Con el inicio del presente siglo, el Perú ingresó en un periodo denominado “bono demográfico”, caracterizado por tener pobladores dependientes (0 a 5 años y mayores de 65 años), que representan casi la mitad de la población joven y en edad para trabajar (15 a 65 años). Este concepto, aceptado por organismos internacionales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas, define la proporción de dependencia como la relación entre la población dependiente y la de en edad de trabajar. Cuando esta proporción es inferior al 66,7 % (dos tercios), se considera que el país goza de un bono demográfico, lo cual tiene implicaciones significativas para su economía.

Este fenómeno ofrece la posibilidad de aumentar la producción debido al mayor porcentaje de fuerza laboral o población económicamente activa. Al reducirse la población dependiente, las necesidades financieras tanto de las familias como del Gobierno también disminuyen. Según cifras del Banco Mundial y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú cuenta con bono demográfico desde el 2000 y alcanzaría su nivel óptimo en el presente año, con una proporción de dependencia del 50,9 %.

Sin embargo, se anticipa que esta tendencia se revertirá en los próximos 30 años debido a la disminución de la tasa de natalidad y al aumento de la esperanza de vida, lo que conducirá al envejecimiento de la población. La tasa de crecimiento poblacional ya ha disminuido, pasando de un promedio de 2,5 % en la década de 1970 a un 1,3 % anual en el último quinquenio.

Economía: Aprovechamiento del bono demográfico

Antes de enfrentar el envejecimiento poblacional, los países tienen una oportunidad única para crecer productivamente. Aprovechar el bono demográfico puede generar mayores ingresos para las familias, permitir el ahorro que financie una mayor inversión, y así, incrementar la productividad y el crecimiento de la economía. Estudios señalan que el “milagro económico” de Asia Oriental entre 1965 y 1990, se debe en parte a que su población en edad de trabajar era cuatro veces superior a la dependiente, lo que, junto con políticas de mejora en capital humano y reformas de liberalización, impulsó el crecimiento explosivo de sus economías.

Desafíos y oportunidades del bono bemográfico para el crecimiento económico

No obstante, no basta con tener un bono demográfico para beneficiarse de él; es crucial elevar la productividad, generar empleos de calidad y garantizar que la fuerza laboral tenga acceso a una educación de alto nivel. Por ejemplo, si se ajustara el cálculo de la tasa de dependencia para incluir a la población de 15 a 19 años como dependiente, pues a esa edad recién se está en el tránsito de la etapa del colegio a la educación superior. La tasa de dependencia de 2024 pasaría del 50,9 % al 71,3 %, lo que indicaría que Perú no contaría con el bono demográfico.

Bajo las condiciones actuales, de una educación deficiente y un mercado de trabajo con alta informalidad, estos jóvenes, que representan el 12 % de la población en edad de trabajar, no lograrán aportar significativamente a la economía. Algo similar podría ocurrir con el 11 % que se encuentra entre los 20 y 24 años.

En resumen, se estima que el 35 % la población en edad de trabajar tiene menos de 29 años y requiere una formación universitaria superior de calidad para que el país pueda beneficiarse del bono demográfico. Aunque el final de este ciclo está aún distante, cuando llegue es probable que Perú enfrente un crecimiento de la economía limitado y una población envejecida que demandará más servicios de salud y pensiones.

Resultados en la región

Los resultados obtenidos a partir de la información del Banco Mundial muestran que todos los países de la región cuentan con el bono demográfico.  Argentina y Uruguay lo tienen desde los años setenta; Chile, desde los ochenta; Brasil y Colombia, desde los noventa; Perú y Venezuela, a partir del 2000; Ecuador, desde 2005; y finalmente, Bolivia y Paraguay, desde 2010. Las menores tasas de dependencia las presentan Brasil (43,3 %), Colombia (43,9 %) y Chile (46,3 %), mientras que el resto de los países se encuentran por encima del 50 %.

La crisis del COVID en 2020 afectó los potenciales beneficios del bono demográfico, incrementando la deserción escolar, reduciendo las oportunidades laborales para los jóvenes y aumentando la población de Ninis (jóvenes que no estudian ni trabajan). Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la pandemia provocó en la región un aumento del 17 % en la exclusión educativa y una pérdida de más de la mitad de los avances logrados en la última década. Además, elevó en más de 2 700 000 el número de jóvenes entre 18 y 23 años que se sumaron a los casi 12 900 000 que ya antes de la pandemia ni estudiaban ni trabajaban de forma remunerada.

Finalmente, un análisis del bono demográfico entre los países miembros del G7 (Canadá, Francia, Italia, Japón, EE.UU., Reino Unido y Alemania) revela que solo Japón agotó su bono demográfico, a partir del 2015; y que Francia lo hará en los próximos años. El resto de los países aún disfruta de este dividendo.

Conclusión:

En conclusión, el bono demográfico representa una ventana de oportunidad para el Perú y otros países de la región, pero aprovecharlo plenamente requiere una planificación estratégica que incluya mejoras en educación, generación de empleo de calidad y fortalecimiento del capital humano. Sin estas acciones, el país corre el riesgo de no maximizar los beneficios de esta ventaja temporal y enfrentar, en cambio, un futuro con un crecimiento de la economía limitado y desafíos significativos asociados al envejecimiento poblacional. Ahora es el momento de invertir en el futuro y asegurar que el bono demográfico sea un catalizador de desarrollo sostenible y equitativo para las próximas generaciones.

La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, reafirmó el histórico e irrevocable compromiso del Perú con el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de todos, durante su intervención en el Segmento de Alto Nivel del 52° Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

En la sesión la canciller Gervasi expresó el profundo pesar del Gobierno por la pérdida de vida de nuestros compatriotas durante las manifestaciones de protestas y actos de violencia que se produjeron desde el 7 de diciembre pasado, fecha en la que el entonces presidente Pedro Castillo, violando la Constitución, dio un golpe de Estado que fue inmediatamente contrarrestado por las instituciones democráticas y se produjo la sucesión constitucional en la persona de la actual presidenta Dina Boluarte.

También remarcó que el Estado peruano está realizando las investigaciones correspondientes en el fuero civil para identificar, procesar y sancionar a los responsables de las afectaciones a la vida, a la integridad y a la propiedad pública y privada.

Comisión Multisectorial

De la misma manera, la ministra informó que el Gobierno ha establecido una Comisión Multisectorial, en la que participan invitados como la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, para atender a los deudos de las personas fallecidas y aquellas que sufrieron lesiones de gravedad en las movilizaciones, y precisó que, en el marco de esos trabajos, se ha aprobado la entrega de un apoyo solidario.

Agregó que la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha brindado 115 atenciones a familiares de personas fallecidas y heridas en las movilizaciones en todo el país, así como atenciones legales a 432 personas detenidas, y, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura, se ha contado con traductores en quechua, aymara y asháninka, atendiendo bajo un enfoque plurilingüe.

“El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte está convencido que la salida a esta difícil coyuntura es a través de un diálogo social, amplio e inclusivo. Reconocemos el apoyo que puede brindar organizaciones como las Naciones Unidas para complementar nuestros esfuerzos por tender puentes entre los peruanos. Reconocemos, además, la importancia de escuchar las demandas sociales legítimas”, expresó la canciller Gervasi.

Añadió que el Perú, ante los recientes hechos del país, recibió la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a un enviado especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de conocer de primera mano la situación y las acciones adoptadas por el Gobierno. Los representantes, que arribaron a nuestro país por invitación del Gobierno tuvieron todas las facilidades para que puedan entrevistarse con autoridades, representantes de la sociedad civil y afectados por los lamentables sucesos.

Próximas acciones

La canciller informó que en este 2023 se tiene previsto recibir la visita de Relator Especial para el Racismo, la Discriminación Racial, Xenofobia y otras formas de Intolerancia. También se ha solicitado al Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias adelantar su visita del 2024 al 2023, extendiendo además una invitación al Relator Especial sobre los Derechos a Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación.

Agregó que en las próximas semanas el Perú se presentará ante el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad para sustentar sus informes periódicos correspondientes. Detalló que el 25 de enero pasado nuestro país culminó exitosamente la revisión del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, con una delegación encabezada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

La ministra Gervasi reafirmó el compromiso del Perú con los trabajos del Consejo y el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Finalmente, informó que nuestro país aspira nuevamente a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2024-2026.

“De lograrlo, como hemos hecho en oportunidades anteriores, con gran sentido de responsabilidad y compromiso, el Perú contribuirá activamente al cumplimiento del mandato del Consejo de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo”, puntualizó.

La Organización de Naciones Unidas, a través de su entidad especializada en propiedad intelectual OMPI, aceptó la solicitud del Estado peruano para el registro de sus marcas sectoriales Cafés del Perú, Cafés del Perú especialidades Únicas, Alpaca del Perú, Coffiees from Perú Unique Specialities, Perú Textiles, Perú Xpert, Super Foods Perú y Pisco, spirit of Perú.

“La Marca Perú ha cumplido 10 años de vigencia y en este tiempo ha permitido cohesionar en torno a su identidad, un legado valioso que resume la riqueza de su milenaria historia y un presente lleno de entusiasmo y progreso que el mundo reconoce y valora como un potente signo distintivo”, señaló Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo.

«Profundizar en el reconocimiento legal a nivel mundial de las marcas sectoriales representa la valoración de los productos peruanos, el trabajo de hombres y mujeres que desde las empresas peruanas y el Estado se esfuerzan por brindar productos de calidad única que el usuario global puede identificar como propios del Perú», sostuvo.

Amora Carbajal, presidente Ejecutiva de Promperú, entidad de Mincetur que tiene el encargo de resguardar la marca país y las marcas sectoriales, refirió que este paso global de incorporación en el registro jurídico de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de las marcas sectoriales peruanas permitirá la adecuada protección frente a eventuales usos no autorizados por parte de terceros.

«Ya hemos tenido experiencia positiva donde se defendió la Marca Perú, ganando en un litigio que protegió el uso de nuestra identidad país frente al uso y apropiación que un tercero intentó utilizar sin autorización”, acotó.

Distintivo peruano

La Marca Perú a lo largo de estos años se ha convertido en parte esencial del orgullo nacional, siendo el principal distintivo peruano en todos los momentos importantes que nos representan, tanto de manera local como internacional.

Con este soporte de la OMPI, Promperú invita a los interesados a formar parte del programa de licenciatarios de la Marca Perú y las marcas sectoriales, ingresando a este link solicitando mayor información a través de un correo a marcapais@promperu.gob.pe.

La Marca Perú y las marcas sectoriales tienen ahora un peso específico en la jurisprudencia internacional, es importante decir que estos elementos desarrollan en el público un concepto conocido como Lovemark, que permite valorizar su adhesión, generando un importante valor agregado a los productos y servicios que lo aplican con la adecuada autorización.