Juan Huertas Ramos
América Latina (AL) ofrece un entorno económico complejo. Además, presenta un problema de cargas que no siempre se asumen de forma equiparable entre gobiernos y sector productivo. En el caso de reactivación económica, esta recayó exclusivamente sobre el sector productivo, que está compuesto en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)
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El sector productivo ha retomado sus operaciones, pero pareciera que los gobiernos no han hecho su tarea de la mejor manera. En materia de crecimiento económico, el Banco Mundial (BM) prevé que la economía de la región crecerá 2.1 % en 2026 y 2.4 % para 2027.
A esto se suman barreras al acceso al crédito, lo que se materializa en escasez y el alto costo del capital. En el mediano plazo, esto condiciona los planes de inversión y crecimiento empresarial. El BM agrega que “la débil demanda externa y las presiones inflacionarias derivadas de la incertidumbre geopolítica” condicionan el entorno de la región. Dicha incertidumbre afecta la inversión privada, y por esta vía, la generación de empleo y el financiamiento de las arcas del Estado.
Adicionalmente, la alta informalidad económica continúa sin política alguna que logre efectivamente el tránsito hacia la formalidad. Por si fuera poco, la complejidad burocrática, la inseguridad ciudadana y la debilidad de la institucionalidad pública poco contribuyen al dinamismo económico. Todos estos elementos configuran un entorno restrictivo para las Mipymes.
Así las cosas, y de acuerdo con el BM, la región debería enfocarse en crear empleos de calidad para generar crecimiento económico sostenible y aumentar la productividad. Sin embargo, el contexto macroeconómico de la región parece bastante retador, así como la estructura de las finanzas públicas. Así lo muestra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2026, al referir que la inestabilidad geopolítica global y los desequilibrios fiscales presionan las economías internas.
TRAMPAS DEL DESARROLLO
La CEPAL advierte que AL “enfrenta trampas al desarrollo” y que para superarlas se deben fortalecer las estructuras fiscales y los sistemas tributarios. Estos financian el desarrollo productivo, inclusivo y sostenible, bajo la premisa de un gasto público eficiente y de calidad.
Cabe mencionar que las trampas del desarrollo, que son estructurales, han condicionado grandemente la sobrevivencia de las Mipymes. Entonces, la hoja de ruta propuesta por el BM indica que la acción pública debe orientarse a mejorar las habilidades asociadas al emprendimiento y la gestión empresarial, aumentar la apertura comercial y fortalecer las instituciones públicas.
En síntesis, el entorno económico en la región es complejo para las Mipymes, aunque no puede asegurarse que sea hostil, pues todavía queda espacio para la iniciativa privada. Más allá de las condiciones del entorno y las presiones externas —geopolítica, incertidumbre o crisis fiscales—, el desbalance de responsabilidades dentro del sistema económico afecta la resiliencia económica de la región.
EL PESO DE LA MALETA
En la práctica, se espera que el sector empresarial impulse la reactivación económica, y que el Estado acompañe el ímpetu privado. Se requieren políticas públicas alineadas con el incremento de la productividad, la generación de empleo, la disciplina fiscal, el acceso al crédito y la inversión privada. No obstante, la realidad es que la responsabilidad de cargar la maleta del dinamismo económico recae exclusivamente sobre las Mipymes. Cabe preguntarse, ¿acaso el Estado no debería aliviar la carga del sector productivo? Sea como sea, no puede dudarse que tanto sector productivo como administración pública son agentes clave de la reactivación económica de la región, pero se requiere que vayan en la misma dirección. El costo de no hacerlo será la pérdida de condiciones para el desarrollo de la región.
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