Las empresas públicas y sus resultados

El cambio de la Constitución Política del Perú de 1979 por la de 1993 redefinió el rol del Estado en la economía y permitió revertir diecinueve años consecutivos de empresas públicas deficitarias.

El Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) implementado en América Latina en la década de los 70 planteaba cambiar las estructuras económicas de los países y modificar el patrón de crecimiento de una economía primario-exportadora a un modelo de ISI.

Se trataba de disminuir los distintos bienes importados por productos elaborados en el país. Este proceso de industrialización se desarrollaría por etapas, empezando con bienes de consumo no duradero y luego saltar a las industrias de bienes duraderos y de capital.

Se empezaba con productos que ya tuvieran una demanda segura y sean más fáciles de producir en el país y, posteriormente, se sustituirían los productos más complejos.

Llevar a la práctica este modelo de desarrollo desde adentro significaba tener una alta participación del Estado para la protección y fomento de las actividades productivas, una economía cerrada con altos aranceles para restringir las importaciones solo a las necesarias mientras estas no podían ser reemplazadas, además de una alta disponibilidad de crédito.

Entre 1973 y 1991 fue un periodo de resultados económicos negativos en las empresas públicas, en seis años dicho déficit superó el 3,2% del PBI; y, entre 1989 y 1991, se acumularon pérdidas por alrededor de US$ 5.000 millones.

Cambio en el rol del Estado

La actual Constitución Política del Perú, promulgada en 1993, en su Título III del Régimen Económico, delimita la participación del Estado en la economía.

En el artículo 58° se señala que en una economía social de mercado “el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”.

Por su parte, el artículo 60° reconoce el pluralismo económico y, que solo por ley expresa, “el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”.

Redefinido el rol del Estado y en la búsqueda de cimentar la estabilidad macroeconómica y acabar con el proceso hiperinflacionario de dichos años, se realizó un agresivo proceso de privatizaciones, donde se transfirieron más de 180 empresas estatales (hasta 1998) del sector telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, minería, pesca y del sistema financiero.

A pesar de este proceso de privatizaciones, algunas empresas quedaron en manos del Estado por razones de índole estratégico o por no ser rentables.

La experiencia del Estado empresario fue nefasta para el país, elevando el nivel de deuda pública y con una autoridad monetaria subordinada a financiar el déficit del Gobierno central y de las empresas públicas, así como subsidiar créditos e importaciones.

FONAFE

Con el fin de tener un órgano rector en materia presupuestal, en 1999 se crea el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

Entre sus funciones está regular la actividad empresarial del Estado, administrar los recursos derivados de la titularidad de las acciones del Estado, llevar el registro y custodia de los títulos representativos de capital de las empresas estatales y dirigir el proceso presupuestario y la gestión de las empresas bajo su ámbito.

Son 35 empresas estatales bajo la Corporación Fonafe con un ámbito operacional que alcanza todo el territorio nacional, distribuidas en los sectores electricidad un total de 16 entre generadoras y distribuidoras, destacándose Electroperú, San Gabán e Hidroandina.

En servicios y producción, son dos: Editora Perú y Enaco. En el lado financiero, se tienen cuatro, entre las que destacan el Banco de la Nación y Agrobanco.

En defensa y otros, se registran seis empresas como Sima Perú y Fame; en transporte e infraestructura son tres: Corpac, Enapu y Serpost. En hidrocarburos y remediación son dos, siendo la principal Perupetro. Saneamiento y salud tienen una empresa cada una, Sedapal y Essalud, respectivamente.

Hay que mencionar que Petroperú se encuentra fuera del ámbito de Fonafe. Todas estas empresas representan en promedio alrededor del 2,1% del PBI y 3,2% de la inversión pública.

Según datos de Fonafe, tienen una participación del 20% en la producción y 64% de la distribución eléctrica, 50% en la producción de agua y en el caso del Banco de la Nación, su cobertura alcanza al 86% de los distritos a nivel nacional.

Además, se suman 15 empresas en donde la participación del Estado es minoritaria, entre las cuales destacan la Refinería La Pampilla, las empresas agroindustriales Pomalca, Cayaltí, La Unión, Enel Generación y otras tres en liquidación.

Resultados financieros

Según el informe Gestión Presupuestal de la Corporación FONAFE, hasta agosto 2021 el resultado operativo fue de S/ 5.910 millones y el resultado económico de S/ 1.497 millones.

Los ingresos operativos totales del holding ascienden a S/ 15.050 millones y siete empresas concentran el 67% de los ingresos totales: Perupetro (19%), Electroperú (13%), Banco de la Nación (10%), Sedapal (10%) e Hidrandina (6%), entre las más importantes.

Por su parte, los egresos operativos equivalen a S/ 9.140 millones, se concentran en un 60% en empresas como Electroperú (15%), Banco de la Nación (12%) y Sedapal (11%).

Las inversiones de las empresas públicas para el presente año se estiman en S/ 1.321 millones, de las cuales al mes de agosto llegaron a S/ 625 millones, lideradas por Sedapal con S/ 336,6 millones.

Como pueden verse, los cambios en el capítulo económico en la Constitución del 1993, que redefinieron el rol del Estado en la actividad empresarial, fueron muy importantes para la estabilidad macroeconómica que logró el país en las últimas décadas.

La mala experiencia del Gobierno peruano administrando empresas en diversos sectores en las décadas de los 70 y 80, es una muestra más que evidente que devolverle el rol empresarial al Estado es una muy mala decisión que atentaría contra el bolsillo de todos los peruanos.