Luis Miguel Castilla: «Un cambio de Constitución no ayudaría a reactivar la economía»

¿Qué tan viables ve las propuestas de los candidatos presidenciales a estas alturas de la contienda?

En realidad los lineamientos no especifican cómo pretenden implementar las medidas que han dispuesto. Son dos programas muy opuestos. En el caso de Fuerza Popular, de alguna forma hace una defensa del modelo económico actual con algunos ajustes, quizá para mejorar la efectividad del Estado, pero manteniendo su rol subsidiario.

En el caso del nuevo plan de gobierno de Perú Libre, si bien hay menos “ideología” del ideario de Vladimir Cerrón, mantiene las bases del lineamiento en cinco aspectos: insiste en un plan estatista de nacionalizar las empresas en sectores estratégicos, como el gas natural, donde predispone un rol empresarial público; e insiste en cerrar las importaciones que considere desleales para la producción nacional.

Además, plantea una mayor carga tributaria en particular al sector minero; insiste en regular los monopolios que existen en el país cuando lo que se debe regular es el otro lado” abuso de la posición de dominio; y quiza lo más precupante sea el planteamiento de una Asamblea Constituyente, un cambio que no va a ayudar a restaurar la confianza ni a reactivar la economía.

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¿Qué ajustes al modelo se necesitarían ante esta realidad?

Hay un contexto de mucho desencanto de la población producto de la pandemia: las condiciones de vida, la pérdida de empleo y la pobreza que se ha incrementado en 10 pp, pero esto no se resuelve cambiando el capítulo económico de la Constitución. No se resuelve con mayor Estado.

La economía social de mercado le otorga roles al Estado de proveer servicios públicos básicos de educación, salud y seguridad y eso no lo ha podido hacer de manera eficiente. Recargar al Estado con más responsabilidades en vista de la ineficiencia que ha mostrado en los últimos años no tiene sentido.

Cabría repensar los capítulos referidos a la descentralización del país, porque ahí se le otorgan competencias y autonomías a los gobiernos regionales y locales. Ciertamente hay un descontento por la falta de Estado en áreas críticas, pero no se resuelve con un estatismo a ultranza sin medir las consecuencias.

Se habla de nacionalizar y no estatizar…

En la práctica es lo mismo. Si nos ponemos puristas, estatizar es que las empresas públicas tomen el control de la explotación de un sector determinado. Pero nacionalizar, según (Perú Libre) ha explicado, tiene que ver con lograr que la explotación de un sector sea para la mejora del país. En una economía moderna esto se logra a través de las regulaciones y el pago de impuestos.

Si es que uno incrementa la carga impositiva, como pretenden a niveles confiscatorios, viene a ser lo mismo. Uno está estatizando a través de la carga tributaria que puede ser confiscatoria como se ha planteado para el sector minero.

En Chile está ocurriendo una práctica confiscatoria de elevar la carga tributaria a un 75%, según el precio del cobre; a lo mejor se capte una renta a corto plazo, pero provocará que la inversión se vaya a otro lado. Eso puede ocurrir en nuestro país. Considero que los cambios propuestos no atiende al clamor que es que tener mayores oportunidades y servicios.

¿Keiko Fujimori termina por responder a ese clamor?

Lo que ella plantea, en gran medida, es continuar con el modelo con algunos ajustes. Es de corte populista, y tampoco atiende las problemáticas del país.

Hay reformas que no se han implementado o se hicieron a medias. La descentralización es una ellas, pero también la falta de profesionalización del servicio público. La candidata plantea que la regulación sea efectiva para que haya mayor competencia en el mercado. Creo que va en la dirección. Sin embargo, no detalla cómo lo hará.

Se habla de facilitarle la vida a la mypes para que no paguen impuestos por dos años o que realicen trámites que no cuesten inicialmente. Eso es positivo, pero no se están planteando medidas específicas para lograr que crezcan y se formalicen. El programa de Fujimori resulta ser más razonable frente al radicalismo del otro lado, pero hay vacíos que se requieren completar.

La inversión privada desde la primera vuelta parece detenida. ¿Qué se podría esperar de este proceso electoral?

Estamos ante una situación binaria. Como se ha acercado la brecha entre ambos candidatos, se han originado las presiones cambiarias, pero esto va a continuar. La prima de riesgos va a seguir muy alta ante la incertidumbre. Muchos empresarios han  decidido poner en stand by sus nuevos emprendimientos. Hay una fuga de capitales que se agudizaría en torno a las nuevas informaciones que las encuestas revelen.

Al margen de esto, ninguno de los dos candidatos va a tener asegurada la gobernabilidad y  problamente haya problemas de conflictividad social de distinta índole, sea quien fuera presidente.

Si saliera Keiko Fujimori habría tranquilidad en los mercados, pero el centro y sur del país probablemente esté disconforme con este resultado; y, por el otro lado, si sale Pedro Castillo, no le será fácil manejar el Congreso, porque mayoritariamente no tiene alianzas. Entonces, la inversión se va a parar, habrá salida de capitales y ojalá que no una corrida financiera de no zanjarse las fuentes de incertidumbre.

Este año está jugado por la recuperación estadística y por los buenos precios de las materias primas. Si uno quita ese efecto, para que haya inversión y reactivación, tiene que haber estabilidad, y si no hay estabilidad va a ser muy difícil que haya nuevas inversiones que apuesten al Perú en el largo plazo.

¿Es posible cambiar el modelo? ¿Qué consecuencias habría?

No es trivial el cambio del modelo, especialmente por los candados constitucionales. Mucho de lo que plantea Pedro Castillo tendría que pasar por leyes en el Congreso. Una Asamblea Constituyente implica una reforma constitucional y para eso se requieren votos en el Parlamento. Cualquier medida que trate de baipasearlos sería un quiebre institucional muy grave para el país.

Las propuestas de nacionalización y tributos también pasan por el Congreso, pero el Ejecutivo tiene cierta discrecionalidad, es decir, puede –si quiere– subir aranceles y cerrar la economía. También puede denunciar tratados comerciales y esto puede ser muy peligroso porque no solamente cierra mercados, sino le quita el marco legal para dirimir controversias entre inversionista y Estado.

Esto espantaría más la inversión. Probablemente acabaremos en un escenario parecido al que tuvimos en el primer gobierno de Alan García. La medicina puede ser más costosa que la enfermedad, en este caso.