La vivienda será uno de los principales desafíos económicos y sociales que enfrentará el próximo gobierno. Actualmente, el mercado inmobiliario formal solo logra abastecer cerca del 49 % de la demanda anual de vivienda, una brecha que continúa impulsando la expansión de la informalidad urbana y, por ende, el sobreprecio para millones de familias.
Durante una conferencia de Inversiones.io, Ricardo Díaz, exgerente de Proyectos del Fondo Mivivienda, señaló que el Perú mantiene un déficit habitacional de aproximadamente 2 millones de viviendas. De ese total, 587 000 corresponden al déficit cuantitativo, es decir, familias que no tienen acceso a una vivienda adecuada.
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“El país genera alrededor de 100 000 nuevos hogares cada año, pero la oferta formal apenas alcanza las 49 000 viviendas. Eso significa que el mercado solo está atendiendo aproximadamente la mitad de la demanda anual y que el resto termina buscando soluciones informales”, explicó Díaz.
El especialista señaló que revertir esta situación requerirá convertir la política de vivienda en una prioridad nacional durante el próximo quinquenio. Actualmente, además de atender la demanda de los nuevos hogares que se forman cada año, el país debe empezar a reducir una brecha acumulada durante décadas. Para ello, estimó que el Perú necesitaría incrementar progresivamente su capacidad de producción hasta alcanzar alrededor de 200 000 viviendas formales por año, aproximadamente cuatro veces la oferta actual.
Ricardo Díaz, exgerente de Proyectos del Fondo Mivivienda
La informalidad y su elevado costo económico
La insuficiente oferta formal ha favorecido el crecimiento desordenado de las ciudades. En algunos distritos periféricos de Lima, hasta el 93 % de la expansión urbana se ha desarrollado de manera informal, mientras que apenas el 7 % corresponde a urbanizaciones planificadas. Además, la falta de acceso a vivienda formal también incrementa significativamente el costo de vida de las familias.
Mientras un hogar conectado a la red pública paga alrededor de S/3 por metro cúbico de agua, los que dependen de camiones cisterna desembolsan aproximadamente S/17 por metro cúbico, es decir, 5.7 veces más por un servicio de menor calidad. Asimismo, la expansión urbana desordenada incrementa el costo que posteriormente debe asumir el Estado.
Las estadísticas muestran que 63 % de las familias asentadas en zonas informales espera más de diez años para acceder a electricidad, 65 % demora ese mismo tiempo para contar con agua potable y 64 % tarda más de una década en obtener servicios de alcantarillado.
Vivienda como motor de crecimiento
Para Díaz, el próximo gobierno deberá entender que la vivienda no solo constituye una política social, sino también una herramienta de desarrollo económico. “La construcción formal genera empleo, moviliza la inversión privada, dinamiza la industria de materiales, fortalece el sistema financiero y reduce los costos futuros que el Estado debe asumir en infraestructura, salud y seguridad”, sostuvo.
En ese sentido, indicó que será indispensable fortalecer la rectoría del Ministerio de Vivienda, simplificar los procesos administrativos para el desarrollo de proyectos, ampliar el acceso al financiamiento habitacional, impulsar una política eficiente de gestión del suelo y reforzar las acciones para combatir el tráfico ilegal de terrenos.
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