A nivel mundial, el Perú figura como uno de los países con mayor número de empresas con certificaciones en ISO antisoborno, manifestó Iván Martínez López, vicepresidente internacional y cofundador de la World Compliance Association (WCA).

“Ello demuestra que hay muchas empresas y organizaciones en el Perú que son conscientes de la necesidad de combatir la corrupción, así como la importancia del aplicar el sistema de cumplimiento (compliance)”, comentó.

Durante el VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, evento organizado por la WCA y la Cámara de Comercio de Lima, destacó que hoy existe una mayor preocupación y compromiso, especialmente del sector privado, por aplicar el compliance y combatir la corrupción con diferentes iniciativas.

“Luchar contra la corrupción es una carrera maratónica de larga distancia y desde la WCA venimos trabajando con el Perú para ese propósito”, comentó.

En ese sentido, destacó que, en el país, el número de profesionales relacionados con el cumplimiento normativo ha logrado un significativo aumento, pues en los últimos ochos años, pasó de 400 a 5 000.

Por su parte, el primer vicepresidente de la CCL y presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción del gremio empresarial, Hernán Lanzara Lostaunau, sostuvo que hoy es oportuno que las empresas e instituciones apuesten por la integridad, ya que es un activo fundamental para el sector empresarial.

“Las empresas que demuestran con sus acciones y decisiones un comportamiento íntegro son más atractivas para establecer relaciones comerciales, ya que generan mayor confianza, lo que puede impactar en un aumento de ventas y nuevas oportunidades de colaboración”, manifestó.

Ello considerando que el nivel de corrupción ha escalado a diferentes niveles y sectores trascendiendo lamentablemente en pérdidas económicas que ponen en juego el costo de oportunidades.

“Los peruanos perdemos la posibilidad de invertir en infraestructura, salud, educación y otros sectores vitales. Sin embargo, lo más grave es la pérdida de confianza en las instituciones y en la democracia”, manifestó.

Precisamente, conforme a las cifras de la Contraloría General de la República, en los últimos cinco años la corrupción y la inconducta funcional en el país ha generado pérdidas alrededor de S/ 110 0000 millones, lo que equivale aproximadamente al 15 % del presupuesto nacional.

Por ello, Hernán Lanzara enfatizó que las empresas, principalmente las pequeñas y medianas (pymes), deben aplicar sistemas de cumplimiento (compliance) ya que son esenciales para prevenir riesgos legales.

“El cumplimiento normativo ayuda a las pymes a evitar sanciones, multas y otras penalidades derivadas del incumplimiento de leyes y regulaciones, pero además les ayuda a preservar su reputación en el mercado”, comentó.

Por su parte, Sergio Espinosa Chiroque, superintendente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la corrupción no solo es un delito que incide negativamente en la población, sino un fenómeno transversal y estructural que afecta la capacidad de la sociedad para luchar contra otros delitos como, por ejemplo, el lavado de activos y la minería ilegal.

“Ahora vemos como la corrupción facilita el avance de la minería ilegal. Por eso hay que seguir luchando sin bajar la guardia y estar alertas para proteger y defender lo avanzado”, comentó.

También resaltó el papel de los gremios empresariales que, a lo largo de los años, han instituido y promovido espacios donde se discuten la importancia del sistema de compliance.

Cabe mencionar que este importante evento, conformado por seis bloques, se realizó los días 9 y 10 de setiembre en la sede del gremio empresarial y contó con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel quienes aportaron una visión actualizada sobre el mundo del compliance, ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

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CCL Y WCA ORGANIZAN EVENTO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE

Con el fin de conocer las mejores prácticas empresariales y métodos que contrarresten cualquier acción de corrupción y otros delitos, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) junto a la World Compliance Association (WCA) organizan el ‘VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción’ que se realizará el 9 y 10 de setiembre en la sede institucional del gremio empresarial.

En el evento participará el especialista senior de la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Tadeo Leandro Fernández, quien dará a conocer las acciones y esfuerzos que viene realizando el Grupo BID para luchar contra la corrupción y fomentar el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe.

 Asimismo, el experto internacional indicó que el Grupo BID aprobó más de U$S 24 000 millones en financiamiento, incluyendo movilizaciones, cofinanciamientos, préstamos con y sin garantía soberana, inversiones y asistencias técnicas, entre otros productos financieros durante el 2023. Para lograrlo, Fernández destacó que es fundamental el rol en materia de gestión de riesgos de integridad en las operaciones de las empresas en la región.

 “Los programas de cumplimiento, en tanto estén diseñados en función de los riesgos que se enfrentan, son herramientas efectivas para prevenir conductas indebidas. Muchas veces, el incentivo para su implementación viene dado por requisitos legales o regulatorios, y otras veces por el entorno de negocios. En el BID, los programas de cumplimiento anticorrupción se aplican en diferentes contextos, a menudo con la participación de la OII”, señaló.

Otro método de incentivo que viene aplicando la Oficina de Integridad Institucional está vinculado con una herramienta diseñada para las pequeñas y medianas empresas (pymes). En ese sentido, Fernández explicó que muchas veces estos tipos de negocios no cuentan con los recursos para desarrollar sistemas de compliance porque pueden ser costosos y el asesoramiento de especialistas usualmente se encuentra más disponible para empresas grandes. 

“Para apoyarlas a enfrentar este desafío, la OII trabajó con expertos externos para desarrollar una solución anticorrupción y antisoborno diseñada para orientar a las pymes en la evaluación de riesgos de integridad y formula recomendaciones sobre los tipos de controles necesarios para gestionar esos riesgos”, explicó el especialista.

CONGRESO INTERNACIONAL 

Cabe precisar que el ‘VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción’ contará con talleres especializados y conferencias magistrales, el cual contendrá siete bloques temáticos en materia de cumplimiento, con destacados expositores nacionales e internacionales.

 En el bloque inaugural se contará con la presencia del primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción del gremio empresarial, Hernán Lanzara Lostaunau; el Superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa; e Iván Martínez, vicepresidente internacional de la World Compliance Association, España. En el referido Congreso, también se tendrá la participación de la Superintendenta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, Fernanda García-Yrigoyen; el gerente corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en la Compañía Peruana de Ingeniería y Construcción y Gerencia de Proyectos (COSAPI), Fredy Guerra; entre otros.

 Entre los ponentes internacionales estarán presentes Helena Fonseca, Head Public Procurement Programme de la Organización de los Estados Americanos OEA; Alejandra Guevara, Subject Matter Expert of Cybersecurity for Compliance Assurance de HSBC–USA; entre otros.

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Con el propósito de analizar los avances de la implementación de programas de cumplimiento e integridad en el sector público y privado, se llevó a cabo el ‘VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción’, organizado por la World Compliance Association y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y en el que participaron expositores internacionales, autoridades de alto nivel y profesionales de sector empresarial.

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En el discurso inaugural, que se realizó durante los días 19, 20 y 21 de septiembre en la sede principal de la CCL, Leonardo López, director del gremio empresarial, destacó que la Cámara tiene como política y compromiso promover la integridad y transparencia a través de todas sus actividades y entre todos sus directivos, empleados y colaboradores, mediante la aplicación de buenas prácticas, el cumplimiento de su código de ética y sus valores corporativos.

Asimismo, el directivo mencionó que la CCL impulsa el estricto cumplimiento normativo de su Modelo de Prevención de delitos de acuerdo con la Ley 30424, normativa que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, la cual fortalece la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas y promueve el buen gobierno corporativo.

«De esa forma, somos un referente ante nuestros miles de asociados y sector empresarial, modelo que es compartido con nuestras empresas asociadas dentro de nuestro portafolio de servicios que ofrece nuestra la institución», resaltó López.

También, señaló que el hecho de que la CCL sea nuevamente sede de este importante congreso a nivel internacional constituye una nueva oportunidad para reafirmar este compromiso, así como los esfuerzos y acciones que se despliegan para erradicar el flagelo de la corrupción.

«En esta línea, desde el año 2013, la CCL forma parte de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) que busca coordinar acciones y proponer políticas de Estado, dirigidas a prevenir y combatir la corrupción del país, la cual es reconocida como uno de los problemas más álgidos de nuestro país», sostuvo el director del gremio empresarial.

Comisión de integridad

Además, Leonardo López destacó que la CCL cuenta con la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, conformada por un grupo de destacados profesionales, expertos en temas de ética, integridad y sistemas de cumplimiento, con quienes promueven una cultura de integridad y ética en el sector privado, trabajando de manera coordinada con el sector público a fin de que sea sostenible en el tiempo.

«La Comisión realiza de manera anual foros internacionales de integridad y lucha contra la corrupción con el fin de sensibilizar sobre estos temas al sector empresarial y a la ciudadanía en general. De este modo, generamos un espacio de diálogo y de intercambio de experiencias y propuestas para que, de la mano con el sector público, la academia y la sociedad civil, promovamos una cultura de integridad y ética, tanto en el mundo de los negocios como en nuestra sociedad», remarcó el representante del gremio empresarial.

A nivel formativo, López indicó que la CCL, a través de su Centro de Consultoría, viene desarrollando cursos de capacitación para formar especialistas y auditores que apoyen en comprender, diseñar, implementar y supervisar modelos de prevención de delitos y Sistemas de Gestión Anticorrupción en empresas e instituciones, con el objetivo de prevenir, detectar y mitigar adecuadamente posibles conductas ilícitas en las empresas.

Retos y desafíos

Por su parte, Iván Martínez, vicepresidente y cofundador de la World Compliance Association Internacional, comentó que ya son siete los años en los que se viene realizando el ‘Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en el Perú’, en una coyuntura política, donde pasaron varios presidentes y cientos de ministros. Sin embargo, destacó los avances ejecutados por el sector público y privado para combatir el lavado de activos.

“Cuando iniciamos con los congresos de compliance era un fenómeno absolutamente nuevo para el país. Hoy más de 400 personas se desempeñan como compliance officers, lo cual es muy positivo por los avances que se ha visto en el Perú. Tal vez, en la actualidad es difícil ser optimistas ante los grandes casos de corrupción, pero la gran responsabilidad de las autoridades es generar credibilidad y confianza en la población”, señaló el especialista en compliance.

A su vez, Nelson Shack, Contralor General de la República, sostuvo, a través de su participación virtual, que el principal problema que enfrenta el país es la corrupción que afecta la calidad de vida de las personas y sus perspectivas de desarrollo. Además, señaló que genera el debilitamiento de las instituciones y la democracia, así como la afectación del crecimiento económico del país.

“Para afrontar este escenario, afirmamos que la lucha contra la corrupción debe ser sostenible, articulando adecuadamente el ecosistema de control conformado por la Contraloría de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Además, este ecosistema también comprende el control político por parte del Poder Legislativo, el compliance de las empresas privadas y la academia. Todos tenemos que reducir el umbral de tolerancia de la corrupción”, indicó el funcionario.

En relación con los avances del Modelo de Integridad que se vienen implantando en las instituciones públicas, Sara Farfán, secretaria de Integridad Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), precisó que cada vez más entidades públicas vienen adecuando herramientas para aumentar su capacidad preventiva frente a la corrupción y en el cambio cultural.

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En el panel denominado ‘Experiencias reales en la implementación de programas de integridad pública’, también participaron Tabata Vivanco, secretaria general del Ministerio del Interior; y Carlos David Castro Barriga, director de la Dirección de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de la Producción (Produce).

Políticas contra el lavado de activos

En cuanto a los avances de políticas contra el lavado de activos, Sergio Espinoza, superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú, adelantó que este año esperan que se apruebe la política nacional anti lavado de activos, así como la evaluación nacional de riesgos de financiamiento de terrorismo y financiamiento de la proliferación.

Además, durante su exposición, Espinoza explicó que la UIF ha detectado como un riesgo muy alto de lavado de activos a la minería ilegal y los delitos contra la administración pública. Asimismo, se mantienen como riesgos muy altos el tráfico de drogas, los delitos tributarios y los delitos contra el patrimonio. Sin embargo, comentó que es lamentable que no se considere como un riesgo importante a la trata de personas y menores.

En el panel “El periodismo de investigación en la lucha contra la corrupción en América”, participó Óscar Balderas, periodista de investigación de MVS y Milenio Noticias de México, quien comentó que los tiempos de crisis son el terreno perfecto para la proliferación de la corrupción, lo cual es una amenaza constante para el trabajo periodístico.

Asimismo, Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación de El Comercio; e Iván Slocovich, director de Correo; coincidieron en que el periodismo de investigación en el Perú es un desafío permanente porque es un enfrentamiento contra el poder y autoridades políticas inmersas en casos de corrupción, quienes someten a los periodistas a querellas y a juicios. El panel estuvo moderado por José Salazar, periodista y comunicador especializado en asuntos públicos.

De otro lado, durante el desarrollo del panel denominado “La investigación interna en el marco corporativo, retos y oportunidades”, Yusith Vega, oficial de Cumplimiento de la CCL, resaltó que no es suficiente que las empresas cuenten con canales de denuncias para la adecuada recepción de irregularidades, también es muy importante que adicionalmente tengan una adecuada metodología para atenderlas.

A su vez, Teresa Tovar, líder del área de Compliance en el Estudio Echecopar asociado a Baker & MCKenzie Int., resaltó la reciente publicación de la ISO/TS 37008, que ofrece orientación para que las organizaciones lleven a cabo investigaciones internas basadas en los principios de confidencialidad, competencia y profesionalidad, objetividad e imparcialidad, y legalidad.

Por su parte, Fernando Dyer, Chief Risk Compliance Officer en Unacem, señaló que las investigaciones internas permiten a una organización, tomar decisiones informadas si se han infringido leyes, reglamentos, políticas internas, procedimientos, la política de cumplimiento corporativa y la ética de la organización, comprendiendo las causas que provocaron los incumplimientos mencionados para establecer y aplicar las medidas paliativas necesarias para evitar que se produzcan conductas similares.

Finalmente, Pablo E. Gil de Montes, director ejecutivo de Gryphon Strategies, resaltó la importancia de las investigaciones internas desde el punto de vista de un investigador externo independiente, cuyos informes le servirá de apoyo a los compliance officers para la toma de acciones correctivas o de mejora en la empresa.

Cabe precisar que el ‘VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción’ contó, además, con conferencias magistrales, talleres especializados virtual y presencial en simultáneo.

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¿Cómo está ayudando la implementación del compliance en los países que lo están adoptando?

La World Compliance Association está en 19 países en el mundo y sí hemos apreciado un cambio muy importante en los últimos años, pues los estados están ejerciendo su actividad, no solo exclusivamente como vigilantes que castigan cuando se hace algo mal, sino que también realizan una tarea de ayudar, de colaborar con las autoridades, empresas y particulares, a generar y crear mejores entornos.

Hay un cambio de colaboración entre el estado, las autoridades, el sector empresarial y el público en el que se percibe una preocupación muy evidente por la ética y no solo por el crecimiento económico. La ética y la integridad son muy relevantes porque dan contestación a esa aspiración final de desarrollar ámbitos donde las personas tengan como fin último llegar a la felicidad.

En el ámbito corporativo, las empresas buscan esa felicidad en un resultado económico óptimo y sostenible, que les permite cumplir con sus obligaciones y objetivos éticos mediante la satisfacción de clientes, proveedores y empleados.

Detrás de esta búsqueda, que hemos llamado la “ética aplicada”, se deja ver, por un lado, la necesidad de las personas de cumplir con nuestros objetivos vitales y, por otro, la colaboración del estado para asegurar entornos que permitan a sus ciudadanos desarrollarse como seres humanos en un ambiente transparente y ético.

Ésta es la parte más relevante en la implementación del compliance, en el sentido de que los estados se involucran para lograr un entorno más ético que vuelve a las empresas más competitivas.

¿Cómo analiza el desarrollo del compliance en el Perú?

El Perú lleva unos años promocionando la ética pública y privada. Como  otros países de América y el mundo, ha tenido malas experiencias, pero ha decidido, a través de algunas iniciativas legislativas, promocionar el uso de la ética y la integridad. Entre otras, el Perú empezó sus prácticas de compliance en el ámbito de la contratación pública, tomando en cuenta a las empresas que tuvieran iniciativas en esta materia y valorándolas con una mejor puntuación. Con eso, el sector público mandaba un mensaje importante al sector privado: “la ética me importa”.

Desde entonces, el Perú ha fomentado desde hace muchos años iniciativas muy buenas que están recibiendo frutos y tienen cierto retorno de la inversión, ya que se valora más la competitividad de las empresas éticas.

¿Hay algún ranking de la región que nos muestre cómo está el Perú en cuanto al cumplimiento de compliance?

Anualmente se publican muchísimos rankings de entidades públicas y privadas. Por ejemplo, en el “Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional”, el Perú figura a la mitad de la tabla, en el puesto 105; Colombia, por ejemplo, está en el puesto 87 y Chile en el 27.

Debemos tener en cuenta que el referido índice no mide un dato objetivo, sino que transmite la percepción a través de una metodología de evaluaciones de expertos y encuestas a empresarios. Lo llamativo es que prácticamente todos los índices obtienen resultados similares: por ejemplo, el World Justice Project sitúa al Perú en la casilla 90 y a Colombia y Chile en los puestos 91 y 33 respectivamente.

Lo cierto es que, a lo largo de los años, estos índices nos han permitido comprobar cómo le está yendo a un estado, y sobre todo cuál es la percepción que tenemos como ciudadanos de cuáles son los problemas que enfrentamos y, más relevante aún, cómo percibimos los esfuerzos de nuestro país y de nuestros gobernantes en materias como la lucha contra la corrupción.

¿Cómo percibe la comunidad internacional al Perú?

Aunque el Perú ha tenido cambios de gobierno,  lo que podría llegar a afectar  su imagen internacional y la evaluación del riesgo país por parte de empresas, la percepción generalizada es que se trata de un país estable en el que se puede hacer negocios.

Tengamos en cuenta que los cambios de gobiernos no dejan de ser cambios de personas y terminan por afectar positiva o negativamente de acuerdo a la reputación, los antecedentes y la percepción de los mercados respecto de sus primeras decisiones. Dicho esto, no soy capaz de dar un dato real del comportamiento de la comunidad internacional con respecto al Perú, si bien los hechos muestran que es un país seguro para hacer negocios en el que se siguen valorando mucho la ética y el cumplimiento.

¿De qué manera impacta la corrupción en la economía de un país?

Fundamentalmente en la pobreza. Hay una línea clara que une la corrupción con la pobreza. Aquellos países que tienen índices muy bajos de corrupción son los que están luchando eficazmente contra la pobreza y la desigualdad.

Hay que tener en cuenta que la corrupción viene asociada a conceptos como la impunidad y la falta de transparencia, por lo que estado que no dispone de legislaciones que castigan de forma eficaz la corrupción pública y privada y fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, no mitiga la desigualdad ni la pobreza incrementando la impunidad. El ciudadano percibe que no hay castigo contra actuaciones corruptas, así que se perpetúa ese círculo vicioso que termina por afectar gravísimamente a las personas y más aún al más vulnerable.

Por ponerlo en un ejemplo: una empresa que gana un contrato público para la construcción de un hospital y ha ganado mediante prácticas corruptas, terminará por deducir  esa cantidad de la calidad del producto y finalmente construirá un peor hospital, que se traducirá en un mal servicio para los ciudadanos.

Por lo tanto, al final esa corrupción sistémica afecta finalmente a las personas. La mayor o menos corrupción siempre impacta en la riqueza y en la pobreza de las personas.

El cohecho y delitos como el soborno son recurrentes en el Perú. ¿Qué acciones deben tomarse para reducir los niveles de corrupción?

Fundamentalmente hay dos formas de mitigar la corrupción: la transparencia y la rendición de cuentas.

Hay estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que señalan cómo la ausencia de transparencia acaba por favorecer a la corrupción.

En el momento en que los estados deciden invertir en transparencia y en tecnología asociada a la transparencia, la corrupción disminuye porque dispondremos de la totalidad de la información del estudio de necesidad, el pliego, las condiciones de contratación, las propuestas y a adjudicación y, además, los servidores públicos responsables de cada fase del proceso.

Por ello, es importante que los países creen portales de transparencia pública, para revisar quiénes están ganando los proyectos, por qué, cómo lo hacen y que los criterios sean transparentes y que se puedan comprobar los conflictos de interés entre los empleados públicos y los responsables de las empresas privadas.

Con respecto a la rendición de cuentas, tomemos el ejemplo de la empresa privada en la que los cargos de dirección tienen que mandar reportes mensuales, semanales o diarios dando cuenta de los resultados.

La rendición de cuentas permite comprobar el estado del cumplimiento de los objetivos y favorece la toma de decisiones. En el ámbito público es importante que los ciudadanos conozcan qué hacen los gobernantes y a qué destinan los presupuestos y puedan tomar las decisiones correspondientes en el siguiente período legislativo.

Finalmente es importante fomentar la cultura de cumplimiento dando formación y concienciación a todos los niveles y exigiendo resultados concretos en las conductas de las personas. Los países que ahora tienen éxito en este tema son los que invierten tiempo y recursos en la formación en integridad en los servidores públicos y en las empresas que prestan servicios al sector público, ofreciendo normas claras de conductas exigidas y esperadas.

¿Qué beneficios trae un programa de compliance para una empresa?

El compliance debe suponer un retorno de la inversión e impactar de manera positiva al balance económico de una empresa.

El reto del compliance es que se vea reflejado en la cuenta de resultados, puesto que ninguna empresa puede permitirse el lujo de tener un área o una inversión que no ayude al negocio, e incluso que use conceptos abstractos de medición de la eficacia que no tenga en cuenta los objetivos económicos de la compañía. Por eso, siempre decimos que la gestión de riesgos del compliance está orientada a ofrecer información económica concreta para que la empresa sepa cuál es el costo de no cumplir.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) tiene el firme propósito de promover la integridad y transparencia. Por ello, su interés como institución gremial es apoyar las políticas públicas enfocadas a luchar contra la corrupción.

Así lo manifestó el presidente de la CCL, Peter Anders, durante su participación en el IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, organizado por la World Compliance Association (WCA), conjuntamente con la CCL y Amcham Perú, del 26 al 30 de octubre.

En ese sentido, Anders Moores exhortó a los empresarios a asumir el compromiso de implementar modelos de prevención y sistemas anticorrupción en sus empresas, de manera que se sumen a la lucha contra este flagelo que combate el país.

A su turno, el contralor general de la República, Nelson Shack, afirmó que la primera línea de defensa para combatir la corrupción y la inconducta funcional en las instituciones del Estado es fortalecer el control interno y la gestión de riesgos, a fin de promover un adecuado mecanismo de compliance.

Shack sostuvo que en el 2019 la corrupción y la inconducta funcional generaron al país pérdidas económicas por más de S/ 23.000 millones, valor equivalente al 3% del PBI.

Por ello, dijo que tal situación podría agravarse en un contexto de pandemia, debido al débil control interno en las entidades públicas, pues según la Contraloría, solo el 3% de ellas tenía implementado un sistema de control y supervisión.

“En esta crisis, es necesario contar con instituciones sólidas que puedan gestionar eficientemente los recursos del Estado. Precisamente, para la contención de la COVID-19, y reactivación de la economía, se asignó un presupuesto de más de S/ 102.000 millones, monto que debe ser bien gestionado”, manifestó el contralor Nelson Shack.

Avances en el país

Por su parte, el vicepresidente de la World Compliance Association (WCA), Iván Martínez, consideró que en estos años, el Perú –en temas anticorrupción– ha demostrado una resiliencia “impresionante” e importantes avances en buenas prácticas en materia de prevención y lucha contra la corrupción.

“Ante este panorama, los países incluyendo el Perú, deben implementar adecuadamente sus modelos de prevención anticorrupción, pues este flagelo es un virus que menoscaba la capacidad del desarrollo económico y social, y a la vez destroza la confianza de los ciudadanos”, precisó Martínez.

A su turno, el superintendente del Mercado de Valores (SMV), José Manuel Peschiera, refirió que se están realizando acciones para establecer los lineamientos para la calificación de directores independientes en empresas del mercado bursátil, normativa aprobada en junio del 2019.

“Si bien las firmas no están obligadas a contar con un directorio independiente, hay interés de los inversionistas para que ello se cumpla. Además de tener un directorio independiente, las empresas deberán cumplir con tales lineamientos”, afirmó.

En tanto, para lograr un mejor análisis de la información, el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, adelantó que su institución implementaría este año la inteligencia artificial (IA) en los reportes de operaciones sospechosas (ROS). “Ello significará un mayor prestigio y retribución en términos de ahorro”, anotó.

También sostuvo que se está desarrollando un diagnóstico sobre la presencia y alcances de los activos virtuales en el país, tales como los bitcoins y otros, a fin de establecer una regulación sobre el tema.

Igualmente, la institución inició la supervisión – con carácter preventivo– a las casas de cambios virtuales, que a septiembre ya cuentan con ocho diligencias de las 15 que contempla el Plan Anual de Supervisión de la UIF.

En tanto, la analista de la División de Integridad del Sector Público de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Pauline Bertrand, advirtió que ante la actual coyuntura, podría darse un escenario de mayor fraude y corrupción perjudicando así la integridad de las instituciones públicas.

Asimismo, dijo ser importante asumir ciertos desafíos, como el identificar prácticas corruptas en la compra de medicamentos y material médico, además de la influencia indebida de intereses particulares en el diseño paquetes de estímulo económico. De igual manera, recomienda a los gobiernos no delegar –en momentos de crisis– la transparencia y la rendición de cuentas.

“En esta coyuntura, es importante mejorar los procedimientos de contratación pública, para permitir un control continuo y preventivo”, aseveró.

Más transparencia

Por su parte, el secretario de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eloy Munive, afirmó que para luchar contra la corrupción es sustancial fortalecer mecanismos de transparencia y el acceso a la información de las organizaciones públicas.

“También se debe generar mayor información con elementos que permitan la participación de la ciudadanía, incluso en la toma de decisiones”, expresó. Finalmente, la gerente de Relaciones Institucionales de Amcham Perú, Claudia Vásquez, anotó “que será difícil la generación de oportunidades para el crecimiento, de no existir un real compromiso para la prevención y la lucha contra la corrupción”.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) recibió el reconocimiento de la World Compliance Association (WCA) por ser la primera institución del país de haber certificado su Modelo de Prevención de delitos, conforme a los requisitos señalados en la Ley 30424 y su reglamento, norma que  regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas.

Esta ceremonia se realizó de manera virtual el 30 de octubre en el marco del IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción.

Cabe señalar que este importante documento fue entregado por la presidenta de la WCA en Perú, Mónica Huertas, quien felicitó la labor de la CCL, por haber implementado este año su modelo de prevención de delitos, pese a un contexto de pandemia.

“Este reconocimiento es para todos los que integran la Cámara de Comercio de Lima, especialmente para Yolanda Torriani, expresidenta de la CCL, quien desde su gestión impulsó dicho tema. Ahora con Peter Anders, como nuevo presidente de la CCL, estamos  seguros que continuará con esta ardua labor”, manifestó Mónica Huertas.

Cabe mencionar que el Consejo Directivo de la CCL, liderado por su entonces presidenta Yolanda Torriani, aprobó la implementación de dicho modelo con el objetivo nacional de apoyar la lucha contra la corrupción en el país, tarea que fue encabezada por Yusith Vega, responsable del Modelo de Cumplimiento y por la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la CCL, presidida por Hernán Lanzara.

La funcionaria de la WCA sostuvo que este reconocimiento de la CCL va a significar para  las empresas e instituciones la necesidad de certificarse. “No basta con tener el sistema implementado, es necesario garantizar que el modelo de prevención está funcionando de manera adecuada”, sostuvo.

A su turno el presidente de la CCL, Peter Anders, destacó que continuará promoviendo la certificación de  los modelos de prevención a la espera que más  empresas y organizaciones se sumen a este esfuerzo.

“Es importante que las instituciones y el sector empresarial sigan este ejemplo tan necesario ante la actual situación”, expresó.

Finalmente, el vicepresidente internacional de la World Compliance Association, Iván Martínez, afirmó que la CCL no solo representa a nivel institucional, un gran referente para el sector empresarial peruano; sino también es un importante referente en el liderazgo ético.

“Con la certificación de su modelo de prevención, da el paso correcto para luchar por un Perú más ético, porque ello genera posibilidades para mejorar económicamente, atraer más inversión y desarrollo», anotó.

El Superintendente Adjunto de Riesgos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Alejandro Rabanal, consideró sumamente importante que las organizaciones cumplan con actualizar sus códigos de conducta (ética) de manera periódica.

“La importancia de actualizar los códigos de conducta radica en que minimiza la probabilidad de ocurrencia de sobornos”, afirmó durante su presentación en el IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha anticorrupción, organizado por la World Compliance Association (WCA), en conjunto con la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y Amcham Perú.

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Precisamente, según el estudio latinoamericano Estado de las prácticas empresariales contra el soborno, presentando por la Universidad del Pacífico (una encuesta a más de 420 empresas peruanas, entre pequeñas, medianas y grandes), el 75% contaba con un código de conducta.

Sin embargo, el mismo estudio revela que el 70% afirmó haber pagado sobornos para agilizar o facilitar sus trámites, lo que demuestra un alto porcentaje del soborno en estas organizaciones.

“Si bien el índice es alto, se puede revertir esta situación de actualizar los códigos de conducta y más aún con la Ley N° 30424, la cual regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción y lavado de activos, y que comprende además un modelo de prevención voluntario”, manifestó.

Corrupción en el aparato estatal

Por su parte, el Fiscal Supremo Adjunto integrante del Equipo Especial Anticorrupción de la 1era Fiscalía Suprema Penal, Martín Salas Zegarra manifestó que “no hay ninguna entidad pública que esté libre de corrupción”.

En ese sentido, sostuvo que la colusión es una de las modalidades delictivas que más ha golpeado al país pues ha generado millonarias pérdidas económicas al Estado e incrementado los niveles de pobreza.

“Por ello, el Perú debe seguir promoviendo una tolerancia cero contra la corrupción y la impunidad”, refirió.

En este aspecto, resaltó las características de la Ley N° 30424, al ser herramienta fundamental para prevenir la corrupción y el lavado de activos.

Consideró fundamental que las organizaciones deban contar con un sólido sistema de cumplimiento (compliance), pues de esta manera permitirá mitigar los riesgos de corrupción, financiación del terrorismo y lavado de activos.

Cabe señalar que a este encuentro participaron también, Eduardo Vega, miembro del Comité de Integridad y Lucha Anticorrupción de la Cámara de Comercio de Lima; Teresa Mínguez, directora Legal y Compliance de Porsche Ibérica (España); Juan Carlos Galindo (España); Presidente Nacional Ejecutivo de la Asociación Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo (ASEBLAC), España y Antonio del Morral, magistrado del Tribunal Supremo en España.

El contralor general de la República, Nelson Shack, afirmó que la primera línea de defensa para combatir la corrupción y la inconducta funcional en las instituciones del Estado es el fortalecimiento del  control interno y gestión de riesgos, es decir, promover un adecuado mecanismo de compliance en el sector público.

Así lo manifestó durante su participación en el IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción organizado por la World Compliance Association Internacional, en conjunto con la Cámara de  Comercio de Lima (CCL) y Amcham Perú.

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Cuantiosas pérdidas

Shack sostuvo que en el 2019 la corrupción y la inconducta funcional generó pérdidas económicas para el país por más S/ 23.000 millones, equivalente al 3% del PBI.

En ese sentido, manifestó que tal situación podría empeorar en un contexto de pandemia, ya que se ha evidenciado que las instituciones del sector público tienen un precario control interno.

Efectivamente, la Contraloría había encontrado que solo el 3% de las entidades públicas habían implementado un sistema de control y supervisión, situación que ha cambio en los últimos meses.

“Ante una panorama de pandemia, es necesario contar con instituciones sólidas que puedan gestionar eficientemente los recursos del Estado. Precisamente, para la contención de la COVID-19, y reactivación de la economía, se asignó un monto presupuestal de más de S/ 102.000  millones, los que deben ser bien manejados”, manifestó Nelson Shack.

Avances del Perú

Por su parte, el vicepresidente de la World Compliance Association Internacional, Iván Martínez, consideró que el Perú en estos años –en temas anticorrupción– ha demostrado resiliencia “impresionante” y ha mostrado importantes avances en buenas prácticas en materia de lucha contra la corrupción.

“Antes esta situación complicada, los países incluyendo el Perú, deben implementar adecuadamente sus modelos de prevención anticorrupción, pues la corrupción es un virus que menoscaba la capacidad del desarrollo económico y social, y a la vez destroza la confianza de los ciudadanos”, precisó Martínez.

Por su parte, el presidente de la CCL, Peter Anders, destacó que este IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción es un importante referente nacional e internacional, pues brinda aprendizaje e información sobre las tendencias, actualidad y herramientas para promover la cultura ética y de cumplimiento en las organizaciones.

En esa línea, exhortó a los empresarios a cumplir el compromiso de implementar modelos de prevención y sistemas anticorrupción en sus empresas. “De esta forma nos sumaremos a la lucha contra la corrupción que libra nuestro país”, precisó Anders.

Cabe señalar que en este evento también  participaron Claudia Vásquez, gerente de Relaciones Institucionales de Amcham Perú; Sergio Espinosa Chiroque, superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF); Pauline Bertrand (Francia), analista político de la División de Integridad del Sector Público de la OCDE; y Eloy Munive, secretario de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Uno de los principales objetivos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) es apoyar al Estado a erradicar la corrupción, colusión, lavado de activos y demás delitos que producen barreras para el desarrollo, generando pobreza, desigualdad y –lo más grave–, una creciente desconfianza en la ciudadanía. Por ello, la CCL participa activamente en diferentes campos de acción con el fin de generar conciencia sobre la integridad y la ética; valores que son posibles desarrollar para construir juntos un país mejor.

A nivel institucional, integramos la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), en donde nuestra Presidenta junto a representantes de otras instituciones públicas, privadas y la sociedad civil, buscan articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país.

En el aspecto técnico, nuestro Centro de Competitividad y Desarrollo Empresarial tiene la Vicepresidencia del Comité Técnico de Normalización de Gestión de la Calidad para promover la Integridad (Anticorrupción) en el INACAL; contribuyendo en la elaboración de Normas Técnicas Peruanas que faciliten la implantación de modelos de prevención y sistemas de gestión Anticorrupción en las empresas y organizaciones.

A nivel formativo, la CCL desarrolla desde el 2017 cursos de capacitación para formar especialistas y auditores que apoyen en comprender, diseñar, implementar y supervisar modelos de prevención de delitos y Sistemas de Gestión Anticorrupción en empresas e instituciones, con el objetivo de prevenir, detectar y mitigar posibles conductas ilícitas en las empresas. También contamos con un convenio con la World Compliance Association (WCA), una de las asociaciones más importantes de Europa formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del compliance. Además, con la WCA realizamos en el 2018 y 2019 congresos internacionales que reunieron a expertos internacionales y nacionales, conocedores del compliance y modelos de prevención de delitos; con la finalidad de difundir mecanismos y experiencias aplicadas en otras partes del mundo para combatir la corrupción.

Finalmente, la CCL se encuentra en la etapa final para la implementación del modelo de prevención de delitos que señala la Ley 30424, el mismo que nos permitirá promover la integridad y transparencia en todas las actividades que realizamos y servicios que brindamos para, así, ser referente ante nuestros asociados y sector empresarial y, en segundo lugar, proteger a la institución y a todos los que formamos parte de ella de sanciones administrativas y penales, al contar con un sistema ordenado de normas y procedimientos de prevención y control, modelo que podrá ser compartido con nuestras empresas asociadas dentro de nuestro portafolio de servicios.