“El objetivo del Perú es ser miembro de la OCDE en el menor tiempo posible”

La Cámara conversó con la embajadora Ana Rosa Valdivieso, alta representante del Perú para el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sobre los avances y desafíos que tiene el Perú para lograr su integración a este importante organismo internacional. La funcionaria los expuso en el III Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la corrupción, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los días 27 y 28 de noviembre pasado.

Lee también: “Con voluntad política, el Perú puede entrar a la OCDE en 2026”

¿Cómo va el avance del Perú en su proceso de adhesión a la OCDE?

Nuestro país ha emprendido un trabajo sin precedentes de cooperación y coordinación interinstitucional desde que fue invitado para iniciar el proceso de incorporación a la OCDE, el 25 de enero de 2022. Luego del trabajo multisectorial de autoevaluación contenido en el Memorando Inicial, entregado el pasado 7 de junio, para determinar el grado de adecuación a los estándares de la OCDE, a la fecha estamos en una fase de dar información. Esta es la etapa de resolución de cuestionarios remitidos por los comités de la OCDE que evaluarán la incorporación del Perú.

Como parte del proceso de adhesión, cada uno de los 24 comités evaluadores de la OCDE analizará y revisará la información que obtengan de los cuestionarios. De esto dependerá el envío de misiones de investigación y posteriores recomendaciones o propuestas de reformas.

¿Qué falta para acercarnos más al objetivo de incorporarnos a esta organización internacional?

El Perú busca mejorar sus políticas públicas, elevar sus estándares y en ese camino estamos avanzando a través de la articulación del Estado y la cooperación de los sectores público y privado para la atención de las recomendaciones formuladas por la OCDE. De acuerdo con la información que recabe la organización y las recomendaciones o propuestas de reformas que plantee, nuestro país deberá realizar reformas en legislación, políticas y prácticas en las diversas temáticas que abordan los comités evaluadores de la OCDE, tales como medio ambiente, integridad y lucha anticorrupción, políticas laborales y sociales, salud, educación, gobernanza pública, entre otros temas clave vinculados al desarrollo inclusivo y sostenible.

Cabe destacar que la OCDE presentó, en septiembre de este año, el Estudio Económico del Perú, el cual revela que en las dos últimas décadas se han logrado avances significativos en la reducción de la pobreza y en la mejora de los niveles de vida gracias a un sólido marco macroeconómico, aunque advierte que son necesarias reformas estructurales para crecer de forma sostenida. Por ello, impulsar la productividad, la competencia y la inversión y mejorar la recaudación fiscal, así como la lucha contra la corrupción, el acceso a una educación de calidad y promover la formalización son algunos de los ajustes necesarios para alcanzar los altos estándares que exige la OCDE.

¿Han estimado cuándo podría el Perú adherirse a la OCDE?

Existe un esfuerzo nacional desplegado en el proceso de adhesión del Perú a la OCDE y el objetivo es lograr una futura membresía en el menor tiempo posible. Algunos países de la región se han demorado seis años o más. Se trata de un proceso muy dinámico cuyo plazo dependerá, tanto del avance del país en respuesta a los requerimientos de la OCDE, como del cronograma de la organización que, de manera excepcional, está evaluando a cinco países al mismo tiempo (Perú, Brasil, Bulgaria, Croacia y Rumanía).

¿Cómo vienen avanzando con las recomendaciones formuladas por la OCDE al Perú para mejorar nuestras políticas públicas?

A razón de las recomendaciones de la OCDE y su Estudio Económico del Perú, está en revisión el proyecto de un nuevo sistema de pensiones, que busca ser fiscalmente sostenible, garantizar una pensión mínima y generar incentivos, por ejemplo, para el ahorro voluntario. Esta propuesta ha sido consensuada entre el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Además, hay una agenda para avanzar en la reforma del servicio civil, puesto que, para alcanzar los estándares de desarrollo que promueve la OCDE, es necesario fortalecer la gestión pública a través de la profesionalización de funcionarios, procesos meritocráticos de contratación, mejores condiciones remunerativas y beneficios sociales. En esa línea, se están dando pasos para el tránsito de las entidades públicas al régimen del servicio civil, como ya ha ocurrido con 15 de las 184 entidades que componen el Poder Ejecutivo, lo cual se complementará con el ingreso del recurso humano a través de un proceso de competencia.

El camino del Perú hacia la OCDE demanda reformas sustanciales en gobernanza para, por ejemplo, luchar contra la informalidad, incrementar la recaudación fiscal y garantizar la protección social. No obstante, desde el Gobierno se ha destacado que muchas de las recomendaciones están en la agenda de esta gestión.

¿Cuál es el papel del sector privado para conseguir la adhesión del Perú a la OCDE?

El proceso de adhesión va más allá del cumplimiento de los requisitos técnicos, también contempla el lograr una efectiva implementación de normas, políticas públicas y buenas prácticas que fomenten el desarrollo inclusivo, equitativo, sostenible y resiliente. En este contexto, para lograr la adhesión a la OCDE es necesario el involucramiento de los poderes del Estado, del sector privado, de los distintos niveles de Gobierno, de la sociedad civil y la academia.

Específicamente, la colaboración del sector privado implica una comunicación y consulta frecuente, puesto que, desde su experiencia empresarial y análisis del contexto actual, puede complementar y fortalecer la función del Estado en el diseño y validación de políticas referidas a empleo, formalización, producción, inversión, impuestos y lucha contra la corrupción, entre otros ámbitos. Lo que se espera de la articulación entre el Estado y el sector privado es lograr el desarrollo económico y social para los ciudadanos.

¿En qué aspectos políticos y sociales beneficiaría a nuestro país el ser parte de la OCDE?

Ser parte del “club de las buenas prácticas” implica tener acceso a soluciones basadas en evidencia, gracias a que la OCDE produce datos e indicadores que permiten predecir tendencias a fin de formular, implementar y monitorear políticas públicas. De esa manera, países miembros de la organización han afrontado con éxito retos sociales, económicos y medioambientales. De lograr una membresía en la OCDE, el Perú podrá recibir asesoramiento en, por ejemplo, lucha contra la corrupción, protección del medio ambiente y equidad de género, temas que a su vez son transversales a las reformas que se deberán realizar para la adhesión.

Asimismo, ser parte de la organización reforzará la imagen de nuestro país como un socio confiable y ello abrirá las puertas a inversiones sostenibles, lo que se traducirá en mejor calidad de vida para los ciudadanos. Por otro lado, ser parte de la OCDE permitirá a nuestro país involucrarse activamente en asuntos cruciales de la agenda global, como gestión ambiental, ciencia, tecnología e innovación.

¿La constante crisis política y los casos de corrupción de funcionarios públicos en nuestro país podrían obstaculizar el ingreso a la OCDE?

En el Perú se vienen fortaleciendo las medidas preventivas anticorrupción, que promueven la integridad y la ética en las instituciones públicas. Ello no excluye la implementación de reformas complementarias en áreas clave como justicia, servicio civil, contratación pública, gobernanza de infraestructura, transparencia regulatoria y promoción de la formalización.

Es fundamental una disuasión eficaz de la corrupción para cimentar bases sólidas y desterrar prácticas corruptas, que impiden el desarrollo y desalientan la confianza en las instituciones. Desde el Gobierno y con el apoyo de todos los actores de la sociedad se debe propiciar un clima de confianza y reglas claras que contribuyan con el proceso de adhesión.

¿Cuál es su opinión respecto a que se fomenten espacios de diálogo como el III Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la corrupción, organizado por CCL?

Espacios de diálogo como el III Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción permiten vincular a los individuos con el rumbo y desarrollo de la sociedad y el gobierno, en un tema fundamental como es la lucha anticorrupción. Esta participación ciudadana fortalece también la gobernabilidad democrática. Además, la promoción de una cultura de integridad y ética en el sector privado tendrá una incidencia en la reducción de los riesgos de corrupción en la interacción con la administración pública.

Asimismo, existen iniciativas privadas como Alliance for Integrity promovida por el sector empresarial y el gobierno alemán, que busca impulsar y promover la integridad entre las empresas, sus socios comerciales, entre ellos la CCL y otros actores relevantes en el sistema económico. En 2022 instalaron su Consejo Consultivo en el Perú a fin de facilitar el intercambio de experiencias y generación de propuestas y soluciones para mejorar la integridad, con énfasis en el sector empresarial.

Desde el Estado también se promueven estos espacios, tal es el caso de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) que facilita la articulación y coordinación entre instituciones públicas, privadas y la sociedad civil a fin de proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país.

LEER MÁS:

Los avances del Perú en el camino hacia la OCDE