El pasado 26 de julio, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), junto con otros ocho gremios empresariales, decidieron suspender su participación en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). A través de un comunicado enviado al exministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Ramón Lira, aseguraron que la única vía para retomar el diálogo social es la derogación de los Decretos Supremos 001-2022-TR y 014-2022-TR, referidos a la restricción de la tercerización laboral y la modificación del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, respectivamente.
Si bien dicha comunicación pasó desapercibida tras el discurso presidencial de Fiestas Patrias, el cual incluyó solo un par de párrafos a los temas laborales sin hacer mención a las normas anteriormente señaladas; el Ministerio de Trabajo publicó la semana pasada una nota de prensa invocando al sector empresarial a retomar el diálogo en el CNTPE.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, Mario Pasco, señala que los más afectados con estas medidas son los trabajadores y empresarios del Perú, pues el gobierno y el MTPE están afectando el tripartismo con normas que no han sido conversadas, yendo contra la legalidad y, “al mismo tiempo, haciéndole un daño muy grande al sistema de relaciones laborales, que debería buscar tener reglas permanentes, estables, duraderas en el tiempo y aceptadas socialmente”.
Medidas laborales cuestionadas
¿Cuáles son las medidas implementadas en el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo que atentarían contra la democracia, el Estado de derecho, la inversión privada y la libertad empresarial?
Uno de los cuestionamientos al reglamento publicado por el Ejecutivo es que, ahora, si el MTPE no responde a la solicitud de huelga en tres días, esta quedaría aprobada automáticamente. Incluso, las huelgas no necesitarán de una negociación colectiva para proceder.
Con ello, Mario Pasco indica que no se sabe con certeza qué pueda pasar más adelante, pero sí se conocen las consecuencias de huelgas mal reguladas, como lo ocurrido hace unos meses, con la huelga efectuada por los controladores aéreos, en plena Semana Santa de alta demanda turística, y que afectó el derecho constitucional al tránsito de ciudadanos. ¿Cuánto costó? Más de 8.000 pasajeros varados.
De acuerdo con el integrante de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL y representante del gremio ante el CNTPE, Carlos Guillermo Morales, hay una serie de normas que se han dictado para facilitar la constitución de sindicatos, lo cual no es malo, pero amplía esa facultad para los trabajadores no dependientes, los locatarios de servicios, que no están suscritos a una relación laboral y, por tanto, no pueden ser titulares de ningún derecho laboral, ni individual ni colectivo, afectando el sindicalismo.
Otro tema es el arbitraje potestativo, pues ahora solo lo puede solicitar la parte sindical y no la empleadora, además de la extensión de los beneficios de los convenios colectivos, que antes era una potestad y decisión del empleador.
Morales agrega que pueden afiliarse a los sindicatos los trabajadores que forman parte de las cadenas productivas, que ni siquiera están reguladas. “Hay una serie de prácticas y potestades que anteriormente tenía el empleador y ahora se ha buscado un desbalance de las relaciones colectivas al conceder facultades que exceden al ámbito laboral”, subraya.
Mario Pasco destaca que lo que más bien debe hacer el Estado, respecto de la libertad sindical, es garantizarla, como dice la Constitución, es decir, cuidar que la sindicalización y no sindicalización sea libre, para que los trabajadores que se sindicalicen no sufran repercusiones negativas por hacerlo y los que no quieran sindicalizarse tampoco sean afectados.
En tanto, Carlos Guillermo Morales afirma que claramente dicha norma es antiempresarial y anti-inversión privada, que busca lograr un monopolio sindical no saludable para el país, que limita el poder del empleador frente a una huelga o arbitraje.
“Hay un principio fundamental que nadie ha mencionado, el Art. 28 de la Constitución, que señala que el Estado reconoce el derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y el derecho a huelga, pero cautela su ejercicio democrático. Entonces, estas modificaciones atentarían contra las normas y principios de un Estado de derecho”, explica.
Mayor informalidad aumenta la brecha
Según la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), al 2016 la tasa de sindicalización en el sector público era de 16% y, de acuerdo con un reciente reporte del MTPE, la tasa de sindicalización fue de 5,2% en el sector formal privado el año pasado. Por ello, asumen que se debe promover aún más este tipo de institución.
Sin embargo, para el integrante de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, Jaime Cuzquén, el problema no es cuántos trabajadores están sindicalizados, sino cuántos trabajadores están formalizados.
“Si no podemos promover mayor formalidad no habrá sindicalización y esa es la parte de la ecuación que los sindicatos no entienden. Creo que la mejor manera de fomentar la sindicalización es promoviendo primero el empleo formal”, asegura y exhorta que se necesita reducir el nivel de informalidad.
Cuzquén agrega que lo que se está haciendo con esta norma es empujar a que los que ya tienen trabajo formal se sindicalicen, pero generando una brecha mayor, porque habrá pocos trabajadores formales sindicalizados y, de alguna manera, privilegiados, es decir, habrá una mayor cantidad de trabajadores relegados a la informalidad.
“La sindicalización, desafortunadamente, como cualquier institución en el Perú, no genera confianza en la mayoría de los trabajadores. Estos no confían en los sindicatos porque son instituciones que no generan representatividad. Además, hay un interés económico de por medio, como el pago de cuotas sindicales”, advierte.
Norma política y cero técnicos
El presidente de Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, Mario Pasco, sostiene que la serie de normas emitidas por el Ejecutivo son absolutamente políticas, como la restricción de la tercerización y las negociaciones colectivas. “No es una norma técnica. Si lo fuera, tendría que haber sido sometida a un cruce de opiniones con las partes interesadas y eso no ha ocurrido, sino todo lo contrario”, añade.
Una de las razones que daba el MTPE para justificar la dación de las medidas mencionadas, es que tienen la facultad de reglamentar leyes y aprobar las disposiciones normativas y que era necesario hacerlo pues dichas leyes se dieron en un periodo dictatorial.
Al respecto, Pasco asevera que no es un argumento válido y que, si bien los gobiernos tienen la facultad de dar normas reglamentarias, la gran pregunta es ¿para qué sirve el Consejo Nacional de Trabajo, si al final lo que importa es lo que el Ejecutivo diga? “Hay una contradicción absoluta en lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo, cuando, por un lado, solicita que los empleadores regresen al CNTPE, pero a la vez afirma que su actuación es correcta, solo por el hecho de que puede emitir normas”, precisa.
Carlos Guillermo Morales, de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, también indica que, en un marco de crisis económica, de recesión y de inflación, introducir estas modificaciones reglamentarias va a desincentivar la inversión privada y la generación de, sobre todo, empleo formal, dado que la sindicalización y la negociación colectiva se centralizan en las medianas y grandes empresas, en tanto, los trabajadores de las pequeñas y microempresas carecen no solo del acceso a la sindicalización y negociación colectiva, sino, lo que es más grave aún, a las más elementales normas de protección social.
“Estas disposiciones buscan lograr una percepción favorable por parte de los gremios sindicales, con el objeto de que apoyen políticamente al gobierno, al obviar la parte empresarial y caer en un monismo sindical. Con todo lo que está haciendo el gobierno ya no tiene necesidad de una Asamblea Constituyente, ya está demoliendo todo el sistema de relaciones laborales”, afirma Morales.
A su vez, Jaime Cuzquén asegura que hay mucho interés ideológico de por medio más que una defensa técnica de derechos, lo cual definitivamente juega en contra de los propios trabajadores.
Acciones judiciales en marcha
Carlos Guillermo Morales sostiene que la decisión de los gremios, de suspender su participación en el CNTPE, ha sido la correcta hasta esperar que se den las condiciones adecuadas para el diálogo social, aunque duda que exista un escenario para ello, tal como lo establece la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), que viene siguiendo de cerca la dación de este tipo de normas en el país y ha llamado la atención al Ejecutivo por su proceder.
Finalmente, Mario Pasco sugiere que para que puedan derogarse los dos últimos decretos que publicó el gobierno, de tercerización y negociaciones colectivas, tendría que haber un cambio de dirección en el Ministerio de Trabajo.
No obstante, mientras tanto, apunta Pasco, debido a que el reglamento está plagado de irregularidades e inconstitucionalidades, hay muchas instituciones y empresas que van a actuar por las vías legales para dejar sin efecto la ley, tal como ha sucedido con la norma que restringe la tercerización laboral.