El tradicional Mensaje a la Nación del 28 de julio último, brindado por la presidenta Dina Boluarte, estuvo marcado por los temas vinculados a seguridad y, en particular, la seguridad ciudadana. Asimismo, llamaron la atención las referencias a aspectos laborales, como el Consejo Nacional del Trabajo y el sueldo mínimo vital.

 

A continuación, revisamos los anuncios con carácter normativo más resaltantes del mencionado mensaje.

 

Delegación de facultades

La presidenta presentó el Proyecto de Ley N.º 5632/2023-PE solicitando delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, por 120 días, para legislar a través de decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres (consecuencias negativas del fenómeno de El Niño Global), infraestructura social y calidad de proyectos, y en el  fortalecimiento de la gestión pública para un mejor servicio.

 

Boluarte manifestó que el Gobierno tiene como objetivo emitir 50 normas, de las cuales 33 estarían enfocadas a la lucha contra la delincuencia, 6 para enfrentar oportuna y eficientemente las emergencias que se deriven de la anomalía climatológica; 10 decretos legislativos sobre desarrollo de la infraestructura; y una sobre meritocracia para reducir el déficit de calidad de los recursos humanos que el Estado incorpora a sus instituciones. Entre estos proyectos, destacamos los siguientes:

 

-Lucha contra extorsión, estafa, fraude y otros delitos: Ello se efectuará a través del intercambio de información entre la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, el Poder Judicial, los Ministerios Público y del Interior, y la Policía Nacional.

 

-Central Única de Emergencias: Propone la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias, a través de un único número que regule su interconexión y funcionamiento, así como medidas para el traslado de su administración y funciones de las entidades involucradas.

 

-Celulares robados: La presidenta Boluarte anunció que se buscaría la modificación del Código Penal respecto a sus alcances en los delitos de robo y hurto, y la penalización del uso de celulares robados o ilegales.

 

-Expulsión de extranjeros que delinquen: A efectos de frenar la acción delictiva cometida por extranjeros, la presidenta anunció que se planteará la incorporación de la figura de expulsión del país en el Código Penal, en casos de flagrancia. Asimismo, se busca la expulsión a los extranjeros condenados a una pena suspendida o condicional.

 

-Tránsito irregular de personas: Busca la modificación del artículo 303-A del Código Penal, a fin de sancionar a quienes promueven, favorecen, financian o facilitan el tránsito irregular en el país de otra persona, con el propósito de obtener, directa o indirectamente, cualquier beneficio para sí, o para terceros, en aquellas zonas que no son frontera.

 

-Extranjeros que no pueden ser identificados: Se busca incluir una modificación al Código Procesal Penal a efectos de contar con una normativa que pueda ser aplicable a los extranjeros que delinquen en territorio nacional y que no cuentan con arraigo suficiente o con documentos que puedan acreditar fehacientemente su identidad.

 

-Licencias y prohibiciones en el uso de armas de fuego: Se anunció una propuesta de modificación del Decreto Legislativo 30299, Ley de Armas de Fuego y Municiones, para fortalecer el control y evitar su desvío hacia el mercado ilegal.

 

-Control migratorio: Se señaló que, a fin de fortalecer el control migratorio, se establecería un procedimiento administrativo sancionador aplicable a procedimientos migratorios.

 

-Ciberseguridad y uso de tecnología: Con la finalidad de establecer un marco regulatorio que permita la adecuación de la regulación vigente al convenio contra la ciberdelincuencia, y a convenciones internacionales relacionadas con la protección de niños, niñas y adolescentes contra los riesgos del mundo digital.

 

Facultades de los gobiernos regionales: Modificación del Decreto Legislativo N.º 29010, a efectos de incluir en las facultades de los gobiernos regionales y locales la de realizar gastos de inversión en los servicios policiales, operativo básico especializado, de investigación criminal, de formación policial y aportes a la infraestructura y equipamiento policial.

 

-Violencia contra las mujeres: Se plantea modificar el Código Procesal Penal con la finalidad de que las requisitorias cursadas a la Policía no caduquen hasta la efectiva detención de los agresores. Esta propuesta modificará también el Decreto Legislativo N.º 1428, que desarrolla medidas para la atención de personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad.

 

Proyectos de ley

Adicionalmente, la presidenta Boluarte presentó los siguientes proyectos de ley como iniciativas legislativas para que sean puestos en agenda por el Congreso:

 

-Proyecto de ley que incorpora la categoría de Policía de Orden y Seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana (PL 5633/2023-PE): Busca incorporar rápidamente a jóvenes a las actividades policiales para cerrar la brecha de falta de personal.

 

-Proyecto de ley que modifica diversos artículos del Código Penal para fortalecer la lucha contra la corrupción dentro del sistema penitenciario (PL 5634/2023-PE): Busca incorporar la figura del cohecho pasivo propio e impropio en el ejercicio de la función penitenciaria.

 

-Proyecto de ley de fortalecimiento de la función de integridad en el sector público (PL 5635/2023-PE): Propone la implementación del modelo de integridad en las entidades del sector público para prevenir los actos de corrupción.

 

-Proyecto de ley que establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable (PL 5636/2023-PE): La propuesta consiste en regular las intervenciones del Estado para el acceso universal al agua potable, en cuanto a infraestructura y equipamiento, mediante opciones tecnológicas convencionales y no convencionales, incluyendo la operación y mantenimiento. Se trata de intervenciones de carácter temporal hasta que se dé la prestación regular de servicios de saneamiento.

 

-Proyecto de resolución legislativa que modifica el artículo 77 del Reglamento del Congreso, a fin de garantizar el estudio y dictamen en el trámite de las autógrafas de ley observadas por el Poder Ejecutivo (PRL 5639/2023-PE): La mandataria señaló como fundamento de esta norma la necesidad de mejorar la calidad de las leyes expedidas por el Congreso de la República. Mencionó que, de 243 leyes recientemente expedidas, 129 han sido promulgadas, 57 son declarativas y varias de ellas afectan la caja fiscal y la prohibición de iniciativa de gasto.

 

Anuncios en materia laboral

Sobre este tema, la presidenta Boluarte manifestó textualmente lo siguiente: “Comprometidos con el diálogo social y las relaciones laborales armoniosas, luego de más de un año de distanciamiento entre trabajadores y empleadores, nuestro Gobierno ha logrado que las centrales sindicales y los gremios empresariales retomen el diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNT), un paso importante para la gobernanza democrática de las relaciones laborales en nuestro país. Mi Gobierno espera que, fruto de ese diálogo entre los gremios sindicales y empresariales, pronto podamos anunciar al país el incremento del sueldo mínimo vital (SMV), que mejore las condiciones de vida de nuestras trabajadoras y trabajadores”.

 

Al respecto, consideramos necesario hacer algunas precisiones. En principio, es cierto que el CNT ha retomado sus reuniones, pero para ver una agenda integral, que incluya temas prioritarios, tanto para empleadores como trabajadores. En ese sentido, se acordó poner en agenda la revisión de las normas sobre tercerización y negociaciones colectivas de trabajo, así como la revisión del SMV. No obstante, en ningún caso única ni exclusivamente este último tema, que, por lo demás, como es pertinente recordar, requiere previamente de la fijación de los parámetros y factores que deben ser considerados para efectos de su modificación.

 

Sobre el tema, la CCL considera que, para la fijación del SMV, deben manejarse, principalmente, conceptos como la inflación y la productividad de las empresas, así como niveles de oferta y demanda laboral, tasas de desempleo e informalidad. También es necesario poner en debate técnico la pertinencia o no de remuneraciones mínimas diferenciadas, según la actividad y las regiones donde operan los centros de trabajo, con lo cual se reduce el efecto negativo de su aplicación universal en todo el territorio nacional y se privilegia la realidad de cada zona. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la repercusión que tiene el SMV en otros conceptos de orden laboral, como los aportes a EsSalud, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y vacaciones, que implican una mayor carga para el empleador, por lo que no deben soslayarse al momento de fijar una nueva remuneración mínima.

 

En conclusión, estimamos que, antes de esperar el anuncio de un nuevo SMV, debemos esperar que, en el interior del CNT, se realice la determinación de los criterios técnicos necesarios para la fijación de dicho concepto, a fin de evitar, de este modo, el sesgo político que ha predominado en su establecimiento en los últimos años.

Tras conocerse el primer Mensaje de 28 de julio dado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, cabe preguntarse cómo ha sido tomado por los empresarios de los diferentes sectores del país.

En esa línea, los presidentes de parte de los gremios empresariales que conforman la Cámara de Comercio de Lima (CCL) analizaron el discurso presidencial y, además, brindaron sus propuestas de medidas para complementar lo mencionado por la mandataria en beneficio, siempre, del desarrollo del país.

ANTICORRUPCIÓN
El presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción, Hernán Lanzara, sostuvo que el mensaje presidencial hizo referencia al compromiso del Gobierno contra la lucha contra la corrupción, haciendo énfasis en que este se inició desde el Despacho Presidencial, desde donde se han tomado acciones en cuanto a su reorganización de la mano de una política de transparencia e idoneidad. En ese sentido, dijo que, si bien se destacaron ciertas garantías ejecutadas a la fecha, tales como la remoción de determinados funcionarios de entidades en cargos, la anulación de contrataciones públicas con ciertas irregularidades y la colaboración con investigaciones activas, es un proceso que aún no termina y requiere de esfuerzos continuos y coordinados.

“Además, destacamos el plan “Con Punche Gerentes”, para mejorar la gestión regional y la inversión pública, como garantía de ejecución y transparencia, y el anuncio de potenciar la meritocracia como base de la institucionalidad del Estado, en el contexto del impulso a la reactivación acelerada de nuestra economía”, remarcó. Al respecto, Lanzara precisó que es necesario seguir trabajando para evitar la designación de funcionarios públicos no calificados. Añadió que se necesitan realizar cambios profundos y reales a lo largo de las diversas entidades e instituciones del Estado para combatir la corrupción desde todas sus aristas.

“Por otro lado, se hizo referencia al proyecto de ley que modifica diversos artículos del Código Penal para fortalecer la lucha contra la corrupción dentro del sistema penitenciario, y mediante el cual se busca incorporar la figura del cohecho pasivo propio e impropio en el ejercicio de la función penitenciaria. Además, el proyecto de ley de fortalecimiento de la función de integridad en el sector público. Si bien son avances positivos en la materia, y se reconoce que la corrupción está presente en todos los niveles del Estado, es necesario mostrar de forma clara y evidente la voluntad política de garantizar estándares de debido proceso para evitar el mal uso de los recursos públicos y construir una cultura de integridad en el país”, anotó el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Agregó que también se debe reforzar el sistema de vigilancia ciudadana, a través del trabajo conjunto a nivel multisectorial.

 

De otro lado, Lanzara consideró que se requieren mayores detalles de cómo se va a ejecutar y gestionar lo anunciado en concreto en el marco de la propuesta política nacional de integridad. “Existe aún la necesidad de transparentar agendas y potenciar la Secretaría de Integridad Pública como entidad crucial en la lucha contra la corrupción. Finalmente, hacemos un llamado a la convocatoria de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, como un espacio clave de articulación y coordinación multisectorial”, acotó.

 

EDUCACIÓN
El presidente del Gremio de Educación de la CCL, Ramiro Salas, destacó que, dentro del discurso presidencial, se puede “catalogar de interesante” lo expresado sobre la incorporación del idioma inglés como un proyecto piloto para escolares desde los primeros años, así como la capacitación de los docentes en la enseñanza de esta lengua. Además, resaltó la profundización de la meritocracia en los docentes de la educación pública.

 

Salas indicó que, si bien se mencionó la incorporación de 10 640 plazas para el programa Beca 18, ese número es insuficiente, teniendo en cuenta la necesidad que existe en el país.

 

De otro lado, refirió que se ve “con mucha preocupación la ausencia en el Mensaje Presidencial de una política para la educación ocupacional, la cual es tan indispensable para el desarrollo del Perú”.

 

Asimismo, Salas señaló que, si bien se indicó en el discurso que se buscará un mayor acceso al Internet para algunos lugares del territorio nacional, lo cual es muy importante, hoy se requiere de un masivo acceso a la comunicación virtual totalmente relacionada con la educación.

 

“También debemos destacar nuestra preocupación por la educación temprana, donde se consolidan los valores y la identificación de la persona dotando a los niños de competencias básicas para su desarrollo futuro”, anotó Ramiro Salas.

 

SALUD
Para el presidente del Gremio de Salud de la CCL, Sandro Stapleton, si bien en el Mensaje a la Nación se enumeraron una lista de prioridades y hay que ser optimistas cuando un presidente propone cambios positivos en la salud, también hay que ser realistas y decir que no es el primer discurso lleno de promesas que un presidente hace en su discurso presidencial.

 

“Nos preocupa que las señales que han dado en sus primeros ocho meses no hayan sido positivas en gestión y administración de recursos. Esto principalmente se debe a que en el momento que ha elegido autoridades como al ministro de Salud y al presidente de EsSalud (que depende del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo), estos no han sido los mejores. Entonces, podemos ver que nos presenta una lista de temas prioritarios, pero que, lamentablemente, si no son desarrollados por gente capacitada, no se van a concretar y en un año seguiremos igual o peor. La gestión en salud no es fácil. No se puede poner a cualquier persona, sino que se debe poner a profesionales que conozcan del tema”, precisó.

 

Stapleton subrayó también que preocupa cómo se supervisarán los S/ 3 500 millones que se transferirán para destrabar los 57 proyectos de hospitales paralizados a nivel nacional, además de los S/ 7 000 millones para la construcción de nuevos hospitales y las 777 ambulancias para la red de atención prehospitalaria a nivel nacional. “Estaremos atentos a cómo se desarrolla. No podemos dejar de señalar que el mecanismo de gobierno a gobierno no ha garantizado que las cosas mejoren en el sector salud en los últimos diez años que se vienen realizando, porque el problema no termina con la construcción. Necesitamos buena gestión y que los recursos se sepan ejecutar”, manifestó.

 

MATERIA LABORAL
Para el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, Mario Pasco, teniendo en cuenta que solo hay una vía saludable y positiva para el problema laboral, y esa es la creación de empleo decente, es positivo que, en su Mensaje, la presidenta Boluarte haya anunciado que el gobierno presentará un plan integral de formalización el próximo mes de noviembre.

 

En esa línea, destacó que la CCL tiene ya desarrolladas propuestas específicas sobre la materia, la cual afronta como un reto permanente, por lo que tocará presentarlas y sustentarlas nuevamente, a efectos de que sean consideradas.

 

Mario Pasco refirió que Dina Boluarte también aludió a la reactivación del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), lo que es positivo. “Es sabido que el MTPE tiene dicha reactivación como prioridad, y tanto empleadores como trabajadores deben apoyar ese esfuerzo”, dijo.

 

Sin embargo, Mario Pasco indicó que reducir los efectos del diálogo al ajuste de la remuneración mínima vital significa una omisión severa, pues se deben tratar temas como el combate de la informalidad y la rectificación de los decretos supremos dictados durante 2022, “que dinamitaron, precisamente, el diálogo social”. “Los puestos de trabajo solo se crearán cuando nuestro país sea atractivo para la inversión, y esto solo ocurrirá cuando se ofrezca un entorno seguro y estable”, señaló.

 

Agregó que, en lo laboral, esto exige, antes que nada, desactivar proyectos de leyes abiertamente antiinversión, como los que viene aprobando la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, y por revertir una serie de pasos en falso dados en los últimos años. “Nada de esto fue tratado en el Mensaje Presidencial, pero es lo que marcará la discusión laboral durante los meses venideros”, advirtió.

 

CONSTRUCCIÓN
Para el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, Raúl Barrios, el discurso presidencial no fue positivo para su sector, teniendo en cuenta que no se mencionó cómo incentivar la inversión privada en dicha actividad y tampoco se hizo referencia a ningún proyecto minero que reactive la actividad privada de la construcción. “La presidenta se limitó a mencionar obras publicas ya ejecutadas y a enumerar obras que se ejecutarían a futuro”, dijo.

 

Entre las obras principales mencionadas estuvieron la carretera Central, ya en proceso; obras en los aeropuertos de Pucallpa, Pisco e Iquitos; y la construcción de seis hospitales a nivel nacional mediante la modalidad de acuerdos de gobierno a gobierno.

 

Raúl Barrios remarcó que realmente se esperaba la iniciativa del Ejecutivo de conformar un equipo de funcionarios que se dedicaran a destrabar la gran cantidad de obras paralizadas (aproximadamente 2 000), iniciativa propuesta por su gremio a las autoridades.

 

MATERIA TRIBUTARIA
Con respecto a lo señalado en el Mensaje Presidencial acerca de recaudar al cierre del año el 42 % de la deuda tributaria acumulada, ascendente a un poco más de S/ 9 000 millones, el presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, Leonardo López, indicó que es muy bueno que se fije esta meta. No obstante, dijo esperar que esta cifra corresponda a la deuda tributaria firme y susceptible de cobranza coactiva, y no a sumas que todavía son materia de controversias administrativas o judiciales.

 

“Más bien, sobre estas últimas (deudas tributarias que son materia de controversias administrativas o judiciales), insistimos en proponer la aprobación de un mecanismo que invite a los contribuyentes a pagar sus deudas tributarias litigiosas y a desistirse de sus procesos, a cambio de rebajas en lo que se refiere al cobro de intereses y sanciones”, mencionó.

 

Asimismo, Leonardo López consideró importante que se haya señalado en el discurso presidencial que, en noviembre del 2024, se presentará una propuesta de índole tributaria y laboral que buscará promover la formalización de los emprendedores.

 

“Este asunto es de suma importancia considerando que más del 70 % de la economía se mueve fuera de los márgenes de la formalidad, con más de cinco millones de trabajadores subempleados. Desde la CCL estamos a disposición del Poder Ejecutivo para preparar la mejor propuesta considerando los aportes que sobre el particular ha formulado”, resaltó el presidente de la Comisión Tributaria de la CCL.

 

Leonardo López agregó que hubiese sido interesante escuchar propuestas que tengan que ver con la utilización de instrumentos tributarios para promover la inversión privada (por ejemplo, el cash rebate para la producción audiovisual, el régimen tributario del cabotaje y el establecimiento de zonas francas estratégicas, entre otras).

 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Para el presidente del Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) de la CCL, Rodolfo Ojeda, si bien en el Mensaje de 28 de julio se dieron algunas medidas en favor de las pymes (pequeñas y medianas empresas), estas no son suficientes. En esa línea, explicó que en el caso de la anunciada ampliación de Reactiva Perú, no se tienen claras las condiciones con las que se aplicarían para las pymes.
Asimismo, consideró que el anunciado shock de compras públicas no será suficiente para lograr la meta de que Compras a MYPErú represente el 40 % del presupuesto nacional de compras. “Hay que comprometer a más instituciones del Estado para que puedan comprar a las pequeñas empresas y así reactivarlas. Y una vez que estas estén establecidas y constituidas y den oportunidad a otras pymes, pasen a ser exportadoras”, indicó Ojeda.

 

Además, con respecto al fortalecimiento del desarrollo empresarial de las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), en el que se señaló que a través del “Programa Nacional Tu Empresa” se busca constituir 30 0000 mypes al cierre del año, Rodolfo Ojeda indicó que se debe tener en cuenta que la constitución de este tipo de empresas se da a través de un proceso natural sin intervención del Estado.De otro lado, destacó la ausencia en el discurso presidencial de traer al país inversión externa, que es la fuente de constitución de las pequeñas empresas.
“El Estado debe fomentar que los inversionistas extranjeros vengan a invertir al país, ya que de esta manera se generarán más pymes y puestos de trabajo”, agregó el presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima.

El Perú está a puertas de una recesión técnica, es decir, una caída de su PBI por dos trimestres consecutivos, y con un crecimiento proyectado de apenas 1,4 % para el presente año. En tal coyuntura, lo que necesita el país es un shock de inversiones para mejorar su nivel de producción. Asimismo, el nivel de pobreza de 27,5 % de su población exige tasas de crecimiento de al menos 5 % anual para aspirar a reducir la pobreza a niveles de prepandemia antes de finales de la presente década.

 

A la fecha se proyecta una caída de 2,3 % de la inversión privada, el índice de confianza empresarial de cortísimo plazo se encuentra en el tramo pesimista desde hace 27 meses, y el consumo interno de cemento y de importación de maquinaria y equipo se han contraído en once y nueve de los doce últimos meses, respectivamente.

 

En tales circunstancias, los agentes económicos, incluida la Cámara de Comercio de Lima (CCL), esperábamos un mensaje presidencial distinto, desde el diagnóstico de los problemas macroeconómicos y más certero en las propuestas para superar las dificultades que vive el país.

 

Sí rescatamos del discurso el deslinde con la corrupción, la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, la paz social, la reforma política, la inversión en infraestructura física y social, la reactivación económica y el desarrollo regional.

 

 

Necesidades de empleo

Durante el 2022 se incorporaron 401 600 personas a la Población Económicamente Activa (PEA), mientras que el empleo formal creció en 239 824 puestos de trabajo. Es decir, en un año se generó un excedente de 161 776 personas, las que quedaron desempleadas o se incorporaron al mercado laboral informal. En la economía peruana se tiene alrededor de 13 400 000 trabajadores informales ocupados en un 80 % en los 5 500 000 negocios informales. Como puede verse, queda claro que no se crea suficiente empleo formal desde el sector privado.

 

Desde el Gobierno se promueven programas de empleo de corto plazo, como, por ejemplo, “Lurawi Perú”, que, según se indicó en el mensaje presidencial, ha financiado 151 000 empleos temporales con una transferencia de S/ 462 000 000.

 

La importancia de la inversión

En esa coyuntura, un shock de inversiones nos llevaría a crear más puestos de trabajo formales y dinamizar el PBI. No obstante, si el crecimiento se mantiene en 3 % al año, nos llevaría ocho años o más volver a los niveles de pobreza de prepandemia (20,2 %). Si crecemos 5 % o más por año, ese plazo se puede reducir a cinco años. El crecimiento, además, incrementa la recaudación tributaria, con lo cual se disponen de más recursos para financiar programas sociales que disminuyan aún más la pobreza.

 

La inversión pública también juega un rol importante y es necesaria su rápida ejecución. No obstante, al primer semestre del año, diez gobiernos regionales no llegaron a ejecutar ni el 20 % de su presupuesto de inversiones. Se trata de un hecho que se esperaba, tomando en cuenta que son autoridades recientemente elegidas. En ese sentido, resulta positivo el anuncio de potenciar el servicio civil peruano para atraer talento profesional y con capacidad de servicio. Al respecto, merece la pena mencionar que la Contraloría General informó que el Perú perdió más de S/ 24 000 millones por corrupción en el 2022 y que el 56 % de dicho total se concentró en los gobiernos regionales y municipales.

 

Cabe resaltar que la creación de la comisión multisectorial Vraem Productivo es una propuesta positiva, pues la infraestructura tiene un impacto positivo en el desarrollo regional. Al respecto, recientemente se aprobó la actualización del Plan Nacional Logístico, que reduce costos logísticos y mejora la competitividad regional. Su pronta implementación incrementará las posibilidades de producción de las regiones del país.

 

 

Remuneración Mínima Vital (RMV)

De otro lado, el anuncio de un incremento de la RMV como resultado del diálogo en el Consejo Nacional del Trabajo será difícil de llevar a la práctica. Dos son los principales determinantes de la RMV, la inflación y la productividad laboral. La primera viene decreciendo paulatinamente como respuesta a los incrementos consecutivos en la tasa de referencia por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la cual se encuentra en 7,75 %. Elevar la RMV va en dirección contraria al objetivo de la autoridad monetaria, pues tiene un impacto en los precios, y se estima que un incremento del 10 % en esta eleva en 0,7 puntos porcentuales la tasa de inflación tras doce meses. La prioridad es que baje la inflación y, con ello, las tasas de interés, para así impulsar la demanda interna.

 

Con respecto a la productividad laboral, el bajo crecimiento del PBI y su caída en algunos sectores productivos para el presente año conllevará a una caída de la productividad laboral en varios sectores económicos. En ese sentido, será muy difícil para las microempresas (es decir, el 95 % del universo empresarial del país) cumplir con algún incremento de la RMV.

 

Por el camino correcto

Después del mensaje presidencial, importantes proyectos de inversión se han ido anunciando en medios de comunicación. Dos proyectos en el marco de los acuerdos G2G, la carretera Amazonas-Loreto (Eje Vial N.° 4) y el destrabe de Chavimochic III, que se realizará bajo la modalidad de gobierno a gobierno (G2G). A la fecha, cuenta con cuatro países que han mostrado interés en participar (Japón, Hungría, Países Bajos y Canadá). Un tercer proyecto corresponde al nuevo aeropuerto del Vraem, a construirse en la provincia de La Convención.

 

En minería, los anuncios vienen con la confirmación de la construcción de los proyectos Reposición Antamina (Áncash), cuya inversión supera los US$ 1 604 millones, y la Ampliación Toromocho Fase II (Junín) por US$ 1 355 millones. Además, el optimismo de la compañía Southern Copper respecto a los avances en las conversaciones con las comunidades vecinas al proyecto Tía María, luego que en el 2019 el expresidente Pedro Castillo lo catalogara de inviable.

 

En la selva, los anuncios provienen de la empresa transnacional Honda, que ha decidido ampliar su planta de ensamblaje en Iquitos y reforzar nuevos procesos de producción para la elaboración de piezas, en lugar de importarlas de China y la India. Y, finalmente, al cierre de julio Proinversión adjudicó la línea de transmisión 500 kv Subestación Piura Nueva-Frontera, por una inversión de US$ 107 600 millones, bajo la modalidad de APP.

 

Muchos de los anuncios realizados durante el mensaje presidencial no podrán ser ejecutados en el presente año. Será importante conocer cómo se irán implementando y como se financiarán en el proyecto de Ley de Presupuesto y Ley de Endeudamiento del 2024, que deberá ser presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a fines de agosto.