El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) se ha consolidado como una herramienta eficaz para reducir brechas sociales y mejorar la calidad de los servicios públicos, especialmente en regiones con baja ejecución pública o limitada capacidad técnica. Desde su creación en el 2008, ha movilizado más de S/ 12 140 millones en inversiones ejecutadas por el sector privado, beneficiando a más de 28 millones de peruanos en 22 regiones del país.

El éxito de OxI radica en permitir que las empresas privadas financien proyectos utilizando el Impuesto a la Renta que deberían pagar al Estado. A través de este sistema, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puede redirigir recursos a otras prioridades mientras se garantiza el avance de obras estratégicas.

Durante el 2024, se adjudicaron 126 proyectos por un valor de S/ 4 204 millones, con la participación por primera vez de 73 empresas y 42 entidades públicas. En el 2025, solo en el primer trimestre, ya se han adjudicado 62 proyectos por S/ 380 millones.

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Regiones líderes en ejecución

Cinco regiones concentran el 63 % de toda la inversión de OxI, con S/ 7 642 millones. Se trata de Cusco, con 95 proyectos por S/ 1 087 millones; Arequipa (79 proyectos por S/ 1 598 millones); Áncash (72 proyectos por S/ 2 815 millones); La Libertad (57 proyectos por S/ 874 millones); e Ica (51 proyectos por S/ 1 271 millones).

Estas inversiones se han focalizado en educación y salud, facilitando el acceso a servicios básicos y promoviendo el desarrollo territorial.

Además, regiones como Ayacucho, Apurímac, San Martín, Tumbes y Lambayeque se han integrado gradualmente al mecanismo en los últimos cinco años, ampliando la cobertura de OxI a casi todo el país.

Respaldo institucional y mejoras normativas

Es importante resaltar que el MEF ha implementado medidas para ampliar el alcance de OXI, como la simplificación de trámites, ampliación de sectores y la mejora de las condiciones para una mayor participación empresarial.

En ese sentido, en febrero del 2024, el MEF aumentó los topes de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), lo que permitirá que los gobiernos regionales y locales puedan acelerar el desarrollo de infraestructura de calidad. Antes de la medida, los gobiernos regionales, locales y universidades públicas disponían de un tope máximo de S/ 33 828 millones para financiar y ejecutar OXI. Con los cambios realizados, ese tope se elevó a S/ 46 185 millones.

El mayor incremento se da para los gobiernos locales por S/ 24 764 millones, lo que representa un incremento del 57 %. Para el caso de los gobiernos regionales, el tope será de S/ 19 683 millones, monto mayor en 16 % al establecido en 2024. Asimismo, destaca el incremento del 74 % del tope destinado a las 53 universidades públicas por S/ 1 738 millones.

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OxI al servicio de la seguridad ciudadana

Aunque los sectores de Educación (24 %), Transporte (22 %) y Salud (18 %) lideran las inversiones, Saneamiento (11 %) y Orden público y Seguridad (9 %) vienen ganando protagonismo. Estos últimos han escalado una importante presencia con inversiones que suman S/ 1 374 millones y S/ 1 048 millones, respectivamente.

En el caso de los proyectos de Orden público y Seguridad, ya se han ejecutado 73 proyectos por más de S/ 1 000 millones, incluyendo la construcción de comisarías, centros de vigilancia y compra de patrulleros y equipamiento policial. De este total, siete proyectos corresponden al Gobierno Nacional por 82 000 000, nueve a cargo de los Gobiernos Regionales (S/ 252 millones) y 57 a cargo de los Gobiernos Locales (S/ 714 millones).

Según el registro de mayores inversiones, sobresalen dos proyectos. Se trata de la “Creación del servicio de Seguridad Ciudadana local en el centro de comando, control, comunicación, cómputo y monitoreo” en Ica por 87 000 000; y el proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de Seguridad Ciudadana local en serenazgo de Maynas, Punchana, Belén y San Juan Bautista”, en la provincia de Maynas, departamento de Loreto, por S/ 66 millones.

Para el 2025, se espera concretar la adjudicación de 62 proyectos en seguridad con una inversión estimada en S/ 2 700 millones.

En suma, el mecanismo de Obras por Impuestos se ha consolidado como una alternativa innovadora y efectiva para cerrar brechas sociales, acelerar la ejecución de obras públicas y fomentar alianzas entre el Estado y el sector privado. Su expansión progresiva y los resultados alcanzados evidencian su valor como catalizador del desarrollo sostenible en el Perú.

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Mediante la Ley 32032, publicada el 18 de mayo de 2024, se modificó el Código de Protección y Defensa del Consumidor, con el objetivo de simplificar los procedimientos para la solicitud de suspensión, cancelación o baja de servicios públicos de telecomunicaciones, gas natural, saneamiento, agua potable y electricidad. Esta respuesta a las dificultades reportadas por los usuarios busca establecer un procedimiento más ágil para facilitar la interacción de los usuarios con las empresas proveedoras de los referidos servicios. 

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La modificación incorpora el numeral 66.10 al artículo 66 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.º 29571), estableciendo deberes adicionales para los proveedores de dichos servicios:  

1. Disponibilidad de canales de atención: los proveedores deberán poner a disposición de los consumidores diversos canales de atención como páginas web, aplicaciones oficiales y líneas telefónicas para solicitar la suspensión temporal, cancelación o baja del servicio. El acceso a estas solicitudes debe encontrarse en el menú de inicio de las respectivas páginas web, aplicaciones oficiales y canales telefónicos, de manera que puedan ubicarse de manera sencilla. 

2. Atención rápida de solicitudes: las solicitudes presentadas por los usuarios deben ser atendidas de forma expeditiva y eficiente. Los organismos reguladores establecerán las condiciones de dichas solicitudes basándose en el principio de simplicidad. 

 3. Condiciones específicas para servicios de electricidad y gas natural: las solicitudes para estos servicios solo podrán ser realizadas por el propietario del inmueble, el titular del suministro o el usuario del servicio instalado, siempre y cuando se acredite dicha condición. Para el servicio eléctrico, la solicitud solo procede si el predio no se encuentra habitado. 

4. Acceso a información: los usuarios también podrán solicitar información sobre tarifas, costos de reconexión, plazos de atención establecidos y condiciones para dar de baja o cancelar el servicio a través de los canales disponibles. 

 Beneficios esperados

Se espera que estos cambios brinden mayor transparencia y accesibilidad, así como eficiencia en la atención y resolución de conflictos. Sin embargo, las empresas proveedoras deberán adaptar sus sistemas y capacitar a su personal para cumplir con los nuevos requerimientos; y los organismos reguladores deberán establecer mecanismos efectivos para monitorear el cumplimiento de la ley y sancionar posibles incumplimientos. 

 

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El gobierno peruano ha dado un paso importante, al publicar este miércoles 5 de julio en el Diario Oficial El Peruano, la Ley 31814. Se marca así un hito histórico, con esta ley que promueve el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en favor del desarrollo económico y social del país. Y en un plazo de 90 días hábiles, el Poder Ejecutivo deberá aprobar el respectivo reglamento para esta nueva ley.

 

Esta nueva ley busca impulsar el uso de la IA de manera segura, ética, transparente y responsable, trazando un camino hacia la transformación digital del país. Además, se declara de interés nacional la promoción del talento digital para el aprovechamiento de las tecnologías emergentes y nuevas tecnologías, en favor del desarrollo económico y social del país. Así mismo, se declara de interés nacional el fomento del desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial para la mejora de los servicios públicos, como la educación, la salud, la justicia, la seguridad ciudadana, la seguridad digital, entre otros.

 

Un impulso significativo hacia la consolidación del uso y desarrollo de la Inteligencia Artificial en Perú

 

Esta nueva ley, en esencia, sienta las bases para una nueva era en la que la IA podrá ser un pilar fundamental en la mejora de servicios públicos esenciales. Se trata de un marco ético y normativo que busca colocar al ciudadano en el centro de la transformación digital. La ley establece seis principios fundamentales para la utilización y desarrollo de la IA:

 

1. Estándares de seguridad basados en riesgos: se promueve un enfoque basado en riesgos para el uso y desarrollo de la Inteligencia Artificial.

 

 

2. Enfoque de pluralidad de participantes: se promueve la participación de personas naturales y jurídicas u organizaciones e instituciones públicas y privadas en el debate para el desarrollo de políticas orientadas a la regulación sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el país.

 

 

3. Gobernanza de internet: se promueve el desarrollo y aplicación de principios, normas, reglas, procedimientos de toma de decisión y programas que determinan la evolución y el uso de internet por parte del Estado, instituciones del sector privado y la sociedad civil participando desde sus respectivos roles.

 

4. Sociedad digital: se valora la información y el conocimiento obtenido mediante el acceso, uso y desarrollo de tecnologías digitales en todas sus dimensiones y se impulsa la seguridad, la confianza, la economía digital, la conectividad digital, el talento, la innovación, la educación y la identidad digital, así como el aprovechamiento de las tecnologías emergentes en favor del bienestar social y económico de la ciudadanía.

 

 

5. Desarrollo ético para una Inteligencia Artificial responsable: se considera que la ética es la base fundamental para identificar de forma precisa el marco de responsabilidades en el uso de este tipo de sistemas que conforman la industria 4.0.

 

 

6. Privacidad de la Inteligencia Artificial: la Inteligencia Artificial no debe transgredir la privacidad de las personas, debe actuar de manera segura para lograr un impacto positivo y de bienestar en los ciudadanos.

 

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, será la autoridad técnico-normativa a nivel nacional. Esta entidad tendrá la responsabilidad de dirigir, evaluar y supervisar el uso y promoción de la IA y las tecnologías emergentes. Además, dicha autoridad deberá presentar un Informe Anual al Congreso de la República, sobre los avances en la implementación de la Política Nacional de Transformación Digital y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

 

DESAFÍOS SIGNIFICATIVOS QUE DEBEN ABORDARSE

Esta ley es un paso importante para el Perú en esta nueva era, donde predomina la IA y cuando muchos países en el mundo buscan regularla. Representa una visión ambiciosa para el uso de esta tecnología en pro de mejorar la vida de los ciudadanos.

 

Sin embargo, también plantea desafíos significativos que deben abordarse para garantizar que esta visión se haga realidad de manera justa, equitativa y segura para todos. El primero radica en la capacidad de los ciudadanos y las instituciones para adaptarse a esta rápida transformación. El éxito en la implementación de la IA depende en gran medida del nivel de comprensión y familiaridad con esta tecnología. Esto pone de manifiesto la necesidad de programas de concientización y formación para facilitar su uso y desarrollo eficaz.

 

Otro aspecto crítico es la privacidad y seguridad de los datos. La ley establece que no se debe transgredir la privacidad de las personas. Pero, el creciente uso de la IA y de los datos a gran escala, trae consigo riesgos significativos si no se maneja adecuadamente. La protección de los datos personales y la garantía de un uso ético de la IA son cuestiones que necesitarán una constante vigilancia y actualización normativa.

 

Por otro lado, la participación de múltiples partes interesadas en la formulación de políticas de IA, tal como se plantea en la ley, es un desafío en sí mismo. Asegurar una representación justa y equitativa en el debate regulador puede ser una tarea compleja, dada la amplia gama de partes interesadas y las diversas opiniones e intereses que pueden tener. Y también será crucial que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital cuente con los recursos necesarios, y con la capacidad técnica para desempeñar el papel que se le asigna en esta nueva ley. Y esto no solo implica el contar con el financiamiento adecuado, sino también con la disponibilidad de expertos en IA y en regulación de tecnología.