es importante incrementar de forma sustancial los recursos financieros para solventar la impostergable necesidad de este cambio en el sector, ya que actualmente el Perú es el país en América Latina con el menor porcentaje del PBI destinado a la educación.

     

    “Perú, con sus 32 millones de habitantes, tiene un escaso 3,8% de su presupuesto nacional para educación, frente a todos los demás países, como, por ejemplo, Chile que, siendo un país con menos habitantes que nosotros, tiene un mayor presupuesto para invertir en este sector”, puntualiza.

     

    Salas concluye que con un mejor presupuesto se podrá brindar una mejor estructura del sistema educativo e infraestructura, una que esté acorde al desarrollo formativo que los peruanos deben tener.

     

    Cambiar el modelo de atención en salud

    La salud es un tema pendiente y urgente de resolver y eso es lo que se ha evidenciado con la crisis sanitaria. En esa línea, el presidente del Gremio Salud de la CCL, Sandro Stapleton, asegura que el siguiente Gobierno tiene que resolver la creciente demanda de este sector, pues el actual, a través de una norma, incrementó de un día para otro la cantidad de personas que tendrían atención sanitaria, incluyendo a casi 22 millones de peruanos, pero sin mejorar el presupuesto del sector para atenderlos.

     

    “Esta situación complica a las personas en pobreza y pobreza extrema que eran los usuarios de este sistema y llegaban a alrededor de 6 millones antes de la pandemia. Esto genera un problema porque se termina teniendo un sistema que no les puede dar una atención de calidad”, refiere. 

     

    Precisa que también se tendrán que resolver las carencias que se han evidenciado con la crisis, no solo en enfermedades infecciosas, sino de dolencias crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión y obesidad.

     

    “Se va a tener que trabajar mucho en los problemas de salud mental que venimos arrastrando y se han incrementado con esta cuarentena, sin duda, es una gran preocupación”, subraya Stapleton. De igual forma, apunta que es necesario cambiar el modelo de atención poniendo en el centro al paciente, reforzar la prevención y no ser reactivo cuando ya es más costoso brindar una solución.

     

    “Los acuerdos de prestaciones recíprocas tienen que tener contratos claros y funcionar para que todos los ciudadanos se puedan atender en todos los hospitales y luego las instituciones puedan cobrar lo que les corresponde sin problemas”, agrega.

     

    Por último, Stapleton menciona que hay dos objetivos que están relacionados directamente con la salud y que tienen que ser prioridad en los próximos cinco años: primero, asegurar el acceso a saneamiento básico al 100% de los peruanos y, segundo, la reducción del hacinamiento para evitar los contagios de cualquier otra enfermedad que se pueda presentar.

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