Para el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, el próximo Congreso debe trabajar en mejorar la credibilidad de la institución y luchar contra la corrupción.
¿Cuáles son las conclusiones de la última encuesta sobre corrupción elaborada por Proética?
Uno de los puntos más resaltantes de la XI Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2019 es el crecimiento de la preocupación de los peruanos por la corrupción como un problema del país, la misma que se ubica en segundo lugar después de la inseguridad.
Sin embargo, al mismo tiempo, seguimos registrando una elevada tolerancia frente a la corrupción. Uno esperaría un rechazo tajante a que, por ejemplo, un congresista apruebe leyes a favor de una empresa que lo financió por lo bajo; pero en el estudio se observó que la mayoría muestra una actitud ambigua, como si fuera normal y eso es preocupante porque indica una subjetividad social muy sólida.
Otro dato son las denuncias por actos de corrupción. Este año registramos que 13% de peruanos pagó una coima, y de ese grupo solo 7% denunció el hecho, debido a la certeza de que denunciar no sirve para nada.
Queda claro que se requiere de una política pública para tratar el tema de la corrupción
Sin duda la política pública es el principal instrumento. Cabe indicar que durante varios años el Perú no ha tenido una política anticorrupción; pero desde hace dos años ya contamos con una política de integridad y un plan (2018-2021) para implementarla.
Diseñar normas y regulaciones es importante, pero estas fracasan si no hay responsables claros ni recursos. En el Perú se creó la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en abril de 2018, que tiene rectoría sobre esta política, pero en la práctica todavía tiene que afirmar su legitimidad fuera del Poder Ejecutivo.
En cuanto a recursos, la lucha anticorrupción nunca se ha visto como una inversión, sino como un gasto; cuando se entienda que ella da retornos, se podrá convencer al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para empezar a invertir en esta materia.
¿Hay experiencias sobre retornos?
Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que una plataforma de transparencia de inversión pública en Colombia mejoró dramáticamente la eficiencia en el avance físico de obras públicas. En Ucrania, el nuevo sistema electrónico de contratación, basado en el principio de transparencia, redujo en 35% las licitaciones con un solo postor.
Aquí en el Perú, realizamos un estudio a 200 obras ejecutadas por municipios distritales, en el que monitoreamos 100 de ellos. Al final del proceso, apreciamos que en los municipios intervenidos las obras costaron entre 20% y 50% menos en promedio frente a las no intervenidas.
En enero serán las elecciones para el nuevo Congreso y más de 230 candidatos presentan denuncias. ¿Cómo evitar que esto pase?
Primero, hay una responsabilidad inmediata e inicial de los propios partidos. Es clave exigir más prolijidad con sus filtros.
Un segundo nivel tiene que ver con los propios votantes y ahí ya es la cosa más complicada porque estamos frente a una campaña muy corta, muy poco interesante y con el número de candidatos será difícil investigar la vida de todos; pero el trabajo de los medios de comunicación evidenciando vicios e incoherencias en las hojas de vida de los candidatos y echando luz sobre quiénes los financian ayuda bastante.
Asimismo, se trata de un congreso complementario y que urge reorganizarse hacia adentro. Los congresistas tienen que devolver algo de credibilidad a la institución, para lo cual la agenda consiste en revertir los blindajes que se dieron; continuar con la reforma política-judicial; y reorganizar sus mecanismos de autocontrol, como es el caso de la Comisión de Ética, la cual se volvió un mecanismo de control político contra los propios congresistas.
Por ello, considero que es una oportunidad para pensar en incorporar a agentes externos que no tengan nada que ver con la dinámica parlamentaria para que sean miembros de la comisión.
¿Qué planes tiene Proética para el próximo año?
Vamos a seguir trabajando en las dos grandes líneas que tenemos, que es el seguimiento de casos de gran corrupción, como el caso Lava Jato, pero también otros casos que son menos conocidos pero que tienen impactos sobre Derechos Humanos, Economía local, afectación del medioambiente y corrupción.
La otra gran línea tiene que ver con seguir una suerte de “evangelización” con ciudadanos voluntarios a nivel local para que se informen un poco más sobre los mecanismos que existen para poder controlar a sus autoridades y puedan usarlos en el ejercicio local de la vigilancia ciudadana y que ayuden a revertir la sensación de falta de transparencia a nivel más cercano del Estado y de la gente.