Crisis mundial y populismo congresal

A raíz de la pandemia, el PBI mundial caería 6% en el 2020. En el 2021 la recuperación será lenta debido a que los gobiernos vienen alcanzando niveles de endeudamiento récord y a posibles rebrotes de contagio que podrían inducir nuevas paralizaciones productivas. En este contexto, la banca convencional, que tras la crisis de 2008 ya venía siendo retada por la persistencia de bajas tasas de interés, regulación más exigente y mayor competencia de la banca digital en la sombra, será sometida a un escenario de estrés agudo.

No se descarta que en el 2021 la crisis económica desencadene una crisis financiera, con una ola de insolvencias de empresas que podría contagiar a los hogares.

Hasta ahora la banca convencional ha resistido la competencia gracias a su privilegiada protección regulatoria de los depósitos del público, su acceso exclusivo al sistema de liquidación del banco central y sus alianzas con firmas de tarjetas de crédito. Sin embargo, la COVID-19 ha acelerado la preferencia por medios de pago digitales, aumentando la competitividad de la banca digital en la sombra, dado su dominio de tecnologías de pago.

Mientras más grandes los bancos podrán resistir mejor los embates de esta competencia, dado que cuentan con rendimientos de escala para las crecientes inversiones tecnológicas requeridas. Los bancos medianos y pequeños, en cambio, tendrán más problemas, sobre todo en un entorno de persistentes bajas tasas de interés.

Este escenario de creciente incertidumbre bancaria mundial también afectará al sistema financiero peruano. Primero, porque ya carga con una cartera reprogramada enorme a raíz de la COVID-19, ante las flexibilidades adoptadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) y las propias entidades financieras frente a sus clientes. Y, segundo, porque buena parte de esa cartera reprogramada podría deteriorarse más adelante por el elevado nivel de desempleo, las pérdidas de ingresos generados por la pandemia y las débiles perspectivas de recuperación a corto plazo.

En este contexto tan delicado, es preocupante que el Congreso trate de forzar por ley una reprogramación de toda la cartera de créditos de consumo e hipotecarios, quitándole a las entidades financieras su potestad de decidir técnicamente qué créditos son reprogramables y cuáles no, y quitándole, además, a la SBS su potestad de regular técnicamente las condiciones bajo las cuales las entidades del sistema pueden realizar la reprogramación de créditos.

Si el Congreso persiste en ello, estará alentando un cese de pagos generalizado, induciendo a una conducta ‘perromuertera’ que afectaría severamente la estabilidad de las entidades financieras. Los prestatarios que están en condiciones de cubrir normalmente sus obligaciones también se beneficiarían de esa dádiva.

Esperemos que el Congreso abandone su recurrente improvisación y populismo. De no ser así, será responsable de la futura crisis bancaria que sobrevendrá.