Yolanda Torriani: Sentido de urgencia y de claridad
El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el 2 de mayo que las actividades económicas de nuestro país comenzarían a reanudarse en cuatro fases a partir del día 11, por lo que era lógico suponer que para esa fecha se tendrían listas todas las normas que se aplicarían y los principales lineamientos de los protocolos de bioseguridad que se exigirían a las empresas.
Pero han pasado dos semanas y la reanudación de actividades económicas no solo no ha ocurrido, sino que se ha convertido en un proceso lento e incierto, lleno de marchas y contramarchas desde el gobierno, pues, por ejemplo, lo que se decreta en la mañana se deroga por la tarde o se modifica mediante “fe de erratas”.
La paralización abrupta de las actividades económicas a raíz de la llegada de la pandemia del coronavirus a nuestro país generó -como era previsible y como lo advirtió desde el primer día la Cámara de Comercio de Lima– una crisis sin precedentes, cuyo resultado inmediato es que ahora 1 millón 216 mil 600 personas solo en Lima Metropolitana hayan perdido su trabajo en el trimestre comprendido entre febrero y abril. Son cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Este solo dato oficial debería llevar al gobierno a tener un sentido de urgencia, claridad, certeza, precisión y estabilidad en cada norma que promulgue o disposición que emita.
Los gremios empresariales somos, por naturaleza, los vehículos para canalizar el sentir de los millones de empresarios micro, pequeños, medianos y grandes.
En ese sentido, la Cámara de Comercio de Lima puede dar fe que existe profunda preocupación, incertidumbre y hasta confusión por la forma cómo se está llevando a cabo el proceso de autorizaciones para reanudar las actividades económicas.
Por lo pronto, los protocolos biosanitarios establecidos por los ministerios establecen una serie de exigencias que no siempre se pueden cumplir no solo porque muchas empresas han perdido gran parte de su liquidez y no pueden invertir por ejemplo en nuevos y costosos equipos, sino también porque si se desea cumplir con los nuevos parámetros no se cuenta con los proveedores necesarios, pues estos no tendrán autorización para trabajar sino hasta la segunda o tercera fase.
Las empresas y los empresarios peruanos queremos trabajar, debemos trabajar para seguir generando empleo formal, pagando obligaciones tributarias y retomar el crecimiento económico de nuestro país.
En el escenario actual de normas y protocolos dispuestos por el Gobierno Central, este proceso se está convirtiendo ya no solo en una nueva traba burocrática que vencer, sino en un factor que puede terminar desalentando y generando desconfianza entre quienes precisamente tenemos la responsabilidad y la convicción de generar recursos para nuestras familias, nuestros trabajadores y para el país en general.
La administración del presidente Vizcarra debe tomar conciencia que el Perú ha depositado en él su confianza y que esta no puede ser defraudada por la improvisación, incapacidad, desorientación y hasta desorden de algunos de sus funcionarios.
Hace falta también que se reconozca los esfuerzos de las empresas peruanas de adecuarse a los retos de esta circunstancia, elaborando sus propios protocolos incluso contratando a especialistas en la materia.
Las empresas somos responsables, tenemos un compromiso con nuestros trabajadores y con nuestro país. Por ello demandamos al Gobierno mayor celeridad en la reanudación de las actividades económicas y mayor cuidado en las normas que se emitan. #TodosporelPerú