En los últimos años, el Perú ha experimentado una significativa ola migratoria, en gran parte impulsada por la crisis en Venezuela y otros factores económicos y políticos en diversas regiones del mundo. Este fenómeno ha traído consigo un cambio en la dinámica laboral del país, en la que los venezolanos en Perú, entre otros, se han integrado formalmente al mercado laboral, aportando su experiencia y habilidades a la economía peruana.

La integración de estos trabajadores en empleos formales no solo contribuye al desarrollo económico del país, sino que también refleja la capacidad de las empresas peruanas para acoger y aprovechar el talento extranjero.

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate Romero, destacó recientemente que son 50 560 los ciudadanos venezolanos que trabajan de manera formal en el Perú, según los registros de la Planilla Electrónica, que agrupa a todas las empresas formales del país.

Esta cifra pone en evidencia el creciente aporte de la comunidad venezolana a la economía peruana al integrarse en distintos sectores productivos. Además de su contribución económica, la formalización de estos trabajadores asegura que puedan gozar de derechos laborales y beneficios sociales.

Migración: ¿Qué otros países se encuentran en la lista?

Aunque la mayoría de migrantes son venezolanos, estos no son los únicos en buscar oportunidades en el país. Según el MTPE, el segundo grupo más numeroso está compuesto por ciudadanos colombianos, con 3 951 trabajadores registrados formalmente. Les siguen migrantes de China, con 3 726, España con 1 374, Argentina con 1 513 y Chile con 1 152.

Estas cifras reflejan la diversidad de nacionalidades que se han sumado al mercado peruano, aportando diferentes perspectivas y conocimientos que enriquecen el entorno laboral del país. La integración de migrantes en el mercado laboral formal es un desafío que requiere un enfoque coordinado entre el sector público y privado. La formalización no solo es esencial para garantizar los derechos de los trabajadores migrantes, sino que también es clave para el desarrollo económico sostenido del Perú.

Venezolanos en Perú: extranjeros deben tener visa

Desde el 2 de julio, los ciudadanos venezolanos deben presentar una visa y pasaporte vigente para ingresar al Perú, tanto para estadías temporales como residentes. Este cambio, anunciado por Migraciones, busca estandarizar los requisitos de ingreso y mejorar el control migratorio mediante documentos con medidas de seguridad más estrictas.

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¿Cómo se han reiventado las empresas del sector para sobrevivir en esta pandemia?

Es muy difícil reinventarse. Algunas firmas están haciendo conciertos con artistas nacionales por medio del streaming. Pero esto es relativo. Una tercera parte de lo que se cobra, ya que son sumas muy ínfimas (entre S/ 9, S/ 15 y S/25), va en la ticketera, la tarjeta de crédito, el IGV y los derechos de autor.

Esta es una solución precaria porque no se pueden hacer centenares de streaming. Sobre todo por la competencia de la TV pagada y Netflix o Prime Video.

Estas alternativas son provisorias. El sector no ha recibido ningún bono artístico. Nosotros lo hemos estado tramitando desde la CCL con la Presidencia del Consejo de Ministros, pero ahora todo está parado en el Ministerio de Trabajo desde hace casi dos meses.

¿Por qué no resultan rentables los eventos streaming?

Además de que los precios son menores y hay mucho gasto de por medio, es muy limitado llegar a un público grande. En el Perú las personas todavía no están habituadas a ver conciertos virtuales. No existe el entusiasmo y locura que se produce cuando uno ve a su artista preferido. Es una solución parcial para artistas más famosos y conocidos.

Frente a la cancelación de conciertos, ¿cuál ha sido su política de devolución?


De los más de 50 conciertos que se anularon en el primer semestre, se han reprogramado cerca de 35 para el próximo año, suponiendo que la vacuna estará lista y aplicada en el segundo trimestre. Ahora muchos dudan de que esto suceda. Hasta ahora no hay vacuna aprobada. No sabemos si tendremos que reprogramarlos nuevamente en el 2021.

Entonces, para todos los conciertos que se reprogramaron no habrá devolución del dinero. Todos los contratos tienen una cláusula de fuerza mayor que dice que, ante un sismo o pandemia, como es el caso, la obligación es reprogramar los espectáculos.

Para los conciertos que se anularon sí hay obligación de devolver el dinero y los comunicados de la CCL y Arena han sido claros.

Hay compañías que no están en condiciones de devolver y se van a ir a quiebra. Son alrededor de 20 empresas las que han reprogramado sus conciertos, de las cuales cuatro o cinco tuvieron que anularlos.

Después del turismo, este será el último sector que regresará a la vida. Nosotros tenemos aún la ilusión de volver en el segundo trimestre del próximo año.

Al respecto, ¿han conversado con el Gobierno sobre incentivos para el sector?

Este mes íbamos a tener reuniones con el Ministerio de Trabajo y se postergaron por los cambios que hubo en dicho ministerio. Con todo el lío que tiene el Ministerio de Cultura estamos en el aire.

Hace como dos meses se solicitó un bono artístico, pero se cometió el error de pedirle la lista a las sociedades de gestión y a los sindicatos, ignorando que en Apdayc hay autores que son músicos y también están inscritos en Soniem Perú, y si han grabado discos pertenecen a Unimpro. Incluso, si son músicos y actores están registrados en los sindicatos.

Se encontraron con listas que tenían los nombres repetidos y anularon el proceso.

La cultura viva del país prácticamente está estancada. Lo último en tener consideración es lo cultural. El concepto que se tiene de cultura es muy malo porque se confunde al patrimonio cultural con la cultura viva.

El patrimonio cultural es Machu Picchu o Kuélap; pero la cultura viva que es el músico, cantante, actor, poeta o escritor está completamente inactiva. En ese sentido, el Ministerio de Cultura no está a la vanguardia, sino a la retaguardia.

Ante ello, ¿cuáles son las propuestas del gremio?

Primero, proponemos que haya un bono artístico. Después de eso, no tenemos solución. Solo nos queda esperar. En todos los países latinoamericanos el espectáculo está parado, igual que aquí. La única diferencia es que en Argentina y Estados Unidos están más acostumbrados a los conciertos streaming. Pero son soluciones parciales.

Live Nation, la empresa más grande del mundo del espectáculo, envió un comunicado hace unas semanas indicando que el sector va a cambiar cuando se vuelva a la normalidad. La gente no estará en las mismas condiciones económicas que tenía antes de la pandemia.

Por tanto, sugiere reducir los precios de los eventos. Para ello, habría que disminuir los costos fijos (local, sonido, luces), se tendría que conversar con las empresas para que establezcan precios mínimos que cubran sus gastos, y todo lo demás vaya a razón de porcentajes, incluso para los artistas.

De otro lado, nosotros también sufrimos la falta de infraestructura. No tenemos ningún coliseo. El lugar cerrado más grande es el Centro de Convenciones María Angola, para 1.500 o 1.600 personas. Finalmente, entusiasmo no falta, pero las condiciones no están dadas, así que tenemos para rato.

Con el objetivo de mejorar la empleabilidad en el Perú, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), por medio del programa Impulsa Perú, certificará las competencias laborales de cerca de 1.000 trabajadores en nueve regiones del país.

De esta manera, 980 trabajadores de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, contarán con un reconocimiento formal de su desempeño y experiencia laboral adquirida, así como de calidad en su ocupación.

También obtendrán un certificado con valor en el mercado y se favorecerá su formación continua, entre otros beneficios.

La certificación le permitirá a las empresas conocer el potencial de sus trabajadores, incrementar la competitividad y productividad, reducir costos en procesos de producción y gestión humana, facilitar el proceso de selección y reforzar su política de responsabilidad social empresarial.

Certificación de Competencias Laborales (CCL)

La Certificación de Competencias Laborales (CCL) es un servicio por el cual se reconoce, documentalmente, los conocimientos, habilidades y destrezas que una persona adquiere a lo largo de su experiencia laboral y trayectoria dentro de la empresa.

Este servicio lo realiza un centro de certificación de competencias laborales autorizado por el MTPE.

La evaluación y la CCL son parte de un proceso que toma pocos días y es financiado íntegramente por Impulsa Perú, existiendo la posibilidad de alianzas para el financiamiento de parte de las empresas.

Capacitación

El Programa del MTPE también brinda el servicio gratuito de Capacitación para la Inserción Laboral, el cual está dirigido a personas mayores de 30 años de edad en condición de desempleadas o subempleadas, que deseen insertarse en un empleo formal.

Para ello, son capacitadas en materia de conocimientos, habilidades y destrezas en un perfil en específico, con el objetivo de ofrecer, a los empleadores, candidatos con mejores competencias.

Esto es posible mediante cursos que se dictan por medio de entidades especializadas en convenio con Impulsa Perú, de acuerdo con la demanda del mercado laboral. Las capacitaciones se desarrollan bajo la modalidad virtual y se brinda atención a la población vulnerable del país.

En las próximas semanas, Impulsa Perú ofrecerá cursos en Arequipa, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana y Piura.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de enero a mayo el sector Servicios registró una variación de -10.4% en comparación con el similar periodo de 2019. Así, este sector decreció menos que el PBI total (-17,3%) en el mismo periodo de análisis.

“En los primeros cinco meses de este año, según el INEI, dentro del sector Servicios el subsector de alojamiento y restaurantes fue el que mostró la mayor contracción con 44,8%; seguido por las actividades de transporte, almacenamiento, correo y mensajería; así como el subsector de servicios prestados a empresas que experimentaron tasas de -27,5 y -23,0%, respectivamente”, detalló el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Asimismo, precisó que dichos resultados vienen afectando a alrededor de 28.862 empresas dedicadas a actividades de alojamiento; 224.303 en actividades de servicio de comidas y bebidas y 166.241 en el rubro de transporte y almacenamiento.

De otro lado, el IEDEP precisó que las actividades financieras y seguros; administración pública y, telecomunicaciones y servicios de información siguieron operando en el contexto de la pandemia de la COVID-19; por lo que en los cinco primeros meses de este año registraron tasas positivas de 4,6%, 4,3% y 1,9%; respectivamente, en relación al mismo periodo de 2019.

La cifra

Con base a marzo de este año por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el sector Servicios concentra más empleo: el 52,4% de los trabajadores formales del sector privado se encuentran laborando en dicho sector.

En el trimestre abril-mayo-junio de este año, la población ocupada de Lima Metropolitana disminuyó en 55,1% – lo que significa 2 millones 699 mil 100 personas- en comparación a similar trimestre del 2019, según lo dio a conocer este miércoles el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Al difundir el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), el INEI precisó que este resultado en el referido trimestre móvil tiene el impacto de los 90 días completos en cuarentena por la emergencia sanitaria del COVID-19, mientras que el trimestre móvil anterior (marzo-abril-mayo) incluyó 75 días en cuarentena.

El INEI explicó además que, a partir del mes de junio, se sigue observando una variación negativa del empleo, pero menor a lo registrado en los meses de abril y mayo.

Asimismo, informó que la población ocupada de Lima Metropolitana alcanzó los 2 millones 197 mil 900 personas de los cuales el 56,3% (1 millón 236 mil 500) son hombres y el 43,7% (961 mil 400) mujeres.

Más hombres que mujeres dejaron de trabajar entre abril y junio de este año

Por otro lado, la entidad refirió que, en el trimestre de estudio, la población ocupada masculina disminuyó en 53,6% (1 millón 429 mil 200 hombres) y la femenina en 56,9% (1 millón 269 mil 900 mujeres).

Añadió que la población ocupada en el trimestre móvil marzo-abril-mayo disminuyó en todas las categorías de ocupación; registrándose la mayor disminución, entre los empleadores o patronos (-85,4%), seguido por los trabajadores familiares no remunerados-negocios familiares (-69,0%); trabajadores independientes o por cuenta propia (-59,4%) y los trabajadores asalariados (-49,6%), lo que equivale en cifras absolutas en 1 millón 488 mil personas.

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a inicios de mayo se han registrado 20.342 solicitudes de suspensión perfecta de labores, afectando a 200.000 trabajadores, quienes no percibirán sueldos, aportes ni beneficios sociales por algunos meses, socavando de forma dramática su ingreso personal y en muchos casos familiar.

En otros casos más extremos, las empresas han despedido personal –o no les han renovado contrato- sin ningún compromiso de volverlos a contratar. Pero ¿cómo se puede ayudar al personal que está por salir? y ¿cómo se puede motivar al personal de planta?

Según Giancarlo Ameghino, gerente de Gestión y Desarrollo Humano del Grupo Crosland, los despidos masivos pueden causar gran inestabilidad en el capital humano porque mientras la empresa se preocupa por reducir gastos, esta estrategia generará una avalancha de sentimientos negativos en el personal que sigue laborando en la empresa, así como podrá afectar la capacidad de reacción de la compañía cuando la ola económica se aproxime nuevamente. Es por ello que resulta importante tomar las medidas adecuadas para afectar de la menor manera posible a los trabajadores que salen y a los que se quedan.

En ese sentido, Ameghino recomienda cuatro estrategias:

Transparencia: si la empresa ya ha decidido que el despido “selectivo” es la mejor opción para mantener a flote en este tiempo de emergencia, el primer paso que se debe dar es informar con total transparencia sobre las acciones que está realizando la empresa para mantener la demanda de trabajo y los motivos por los que se reducirá el personal. No hay nada mejor que ser sinceros con el personal. Esto evitará rumores y comunicación tóxica.

Outplacement: si bien estamos en una época en que los recursos están ajustados, vale la pena invertir en un programa de recolocación (outplacement) para el personal que sale de la compañía, así ellos sentirán que la empresa se preocupa por su futuro y que le brinda herramientas para que pueda encontrar empleo en corto tiempo o emprender un negocio propio.

Salud emocional: los despidos son los actos que causan mayor temor y esto sin duda afecta el rendimiento de los colaboradores. Por ello, una buena opción es implementar un programa de capacitación sobre el manejo de tensión o estrés laboral, así se puede cuidar la salud emocional de los colaboradores y su motivación laboral.

Distribución: a fin de cumplir los objetivos, algunos empresarios optan por presionar a sus colaboradores para cubrir la demanda de trabajo que se generó por el despido de un gran número de personas. Esto es un gran error, es importante evaluar cuál es la capacidad de producción del personal y establecer una estrategia adecuada de distribución del trabajo evitando así saturar al personal por ahorrar costos.

Cabe mencionar que, según el MTPE, de las empresas que solicitaron la suspensión perfecta por la emergencia del COVID -19, el 80% tiene entre 1 a 10 trabajadores, el 17% de 11 a 100 trabajadores y el 3% más de 100 trabajadores. Asimismo, existen programas de apoyo a las empresas para ayudar a mantener a flote a las unidades productivas y se ayude a preservar el empleo, como el Fondo de Apoyo Empresarial a las Micro y Pequeñas Empresas (FAE-Mype), el programa Reactiva Perú y el Fondo Crecer.

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en el 2019 se registró el índice más alto de accidentes de trabajo en el Perú. De 20.115 casos reportados en el 2018, se registraron 34.800, con un sado de 236 colaboradores fallecidos.

Este panorama demuestra que la prevención de accidentes laborales sigue siendo un reto para las organizaciones. Sin embargo, con el transcurrir de los años la tecnología viene asumiendo funciones para mejorar y facilitar la vida del ser humano. Gracias a estos avances, la industria ha dado giros importantes para adaptarse a diferentes ámbitos, uno de ellos enfocados a mejorar la seguridad de los colaboradores.

Una de las principales problemáticas por parte de las organizaciones es el no creer sobre los posibles riesgos a los que están expuestos los trabajadores y por otro lado, no incluir en las medidas de prevención innovadoras. Es en este último punto, que las tecnologías inteligentes de videovigilancia se consolidan como una oportunidad para mejorar y controlar procesos críticos e identificar situaciones de riesgo.

Tenemos conocimiento que la función principal de un sistema de videovigilancia es obtener registro de las imágenes ante posibles actos que pongan en peligro la operación del negocio. Sin embargo, la posibilidad de obtener registros de baja calidad o nitidez era muy recurrente ¿A qué se debía esta situación? Esto dependía de las condiciones ambientales de poca luz o contaminación lumínica por los focos o tiras reflectantes. Hoy, gracias a los avances se puede llegar a identificar los riesgos ocultos de forma más rápida y fácil, obteniendo una respuesta más rápida por parte del equipo de seguridad y así proteger a los trabajadores.

Adicional a lo anteriormente mencionado, se suma la tecnología con aprendizaje profundo (deep Learning), para identificar y responder a los riesgos en materia de salud y seguridad de manera automática y en tiempo real. Concretamente, las cámaras pueden controlar los horarios laborales de los trabajadores y evitar dobles turnos de un trabajador, no respetar descansos médicos, etc. Además, identificar posibles desvíos e incumplimientos en los procedimientos internos aprobados, entre otros. De esta manera garantizaríamos la llegada del personal antes de que ocurra el accidente o daño.

Por otro lado, los trabajadores pueden realizar ciertas labores de manera remota, sin acceder a zonas peligrosas, que ponen en riesgo su integridad física. De este modo, mejora su calidad de vida, disminuye costos en implementos de seguridad y previene enfermedades que se puedan presentar por realizar trabajos repetitivos o de alto impacto para el trabajador.

Finalmente, cabe indicar que la tecnología, transformada en inteligencia artificial, puede representar hasta un 40% de ahorro en procesos determinados a seguridad y salud para las empresas. También está el prevenir accidentes laborales y mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, lo que en términos de números sea mucho más valioso para las compañías.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en atención a la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, decretada mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del coronavirus COVID-19, comunica lo siguiente:

La declaración de estado de emergencia nacional decretada por el Poder Ejecutivo no justifica el despido de ningún trabajador o trabajadora. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil efectuará las fiscalizaciones necesarias para frenar cualquier tipo de arbitrariedad que vulnere los derechos de los trabajadores y sancionar estos actos con severidad en el marco de esta emergencia. Toda decisión que prive al trabajador de su vínculo laboral es inaceptable. Ni la declaratoria de emergencia ni el hecho de contraer o ser sospechoso de tener COVID-19 constituye causal válida de despido o cese de la relación laboral.

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Solo podrán circular por la vía pública los trabajadores y trabajadoras que cumplan labores vinculadas a la prestación de servicios y acceso a bienes esenciales, esto es, aquellos que se desempeñan en:

• Producción y abastecimiento de alimentos, incluyendo su almacenamiento y distribución para la venta al público.

• Producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad.

• Centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en casos de emergencias y urgencias.

• Servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible (incluye producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta), telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, y servicios funerarios.

• Asistencia y cuidado de personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad.

• Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento.

• Hoteles y centros de alojamiento, solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta.

• Medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call center).

• Los/as trabajadores/as del sector público que excepcionalmente presten servicios necesarios para la atención de acciones relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

• Otras actividades análogas a las señaladas anteriormente.

• Aquellas actividades adicionales estrictamente indispensables de los sectores productivos e industriales que incluya el MEF, de manera excepcional y sin afectar el estado de emergencia.

Los empleadores deben brindar a los citados trabajadores y trabajadoras todas las facilidades necesarias para que puedan prevenir y atenderse ante el COVID-19.

Los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado que no se encuentren en los supuestos antes citados deben acatar la medida de aislamiento social obligatorio, sin poder ser obligados por sus empleadores a asistir a sus centros de labores.

Como gobierno hemos emitido disposiciones para priorizar que todas y todos los trabajadores del sector público y privado puedan cumplir sus labores desde su domicilio a través del trabajo remoto, siempre que ello sea posible, a fin de evitar mayores riesgos de contagio en el centro laboral o durante su traslado. Esta es una medida excepcional para salvaguardar la salud de las y los trabajadores y de sus familias.

El gobierno exhorta a los empleadores a priorizar el empleo del trabajo remoto por el tiempo que dure la emergencia sanitaria, el cual permitirá que trabajadores y trabajadoras realicen sus labores desde casa, utilizando los medios informáticos, de comunicación u otros mecanismos que pudiera acordar con el empleador. En caso de no ser posible, los trabajadores contarán con licencia con goce de haber sujeta a compensación.

Se recuerda a los empleadores que, al inicio del trabajo remoto, están obligados a informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo que los trabajadores y trabajadoras deberán observar.

Finalmente, el Ministerio de Trabajo hizo un llamado a las y los empleadores a salvaguardar la integridad y salud de su equipo de cualquier riesgo de contagio. Asimismo, a las trabajadoras y trabajadores a respetar las medidas dictadas por el gobierno y quedarse en casa con sus familias como una medida de prevención y a denunciar el incumplimiento de estas medidas mediante los canales habilitados para ello, estaremos atentos para la aplicación de sanciones ejemplares