Modernizar sin desmantelar: los desafíos del nuevo marco de inversión APP

Hasta noviembre de 2024, las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos en Activos (PA) han canalizado más de US$ 43 600 millones en inversiones destinadas a reducir la brecha de infraestructura nacional. Esta cifra se distribuye en 135 proyectos bajo el mecanismo APP, que acumulan US$ 35 700 millones, y 104 proyectos en activos, con un monto adjudicado de US$ 7900 millones. El sector Transportes lidera con un acumulado de US$ 15 585 millones (36 % del total adjudicado), seguido por Electricidad (US$ 10 534 millones) y Comunicaciones (US$ 5789 millones).

A noviembre de 2024, las adjudicaciones por APP y PA sumaron US$ 6076 millones, casi el triple del monto de 2023 (US$ 2332 millones) y 62 veces más que en 2022 (US$ 97 millones), lo que representó un 2,08 % del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú. Los proyectos destacados incluyen el Anillo Vial Periférico (US$ 3396 millones), la ampliación de fosfatos de Bayóvar (US$ 940 millones) y el ferrocarril Huancayo-Huancavelica (US$ 565 millones).

La cartera proyectada para el periodo 2025-2027 contempla 72 proyectos por US$ 23 048 millones: 31 proyectos para 2025 por más de US$ 7800 millones, 34 proyectos para 2026 por más de US$ 7700 millones, y 7 megaproyectos en 2027 por más de US$ 7400 millones.

Estos se distribuirán en todo el país, desde corredores viales en la sierra hasta plantas de tratamientos en la costa y selva. Los proyectos de saneamiento estarán en Trujillo, Chincha, Puerto Maldonado e Ilo, mientras que las iniciativas viales conectarán Cusco, Huancayo y el norte del país. En salud se prevén hospitales de alta complejidad en Lima Metropolitana, Sullana y otras ciudades. En educación, los proyectos se centran en Centros de Enseñanza Respetuosa (CER). Y en infraestructura portuaria, hay iniciativas en Chimbote, Pucallpa e Iquitos para reforzar la conectividad multimodal.

Un marco legal en debate

La nueva Ley que Regula la Promoción de la Inversión Privada mediante APP y PA, aprobada por el Congreso de la República, busca establecer un nuevo marco legal renovado para cerrar la brecha de infraestructura y fomentar la competitividad. Sin embargo, ha generado controversia por modificar roles, procesos y competencias, especialmente al reducir la capacidad de control del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

A favor de la ley, se argumenta que los actuales cuellos de botella ralentizan la ejecución de proyectos. Según el Informe de Competitividad 2024-2025 del Consejo Privado de Competitividad, las APP adjudicadas entre 2018 y 2024 han tardado en promedio 58 meses desde el encargo hasta la firma del contrato, casi el triple del marco anterior (20 meses). Las APP por iniciativa pública toman 40 meses en promedio, y las iniciativas privadas, hasta 106 meses. El MEF participa dos veces en el proceso de evaluación (formulación y estructuración) y existen seis entidades opinantes, lo que ralentiza las decisiones. Además, el 69 % de las observaciones de los reguladores y el 87 % de las de la Contraloría están fuera de su competencia técnica.

En ese contexto, la nueva ley busca agilizar estos procesos, al concentrar funciones en ProInversión, reducir duplicidades y otorgar mayor autonomía a las entidades promotoras y gobiernos subnacionales. No obstante, el Consejo Fiscal y el MEF han expresado preocupaciones, ya que advirtieron que observarán la ley y propondrán modificaciones para preservar la sostenibilidad fiscal.

Hacia un equilibrio necesario

Para el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), no se deben debilitar los mecanismos de control fiscal, ni comprometer la calidad del gasto público o la gestión de riesgos contingentes. El reto pasa por combinar eficiencia en la gestión pública con sostenibilidad fiscal. La experiencia internacional y el marco institucional vigente han demostrado que el involucramiento del MEF, especialmente en su rol de evaluación ex ante y control fiscal, es esencial para evitar desequilibrios financieros.

Para lograrlo, se plantea una rectoría compartida: el MEF en aspectos fiscales y presupuestarios, y ProInversión en lo técnico y operacional. Asimismo, se propone incorporar la opinión previa vinculante del MEF en proyectos cofinanciados o con impacto significativo en el presupuesto, y fortalecer ProInversión progresivamente para asumir su nuevo rol. Es crucial también garantizar la asistencia técnica del MEF o ProInversión a gobiernos regionales y locales para proyectos subnacionales.

El crecimiento económico promedio del país, entre 3 % y 4 %, es insuficiente para aspirar a ser un país emergente destacado. Por ello, se requiere un equilibrio entre agilizar procesos APP conforme a buenas prácticas internacionales (OCDE, FMI) y mantener la estabilidad macroeconómica, principal ventaja competitiva del Perú.