Rosa Bueno: Impulso Perú

Las razones que explican que la confianza se ubique en un rango pesimista desde abril de 2021 a la fecha son conocidas. Las campañas para el cambio de la Constitución al interior del país, el cuestionamiento por falta de capacidad de funcionarios en sectores claves del gobierno, la incompatibilidad desde otros ministerios con los objetivos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) plantea, el desinterés en resolver los conflictos sociales que ha llevado a que el sector minero no logre recuperar su nivel de producción de pre pandemia. De esto no se ha dicho nada a pesar que sin confianza no hay inversión.

Así, Impulso Perú fue lanzado la semana pasada y tiene como objetivo sumar unas décimas de puntos porcentuales al PBI que, según nuestras proyecciones, crecerá 3,1% y 2,4% para el 2022 y 2023, respectivamente. Sin embargo, ¿podrá hacerlo?

Es cierto que necesitamos una mayor tasa de crecimiento tomando en cuenta que el 25,9% de la población se encuentra en pobreza monetaria, 28,1% de la población sin desagüe por red pública o 76,8% de empleo informal. Seguir en esta situación es insostenible, pero necesitamos ser realistas.

Cerrar los ojos ante el hecho de que el panorama internacional no se ve favorable para el próximo año tampoco es saludable. Los factores externos que –según el MEF– explican el 59% de la variabilidad del PBI no favorecerán a la economía peruana para el 2023, pues a las menores proyecciones de crecimiento de China y EE.UU. se añade la tendencia a la baja en el precio del cobre.

Con la política monetaria dirigida al control de la inflación solo queda la política fiscal para impulsar la economía, sumado a lo que pueda lograr el gobierno para recuperar la confianza del sector privado.

De ahí que los tres ejes de Impulso Perú –con un costo de S/ 3.000 millones– sean la mejora de las condiciones para el gasto privado, la aceleración de la inversión pública y la recuperación de la confianza. Con este programa se aspira aumentar 0,6 y 0,8 puntos porcentuales al crecimiento del 2022 y 2023, es decir, casi la mitad de los beneficios deberían sentirse el presente año, pero no lo vemos posible.

Tomando en cuenta que la mitad de las 36 medidas propuestas deben ser aprobadas por el Congreso de la República, será muy difícil que su implementación obtenga los resultados esperados para el presente año, asumiendo que entrarían en vigor –en el mejor de los escenarios– a partir del mes de octubre.

En lo que refiere a la inversión pública es importante la repotenciación del equipo ConectaMEF debido a la baja ejecución del presupuesto por las débiles capacidades de los funcionarios. Más aún si el 49% del presupuesto de inversión 2023 lo concentrarán los gobiernos sub nacionales.

También es necesario que se apruebe en segunda votación en el Congreso el proyecto de ley N° 1762/2021-PE que busca reactivar obras públicas paralizadas a nivel nacional y que corrige las debilidades del DU N° 008-2019 que solo logró reactivar 90 obras, de las cuales apenas 54 han finalizado. En la misma dirección, modificar la R.D. N° 001- 2019-EF-63.01 para que los proyectos priorizados en la Programación Multianual de Inversiones respondan al cierre de brechas y no al rédito político de las autoridades de turno.

Es por ello que las dudas se centran en las medidas para lograr la recuperación de confianza del sector privado. Se anuncia la hoja de ruta hacia la OCDE, el Plan de Competitividad y Productividad o el ahora llamado Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad. ¿Esto es nuevo? No es así, todo esto ya existe, se están actualizando y en algunos casos modificando.