Pedro Cateriano: Conozca los objetivos para la lucha contra la corrupción

El Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se presentó ante el Congreso de la República para solicitar el voto de investidura. Por este motivo, brindó un discurso que dividió en 5 objetivos de trabajo:

• Continuar la lucha frontal contra la pandemia, priorizando la salud de todos los peruanos.

• Crear las condiciones para relanzar nuestra economía y reactivar el aparato productivo, con énfasis en la recuperación del empleo digno.

• Seguir apoyando la educación en todos sus niveles, y así asegurar la continuidad del proceso educativo de nuestros niños y jóvenes.

• Seguir con la lucha contra la corrupción y la delincuencia.

• Garantizar que se lleven a cabo elecciones libres, neutrales y democráticas en 2021.

4. Lucha contra la corrupción y la delincuencia

Uno de los atributos de nuestra sociedad es su capacidad de vivir en paz, respetando las reglas de convivencia que la norman. En esta coyuntura tan especial, en esta etapa como consecuencia de la crisis económica, haremos todo aquello que sea necesario para preservar la tranquilidad ciudadana en todo el territorio nacional. Por ello, en la lucha contra la delincuencia, requerimos de más efectivos.

Para el presente año, se ha previsto el alta excepcional de 187 cadetes de la Escuela de Oficiales y 4.955 alumnos de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuyo presupuesto asciende a 96 millones de soles. Ellos serán asignados a 133 comisarías de zonas de mayor incidencia delictiva. Todo para fortalecer la presencia policial en las calles.

Además, en enero de 2021, se espera el egreso de 300 alumnos de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP.

Por otro lado, mediante el Plan Fortaleza 2020, hemos realizado más de 40 mil operativos policiales en todo el país, con la desarticulación de más de 400 bandas criminales y la detención de más de 15 mil personas por diversos delitos. Implementamos el patrullaje integrado y operaciones de la PNP con el apoyo de las Fuerzas Armadas, el cual continuará hasta diciembre de 2020.

Para una respuesta más inmediata ante la presencia delictiva, emplearemos nuevas tecnologías y ampliaremos la cobertura del Sistema Informático de Planificación y Control del Patrullaje Policial (Sipcop) a ocho regiones adicionales a Lima y Callao con mayor incidencia delictiva del país.

Así, se permitirá que 600 comisarías utilicen tecnología para identificar «zonas calientes» y efectivizar su el patrullaje policial diario en estas zonas. Integraremos los sistemas de videovigilancia de las municipalidades de Lima Metropolitana con la central de emergencias 105 de la Policía Nacional. A la fecha, hemos iniciado los trabajos técnicos en 22 municipalidades. En este rumbo, integraremos los sistemas de comunicaciones por radio de la Policía Nacional, que permitirá que cerca de 700 comisarías en 11 ciudades del país estén interconectadas.

Para mejorar las condiciones en las que se brinda el servicio policial, a diciembre de este año, inauguraremos 13 nuevas comisarías (en la actualidad tenemos 1.319). Además, inauguraremos la Base Policial de Cotabambas en Apurímac, la Escuela Técnica de Arequipa, la Escuela Técnico Superior de Mujeres de San Bartolo en Lima y un nuevo departamento de investigación criminal en el Callao, lo cual asciende a aproximadamente a 200 millones.

Asimismo, conjuntamente con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, inauguraremos cuatro nuevos centros de emergencia Mujer (CEM) en comisarías, en las regiones de Arequipa y Paita. Antes de julio de 2021, entregaremos ocho nuevas comisarías en seis regiones del país, además de la Escuela Técnica de Tarapoto y un nuevo puesto de vigilancia de frontera en Tacna.

En cuanto a la lucha contra la violencia hacia la mujer y los miembros de la familia, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, durante el presente año se desarrollará un sistema de información de alerta de emergencia por la desaparición de niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.

Todos nuestros esfuerzos se verán reflejados en la Política Nacional de Seguridad Ciudadana 2021-2031, que será presentada en enero de 2021.

Acerca de la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, pondremos en funcionamiento 36 nuevas sedes de laboratorios criminalísticos en diversas regiones del país. La inversión será de 32,4 millones de soles.

Además, continuaremos fortaleciendo e incrementando los megaoperativos en todo el país, con especial firmeza frente a los delitos de tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, extorsión, lavado de activos, terrorismo y trata de personas. Con respecto a la trata de personas, en el primer trimestre de 2021, se presentará la Política Nacional frente a la Trata de Personas y otras formas de explotación.

En nuestra lucha frontal contra la corrupción, hemos dispuesto el fortalecimiento de la Oficina de Integridad y del Órgano de Control Institucional del Ministerio del Interior. Asimismo, de la Inspectoría General de la PNP y del Tribunal de Disciplina Policial.

Observatorio de ejecución de obras

Asimismo, en el marco de la transparencia del uso de los recursos públicos, y a fin de fortalecer la rendición de cuentas a la ciudadanía, de manera continua y transparente, la Presidencia del Consejo de Ministros informará con mayor detalle el avance de las inversiones. El objetivo es brindar mayor información periódica y actualizada que se sustente en los datos que generan los distintos sistemas de información, así como en las imágenes del avance de las obras.

Estableceremos, bajo responsabilidad de las entidades de los diferentes niveles de Gobierno, una sección especial en página web, que mostrará la información integrada de los diferentes sistemas del Estado relacionados con el avance de obra de las inversiones con soporte estadístico y digital. Además, la información presentada estará disponible a la ciudadanía para su descarga en el Portal Nacional de Datos Abiertos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Estas acciones se realizan para contribuir con i) la rendición de cuentas y confianza del ciudadano sobre el uso de los recursos públicos y ii) la transparencia y acceso a la información para toda la sociedad civil, investigadores, prensa y otros actores relevantes. Esto último, con la finalidad de evidenciar las acciones realizadas por el Estado.

Por otro lado, antes de julio de 2021, se contará con el ISO Antisoborno 37001, el cual mejorará los mecanismos de rendición de cuentas, la transparencia en los procesos de contrataciones y las denuncias de actos de corrupción.

Para cerrar lo concerniente a la PNP, con un presupuesto de 179 millones de soles, para este 2020, se reforzará la prevención, el control y el tratamiento del Covid a favor del personal policial. A la vez, se asegurarán los servicios de salud al personal policial y sus derechohabientes (no-Covid) a nivel nacional con una inversión de 98,5 millones de soles.

Deshacinamiento en los centros penitenciarios

Con el fin de combatir el hacinamiento y reducir el riesgo de propagación y contagio del Covid en los establecimientos penitenciarios, para salvaguardar la vida, integridad y salud de las personas privadas de su libertad (que en el país, a hoy, suman 90.826 internos) y de los servidores penitenciarios, tomaremos decididas acciones para mejorar las condiciones carcelarias que hoy vulneran, sin duda, los derechos humanos.

En el marco del reforzamiento de la estrategia de contención, se están realizando pruebas a todos los internos y a nuestros héroes de primera línea, los servidores penitenciarios. La proyección es realizar pruebas a los 90 mil internos y los 11 mil agentes penitenciarios como máximo en setiembre.

Asimismo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) está en el proceso de contratación del servicio de grilletes electrónicos, una medida que consideró en enero de 2010. Hoy solo 24 personas se encuentran beneficiadas con la medida de vigilancia electrónica personal a nivel nacional. El objetivo inmediato es tener un servicio de hasta 2 mil grilletes a disposición para que el Poder Judicial, a nivel nacional, pueda emplearlos, sin costo para la persona con el grillete (lo que, en algunos casos, dificultaba su posible uso).

De manera paralela, se iniciará un proceso para la contratación del servicio de grilletes para el año 2021 en adelante, por más de 4 mil grilletes. Contar con estos dispositivos, permitirá que estas personas condenadas o procesadas por delitos no graves no ingresen a un establecimiento penitenciario, para que el número de población penitenciaria no siga en aumento.

El objetivo es que la aplicación de los beneficios penitenciarios, conversiones de pena, vigilancia electrónica (grilletes) o beneficios especiales de salida del país sean alternativas eficientes a la prisión con el objetivo de resocialización. Hay que tener en cuenta que no se considera a ningún condenado por delito grave —como violencia familiar, violaciones sexuales y crimen organizado— en la política de deshacinamiento del Poder Ejecutivo. Se da prioridad a adultos mayores, enfermos graves, personas con discapacidad, mujeres gestantes o madres cabeza de familia con penas menores de ocho años.

En materia de justicia, tanto en lo penal como en lo no penal, se tienen proyectos gigantescos, como el Expediente Judicial Electrónico (EJE), que recibirá el financiamiento del Banco Mundial. Así, los abogados podrán visualizar las 24 horas del día y todos los días del año el expediente desde sus casas u oficinas, mediante casillas electrónicas. Para averiguar el estado de su proceso, ya no será necesario acercarse en persona a las salas de lectura. Habrá un considerable ahorro de tiempo y en costos en traslados.

El objetivo es eliminar posibles ineficiencias en la tramitación y promover la interoperabilidad entre las instituciones del sistema de justicia. Atrás quedarán los juzgados atiborrados de expedientes y los problemas en la tramitación documentaria. Con ello, se deja atrás la justicia de papel y se aspira a que las demandas de justicia de la población sean atendidas en forma rápida y eficiente.

La inversión total del programa es de 158,13 millones de dólares. Este proyecto significará un cambio radical en la forma de impartir justicia.

También se ha logrado el financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del proyecto para la digitalización del expediente judicial en materia penal y el desarrollo de la carpeta fiscal electrónica. La inversión total del programa es de 200 millones de dólares.

Al igual que el Expediente Judicial Electrónico, la carpeta fiscal electrónica persigue también los objetivos de mayor rapidez y eficiencia en la tramitación de las denuncias respectivas.

Es importante mencionar que la gestión electrónica y automatizada de los procesos es uno de las prioridades del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, en la medida que la celeridad de los procesos contribuye a la reactivación económica. La tarea de un Gobierno democrático es que la justicia sea rápida, eficiente y libre de corrupción.

Desde la creación de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) en 2004, no ha habido un esfuerzo conjunto tan grande y sostenido para aspirar a reformar la justicia en nuestro país como el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. El Consejo, creado por impulso del Poder Ejecutivo, se encuentra integrado por las más altas autoridades vinculadas al sistema de justicia, con el mandato de impulsar la reforma del sistema de justicia a fin de que la justicia en el Perú sea rápida, eficiente y libre de corrupción.

El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia tiene como misión formular y ejecutar una política nacional de reforma del sistema de justicia, que sea integral y transversal a todas las instituciones que se encuentran vinculados con los procesos judiciales. Por ello, este espacio es vital, porque reúne a todos los componentes del sistema a fin de que la política a aplicar resulte coherente en todos los niveles. Esto contará con un renovado impulso por parte de este Gabinete.

Así, sin dejar de lado el respeto irrestricto a la autonomía de cada institución, se asegurará el impulso de una política consensuada para la reforma de la justicia. Temas como la modificación de los principales códigos del país, la revisión del rol de la Academia de la Magistratura, enfrentar la provisionalidad de jueces o fiscales o reforzar el rol del precedente y jurisprudencia vinculante para la predictibilidad y seguridad jurídica son parte de nuestra agenda prioritaria.

Teniendo reglas claras y logrando aminorar la demora en los procesos, se favorecerá a la reactivación económica, generando un mejor clima para los negocios, reduciendo las demoras en el cumplimiento de los contratos y una mayor predictibilidad. Seguridad jurídica y Estado de derecho como los mejores incentivos para la inversión.

Sumamos esfuerzos para una justicia oportuna, cercana al ciudadano, sin corrupción y que proteja los derechos, incluso durante la pandemia. Es central que la emergencia sanitaria no paralice el accionar de la justicia. Lo que está en juego son los derechos fundamentales de todos y todas.

El flagelo más grande que encara una sociedad para lograr su progreso y bienestar es la corrupción, que en el Perú significa 0,5 puntos del PBI. Se estima que el 10% del presupuesto de una institución pública podría derivarse a la corrupción. Es decir, tiene un gran impacto negativo en nuestra economía. Es tarea de la Policía Nacional, de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial encararla y combatirla con eficiencia y coraje. Durante la pandemia hemos observado con indignación el aprovechamiento ilegal de algunas autoridades en el manejo económico.

Sin embargo, en los últimos años se han obtenido logros extraordinarios en la lucha contra la corrupción, cuyos resultados nos alientan en la tarea de seguir construyendo un país más libre y más justo. Nos corresponde seguir apoyando sin restricciones el enorme trabajo que se viene desplegando en este tema tan relevante.

Por ello, desde nuestras funciones, hemos venido atendiendo, cuando corresponde, los pedidos de extradición que han sido requeridos por los jueces penales en casos por actos de corrupción muy importantes y de gran impacto para nuestro país, dándole prioridad, pero con el debido análisis y cuidado que esto amerita.

Asimismo, las procuradurías públicas especializadas, como defensores de los intereses del Estado, están realizando un trabajo de seguimiento e impulso de casos como el del expresidente Alejandro Toledo o el del exjuez supremo César Hinostroza. Estos exfuncionarios deben afrontar sus investigaciones en nuestro país y nuestro sistema de justicia debe determinar con autonomía e independencia su responsabilidad o no, según corresponda.

Además, desde 2017, el Estado peruano viene trabajando con las autoridades de los Gobiernos de Suiza y Luxemburgo, la suscripción de un acuerdo trilateral para repatriar aproximadamente 16 millones de dólares decomisados por estos Estados. Este dinero que, como se sabe, proviene de las actividades ilícitas de personas condenadas, como el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres. Superadas las coordinaciones técnicas, esta semana estaremos remitiendo toda la documentación y sustento solicitado por las autoridades de estos dos países, para la suscripción del acuerdo a fin de que la repatriación de estos activos ilícitos finalmente se concrete.