Reunión de coordinación para establecer convenio interinstitucional

Con el fin de coordinar la suscripción de un convenio marco de cooperación interinstitucional para promover acciones de sensibilización y prevención relacionadas con el uso civil de armas de fuego, explosivos, productos pirotécnicos y demás materiales relacionados, así como brindar asistencia técnica y formalización del sector, se reunieron el pasado miércoles 24 de abril, representantes de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Así participaron en la referida suscripción el director institucional de la CCL, Carlos Posada; la presidenta del gremio de Servicios de la Cámara, Yolanda Torriani; el presidente del Sector de Importadores y Comerciantes de Productos Pirotécnicos de Uso Recreativo del Gremio de Servicios de la CCL, Juan Ricardo Piiroja; así como el gerente de la gerencia de políticas de la Sucamec, Carlos Díaz Quepuy; y la encargada de cooperación de la Sucamec, Sandra Rojas Ríos.

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Inauguración del hub de moda sostenible

El 30 de abril último, la presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la CCL, Yolanda Torriani; el jefe de la Cooperación de la Unión Europea en el Perú, Jerome Poussielgue;  y el gerente general de la Cámara de Comercio de Italia en Perú, Flavio Greiner; participaron en la inauguración del hub de moda sostenible en Gama Moda Plaza, punto de encuentro e innovación que reunirá a diversos actores de la industria textil, empresas, instituciones académicas y otros para promover la sostenibilidad en el área textil.

 I Mesa de Diálogo

El pasado jueves 2 de mayo, se realizó la I Mesa de Diálogo para generar sinergias y fortalecimiento de la actividad de corretaje y tratar sobre el Proyecto de Ley que modifica los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 9 de la «Ley de Creación del Registro de Agente Inmobiliario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento», cuyo objetivo sería fortalecer las funciones del agente inmobiliario, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de la propiedad inmueble.

Participaron en esta I Mesa de Diálogo, la presidenta del Sector de Bienes Raíces del Gremio de Servicios de la CCL, Lucy Mier y Terán; los representantes de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios (ASPAI) y de la Cámara de Agentes Inmobiliarios Registrados del Perú (CAIRP), Paul Casanova, e Iván Milla, respectivamente; la decana del Colegio de Agentes inmobiliarios del Perú (CAIP), Karina Cerna; el presidente de la Cámara Inmobiliaria Peruana (CIP), Augusto Peñaloza; el director de Net4House, Fernando Herrera;  y el representante de la  Asociación de Agentes y Brokers Inmobiliarios del Perú (Adain), Daniel Cárdenas.

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Las festividades de Halloween y el Día de la Canción Criolla tienen un significativo impacto económico en el Perú, debido a que impulsan la industria del entretenimiento, lo que genera ingresos considerables para el país. Así lo informó la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), quien destaca que la realización de numerosos megaconciertos y eventos de menor envergadura contribuyen al sector espectáculos y a la economía local.

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La entidad anunció que— entre el 31 de octubre y 1 de noviembre— se llevarán a cabo alrededor de 10 megaconciertos con una taquilla individual bruta mayor a S/ 360 mil. Aunque Lima será el epicentro de aproximadamente el 50% de estos eventos, las regiones del país también se suman a las celebraciones, especialmente en ciudades del norte, como Piura y Trujillo.

«Estos megaeventos no necesariamente tienen que guardar relación con el aforo del establecimiento, sino en el valor del ticket. Todo es en mérito de la propuesta empresarial, excepto en los estadios (como el Nacional o San Marcos) o las explanadas (como el Parque de la Exposición), donde por lo general son megaconciertos por la cantidad de público que congregan», explicó Marlon Castro, director de Clientes Especiales de Apdayc para el diario Gestión.

Los eventos más destacados tendrán lugar en la capital como el Reggaetón Lima Festival (en el estadio de San Marcos) y el Red Halloween (en el Club Cultural Lima), además de otros espectáculos en el sur de la ciudad.

En este contexto, Castro señaló que la mayoría de festividades de gran envergadura están relacionadas con la celebración de Halloween, mientras que las actividades de tamaño mediano y regular se centran en la celebración del Día de la Canción Criolla.

«Los que se orientan al Día de la Canción Criolla se realizan en las peñas. También hay activaciones específicas que se efectúan en las discotecas, así como las actividades que se dan en explanadas menores, que aunque significan un alto número en aforo, el tamaño del ticket no se proyectan para megaconciertos”, detalló.

Alrededor de 300 eventos a nivel nacional

En total, se esperan cerca de 300 eventos a lo largo del país entre hoy y mañana, dijo el representante de Apdayc. No obstante, informó que—hasta el momento—, el gremio ha reportado un total de 270 a nivel nacional entre megaconciertos, espectáculos regulares, etc.

“En cuanto a los espectáculos regulares y de menor envergadura, hay en lugares como Lurín, Chincha, Bellavista y Chiclayo, aunque no se ha cuantificado. También se observa un aumento en la cantidad de eventos que no entran en la categoría de megaconciertos, lo que sugiere un crecimiento en la oferta empresarial para espectáculos de menor escala», afirmó.

Empresarios temen restricciones municipales

Por otro lado, el vocero de Apdayc señaló qué la cifra de presentaciones para estas fechas podría haber sido mayor; sin embargo, varias actividades no se concretaron por temor a las restricciones municipales, lo que implica un riesgo económico para los empresarios.

«Hay promotores que han preferido abstenerse de participar este año en actividades alusivas a la fecha, por el riesgo de que sean clausurados a último momento», finalizó Marlon Castro.

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Rechazo a modificación de Ley de SPP

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) se manifestó en contra del Proyecto N.° 4200/2022-CR, que propone modificar la Ley del Sistema Privado de Pensiones (SPP), con el fin de autorizar a todos los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones a retirar hasta el 50% de sus fondos para la compra o amortización de un primer inmueble.

La CCL considera que esta propuesta desnaturaliza el fin provisional de la pensión. Asimismo, señala que la legislación vigente sobre el Sistema de Pensiones ya establece un beneficio que permite el retiro de hasta el 25% del fondo acumulado para pagar la cuota inicial de la compra del primer inmueble.

En contra de la libre disposición de montos depositados en SPOT

La CCL solicitó el archivamiento del Proyecto de Ley N.° 4117/2022-CR, que propone la liberación de los montos depositados en las cuentas de detracciones del IGV del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (SPOT), con el propósito de otorgar facilidades a las micro y pequeñas empresas (mypes).

La CCL manifestó que esta propuesta es innecesaria debido a que la Sunat tiene la facultad de disponer la liberación de fondos de cuentas de detracción, de acuerdo con determinados requerimientos. En tal sentido, recomienda realizar una evaluación al régimen de detracciones del IGV, a fin de formular mejoras sustantivas que permitan el acceso permanente de los contribuyentes a sus fondos de detracción.

Sugerencias a cambios de Ley de Contrataciones del Estado

La CCL expresó su opinión favorable al Proyecto de Ley N.° 4237/2022-CR, que propone modificar los artículos 7, 27, 32, 34, 36, 48 y la Décimo Octava Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, con el fin de agilizar los procesos de contratación pública.

Al respecto, la CCL expresa su concordancia con las modificaciones y brindó observaciones y sugerencias a incorporar en el proyecto de ley. Asimismo, advirtió que se tenga en consideración las deficiencias en relación con la Ley de Contrataciones vigente, tanto en su aplicación como formulación, ya que ha proporcionado espacios que han facilitado la corrupción. Asimismo, la CCL aportó sugerencias y observaciones del Proyecto de Ley a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

No a obligación de contratar a mayores de 65 que no gozan de pensión

La CCL manifestó su posición contraria respecto al Proyecto de Ley N.° 4161/2022- CR, que establece la obligación de contratar a mayores de 65 años que no gozan de pensión en un porcentaje no menor al 5% (sector público) o 3% (sector privado) bajo apercibimiento de sanción, debido a que carece de fundamento técnico y va en contra del derecho de contratación.

En efecto, el carácter obligatorio de esta iniciativa implica una lesión a la libertad de contratación consagrada en el art. 62 de la Constitución, lo cual puede afectar el libre desarrollo de las empresas. Asimismo, esta propuesta ocasiona que el Estado desatienda su obligación de dar condiciones para que las personas en edad de jubilación estén cubiertas por un régimen provisional y traslada a los empleadores la responsabilidad de su inacción.

En contra de creación de Zona Franca de Puno

La CCL manifestó su posición contraria respecto al Proyecto de Ley N.° 4183/2022- CR, que crea la Zona Franca comercial, industrial y tecnológica del Departamento de Puno y el Comité de Organización y Administración con autonomía administrativa, técnica, financiera y operativa, que estaría conformado por representantes del sector público y privado.

La CCL argumentó que esta iniciativa legislativa ignora o soslaya el hecho de que actualmente existe la Zona Económica Especial de Puno (ZEEDEPUNO), que goza de las mismas prerrogativas y beneficios planteados en el presente proyecto de ley. La diferencia es que esta sí se suscribe en un área de terreno debidamente delimitada, mientras que el proyecto de ley en mención considera como zona franca a las 13 provincias de la región, lo cual desnaturaliza completamente la figura de la zona franca.

No a la regulación de venta de entradas a eventos

La CCL expresó su opinión en contra respecto al Proyecto de Ley N.° 4277-2022- CR, que busca regular la venta de entradas mediante plataformas digitales a eventos de concurrencia masiva, con la finalidad de disuadir la comercialización de entradas falsas y reducir el número de estafas y reventa.

La CCL considera que las imposiciones planteadas en dicho proyecto de ley limitan el libre ejercicio de esta actividad empresarial y no tendrían el efecto deseado.

Cabe resaltar que las empresas de este sector ya vienen autorregulándose para salvaguardar el derecho de los consumidores, en concordancia con el Código de Protección y Defensa de Consumidor. De establecerse regulaciones uniformes, se limitaría la libertad de innovación e implementación de mejoras de seguridad en beneficio de los clientes.

No a la libre desafiliación de los aportantes del SPP

La entidad gremial pidió el archivamiento del Proyecto de Ley N.° 4379/2022-CR, que propone la desafiliación del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y el retiro de hasta el 70% del monto total de sus fondos, así como la transferencia del 30% restante. Así también, está en contra del Proyecto de Ley N.° 4378/2022-CR, que propone a los afiliados de una AFP retirar hasta el 70% del monto total de sus fondos para mitigar los efectos de la crisis económica.

La CCL señaló que, en ambos proyectos, se evidencia la ausencia de justificación técnica que sustente la viabilidad del retiro de los fondos previsionales o desafiliación del sistema. Asimismo, agregó que se puede observar que esta clase de propuestas desnaturalizan el propósito previsional de los fondos de pensiones y ponen en peligro el futuro de los aportantes, ya que el fin de dicho fondo consiste en cubrir la contingencia del cese del empleo.

Por otro lado, según la experiencia de otros países, como Chile, las mencionadas propuestas resultarían contraproducentes, debido a que acarrearían efectos negativos, como el incremento de la inflación, el aumento de las tasas de interés en los créditos, el deterioro fiscal, entre otros.

No al cambio de despido por rendimiento deficiente

La CCL expresó su posición contraria al Proyecto de Ley N.° 4071/2022-CR, que pretende modificar el Decreto Legislativo N.° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Actualmente, el referido decreto establece como motivos justos de despido los relacionados con la capacidad del trabajador, el rendimiento deficiente y la falta grave; mientras que la propuesta de ley propone eliminar como causa de despido el rendimiento deficiente.

Al respecto, la CCL señala que ambas causales de desvinculación laboral responden a situaciones distintas que ameritan un tratamiento técnico acorde a su naturaleza.

El 24 de junio del 2021 se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Ministerial N°079-2021-MINCETUR, la misma que se ocupa de aprobar el Protocolo Sanitario Sectorial ante la COVID-19 para eventos empresariales y profesionales en el marco del turismo de reuniones.

Esta resolución cobra especial relevancia en momentos en que gran parte del país se encuentra en plena etapa de reactivación con aforos que bordean el 50% de las instalaciones.

Protocolo de eventos

El protocolo comprende, en calidad de organizadores, a toda empresa, organismo u organización de naturaleza pública o privada que produce o gestiona actividades referidas al desarrollo de eventos empresariales como, por ejemplo, congresos y convenciones.

La resolución se ocupa de atender temas referidos a instalaciones y servicios, limpieza y desinfección, disposiciones aplicables al personal interno y externo, sensibilización y capacitación, servicios de alimentación, actividades previas, entre otros.

Para elaborar el protocolo interno de la empresa es recomendable considerar la presente resolución conjuntamente con las resoluciones N° 972-2020-MINSA que aprobara el Documento Técnico Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS – CoV-2° y el D. S. N°144-2021- PCM, con vigencia hasta el próximo 22 de agosto.

Después de esa fecha, habrá que revisar la norma que el Ejecutivo dictamine, ocupándose de nuevas disposiciones para el desarrollo de actividades económicas.

Sin duda, la puesta en marcha de actividades académicas y empresariales en recintos o complejos empresariales es una necesidad latente para el desarrollo de las actividades económicas, por lo que se hace necesario cumplir con las disposiciones reglamentarias previstas para dicho fin.

Actualmente existen más de 10.000 casos pendientes por resolver en materia tributaria, más de 4.100 expedientes en instancias de reclamación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y 4.300 en apelación del Tribunal Fiscal, además de casi 1.700 casos en fueros judiciales, incluyendo el Tribunal Constitucional.

Así lo informó la Asociación Contribuyentes por Respeto durante el webinar Justicia tributaria para impulsar la reactivación, evento organizado con la Cámara de Comercio de Lima (CCL) el pasado 1 de diciembre.

De esta manera, el presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, Leonardo López, comentó que el alto grado de conflictividad en materia tributaria obedece, principalmente, a la mala calidad de la norma tributaria, ya que es poco clara e imprecisa, y da lugar a múltiples interpretaciones.

Asimismo, indicó que quienes aplican la norma (auditores) no están preparados para aplicar el derecho, pues lo hacen con las limitaciones que corresponden a la formación que tienen. A ello se suma la justicia tributaria, que suele ser relativamente parcializada y costosa. Entonces, el sistema tributario termina desincentivando la formalidad en el país. “Hay una relación entre la baja calidad de la normativa tributaria y el que gran parte de la legislación proviene del Ejecutivo. Lo que viene de este normalmente no supone un debate y no hay transparencia”, añadió.

Mejorar la calidad de las normas

En ese sentido, López sugirió mejorar la calidad de las normas, y recalcó que es necesario que el Congreso recupere la facultad que le ha otorgado la Constitución de legislar en materia tributaria. De otro lado, para los reparos formulados por la Administración Tributaria se debería crear un proceso que los someta a consideración de abogados especialistas que manifiesten una opinión previa. Incluso, señaló que el Tribunal Fiscal debe salir del ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas y pasar al del Ministerio de Justicia.

También mencionó que la Sunat y los administradores tributarios no pueden seguir peleando contra el Estado. Así, las administraciones no deberían tener posibilidad de impugnar las resoluciones del Tribunal Fiscal cuando son favorables a los contribuyentes. Mientras tanto, el director de Contribuyente por Respeto, Raúl Odría, recalcó que la aplicación de la norma debería ser común pero no todos tienen la posibilidad de defenderse de la misma manera.

Aclaró que solo 80 contribuyentes aportan el 30% de toda la recaudación tributaria peruana y no es cierto que las grandes empresas no paguen impuestos, sino que ellas han tenido la opción de defenderse del procedimiento de fiscalización y tienen una forma particular de interpretar una norma tributaria.

“La deuda impugnada, hasta que no haya respuesta definitiva en el ámbito legislativo como en el Tribunal Fiscal, no debe considerarse como algo que la Sunat está dejando de cobrar”, aseveró.

Mayor transparencia

Para el ex jefe de la Sunat, Víctor Shiguiyama, litigar una acotación tributaria no debería ser un mecanismo para dejar de pagar tributos, puesto que hay contribuyentes que utilizan los litigios como estrategia para retrasar el pago de los mismos.

“Hay que tener un punto de equilibrio, se necesita garantizar el derecho de defensa y el derecho de justicia, que los contribuyentes puedan defenderse de cualquier arbitrariedad. En la medida que la determinación de los tributos sea sencilla se generará mas transparencia y se reducirá el conflicto”, explicó.

De igual manera, acotó que el costo de cumplimiento tiene que simplificarse y reducirse, y la transformación digital puede ser una oportunidad para ello, pero eso implica reescribir o reimaginar las políticas tributarias para que el cumplimiento, en el 95% de los casos, pueda ser automático. Además, precisó que se debería generar un sistema mucho más transparente para la gestión económica de las empresas y contribuyentes.

Sondeo de la CCL

Por otro lado, el presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, Leonardo López, presentó los resultados del sondeo realizado por La Cámara a 442 asociados (ver infografía). Al respecto, el 73,3% de los encuestados consideró que la Sunat no ha contribuido en la reactivación de las empresas.

En tanto, el 85% señaló que un mecanismo de pago de deudas inmediato (reduciendo multas e intereses) ayudaría a enfrentar la crisis actual. Dicho mecanismo, según el 86% de los consultados, debería incluir una rebaja del tributo de mediar pronto pago