Conozca los objetivos para la lucha contra la corrupción
El Presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, se presentó ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Por este motivo, brindó un discurso que dividió en 5 temas:
1. Lucha contra la pandemia
2. Reactivación y Desarrollo Económico
3. Reactivación y Desarrollo Social
4. Seguridad Ciudadana
5. Lucha contra la corrupción
Tema 5: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: REFORMA DE JUSTICIA Y REFORMA POLÍTICA
Así como los esfuerzos desplegados en nuestra lucha contra la pandemia, los peruanos hemos venido enfrentando otra gran enfermedad, casi con la misma letalidad. Porque la corrupción no solo duele, también mata y quiebra al país, traicionando a los intereses de la nación.
La lucha contra la corrupción que este gobierno libra lo ha realizado través de dos grandes reformas la de justicia y la política. En ese sentido, hacemos las siguientes propuestas:
5.1 REFORMA DE JUSTICIA
Somos conscientes de que la reforma de la justicia requiere un esfuerzo conjunto, coordinado de todas las instituciones y de largo aliento.
En ese sentido, promovimos la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia con la finalidad de formular y ejecutar una política nacional de reforma que impulsaremos, en respeto irrestricto de la autonomía de las instituciones que lo conforman, que sea integral y se mantenga en el tiempo, para que todos los peruanos puedan acceder a una mejor justicia, más célere, oportuna, transparente y libre de corrupción.
Promoveremos, como acciones prioritarias:
– La revisión del rol de la Academia de la Magistratura, con la finalidad de fortalecer las competencias profesionales y éticas de jueces y fiscales; enfrentar la provisionalidad de jueces y fiscales, para que estos accedan a través de procedimientos meritocráticos y cuenten con las garantías para preservar su imparcialidad.
– La reforma de un nuevo Código Procesal Civil, la Ley del Proceso Contencioso Administrativo y la Ley General de Sociedades, a fin de optimizar el cumplimiento de contratos; y reforzar el rol del precedente y de la jurisprudencia vinculante, a fin de contar con un marco de predictibilidad, que contribuya a la seguridad jurídica de toda la ciudadanía.
– Culminación de la implementación del Código Procesal Penal a nivel nacional, el cual ha sido una tarea pendiente durante 16 años.
Por otro lado, siendo uno de los aspectos más relevantes es la celeridad y transparencia de los procesos judiciales se hace fundamental la digitalización e interoperabilidad de la justicia, lo cual tendrá como resultado el acceso remoto para los ciudadanos y mayor eficiencia por parte de los operadores de justicia.
Haremos una inversión total de 358 millones de dólares, para implementar a nivel nacional el Expediente Judicial Electrónico y de la Carpeta Fiscal Electrónica, con la finalidad de dotar de mayor celeridad a los procesos penales y no penales.
Fortaleceremos el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), implementando herramientas digitales para interconectar los centros penitenciarios del país, con la finalidad de contar con información veraz y oportuna acerca de la situación de cada uno de ellos.
Por último, mejoraremos el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) para que los adolescentes en conflicto con la ley penal cuenten con más y mejores programas de rehabilitación que permitan su reinserción en la sociedad.
5.2 REFORMA POLÍTICA
En el mensaje a la Nación del 28 de julio pasado, el señor Presidente de la República calificó como inaceptable que, en estos tiempos de pandemia, algunas autoridades locales no hayan cumplido con distribuir recursos médicos a quienes lo requerían.
La gestión deficiente de los servicios públicos tiene un impacto directo en la lucha contra el coronavirus. Mejores reglas políticas garantizarán mejores autoridades y estas, a su vez, garantizarán mejores servicios.
Como gobierno debemos ratificar nuestra posición favorable a la eliminación del voto preferencial, a la necesidad de regular el financiamiento de las organizaciones políticas más allá del delito especial ya creado, a garantizar la integridad de quienes asuman cargos de relevancia pública y a evitar que la inmunidad se confunda con impunidad.
Naturalmente, el hecho de que el Poder Ejecutivo está convencido del diálogo y la generación de consensos sobre todo en la política todo en beneficio del país. Consciente de ello, el señor Presidente de la República ha propuesto llegar a acuerdos mínimos en el marco del “PACTO PERÚ”; donde el Acuerdo Nacional asumirá la secretaría técnica.
El “PACTO PERÚ” representa una apuesta a largo plazo entre los actores políticos en temas concretos, para ofrecer las garantías de que las medidas a ejecutarse puedan tener sostenibilidad en el tiempo y no estén condicionadas a la coyuntura del momento. Esto conlleva, una enorme responsabilidad por parte de aquellos que acudan a dialogar, porque involucra un compromiso de no desconocer en el futuro lo pactado, de construir en base a nuestras diferencias puntos de coincidencia que nos permitan avanzar en una agenda común.
Estamos ingresando ambos al año final de nuestro mandato, y no podemos darnos el lujo de tener confrontaciones estériles, más aún cuando la pandemia nos recuerda, día a día, cuán frágil es la condición humana cada vez que nos arrebata a un ser querido.
Démonos juntos la oportunidad de perseverar en el diálogo sin descuidar el sentido de urgencia que la hora actual nos exige, y dejemos al país un legado que permita recuperar la confianza en la política.